Colectivos feministas de la Región alertan de la alta cifra de delitos sexuales sin denunciar

El colectivo +Mujeres remarca que «el hecho de que se haya dado este caso en el seno de un partido de izquierdas y feminista es el indicativo de hasta qué punto el machismo está extendido y normalizado». Este colectivo hace hincapié en que «las conductas de abuso patriarcal en el ámbito del poder se producen en muchas más ocasiones de las que salen a la luz» y advierte de que «solo estamos viendo la punta del iceberg».

La asociación de Mujeres Jóvenes de la Región (Mujomur) también asume la existencia aún de numerosos frenos a la hora de alzar la voz ante la violencia sexual. «Hay muchos motivos que provocan que una víctima no denuncie: miedo a no ser creídas, miedo a la victimización secundaria, miedo a ser cuestionada por el propio entorno, miedo al agresor...», argumenta su presidenta, Loola Pérez. «También hay otras razones, quizá menos correctas, pero que merecen atención: desconfianza en el sistema de justicia, afectividad hacia el agresor o el entorno, no poder demostrar la agresión al suceder en el entorno privado, dudar sobre lo ocurrido».

Esta organización subraya la importancia de seguir dando ese paso crucial. «Es importante que animemos a las víctimas a denunciar en el sistema de justicia, en los canales oficiales, solo desde ahí pueden ser protegidas y solo desde ahí se pueden evitar nuevas víctimas y procurar la reinserción del agresor». Pérez incide, además, en que aquellos casos en los que resulte complicado demostrar lo que ha ocurrido, «no deja de ser, cuanto menos urgente, poder trabajar lo sucedido en terapia, para que las víctimas puedan retomar, de nuevo, el control de su vida y lo que es una herida se convierta, con terapia, no con magia, en una cicatriz».

María José Partera, miembro de la junta directiva de FeMeS, insiste, por su parte, en la necesidad de que las empresas e instituciones pongan en marcha medidas contra el acoso sexual que realmente funcionen. «Por muchos protocolos que se implanten, si no hay profesionales detrás, no sirven para nada», remarca Partera, que asegura estar habituada a ver casos de acoso en múltiples ámbitos, sobre todo cuando existen niveles de jerarquía. «Ahora vemos lo que ocurrió en el 'caso Nevenka' y nos echamos las manos a la cabeza, pero eso, en 2024, sigue pasando», remarca. A raíz del 'caso Errejón', esta profesional asegura haber revisado los protocolos con los que cuentan las formaciones políticas para pararle los pies a este tipo de situaciones y advierte de que «dejan bastante que desear». Enfatiza que «si estos protocolos no se revisan y se hace una evolución de sus resultados, no sirven de nada».

Esta integrante de FeMeS hace hincapié, además, en que, a la hora de denunciar, las víctimas tropiezan con otro obstáculo. «Todo el mundo cuestiona a la víctima», explica. «La mayoría de la gente acaba cuestionándose a sí misma y sintiéndose culpable». En este sentido, incide en la necesidad de que se dote de una mejor formación en esta materia al personal judicial y a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Denuncia, además, que en los últimos años se han retirado numerosas subvenciones públicas a instituciones que apoyaban a las víctimas antes de que diesen el paso de denunciar.

Partera quiere incidir, además, en el impacto que tienen en las víctimas algunas decisiones judiciales, como el acuerdo de conformidad que permitió que los empresarios que asumieron haber tenido sexo con menores de edad se librasen de pisar la cárcel en Murcia. «Con esa resoluciones, estás dando el mensaje a la sociedad de que estos hombres tienen impunidad, de que existe un derecho de pernada», lamenta.

Luisa Guinea, integrante del colectivo No Te Prives, considera que el 'caso Errejón', además de conmocionar a la sociedad, ha puesto sobre la mesa un problema que todavía se encuentra en su mayoría oculto y al que hay que hacer frente. «Lo de la violencia y el acoso sexual de hombres hacia mujeres es un problema transversal. Existe en partidos políticos, en empresas, en familias...», remarca. «Las que denuncian son una minoría. La mayoría de mujeres no denuncia».

Guinea apunta a la necesidad de un «gran diálogo social» para reflexionar sobre las carencias que aún subsisten en la sociedad ante esta batalla. «A pesar de las leyes que se aprueban, se sigue matando a las mujeres, sigue habiendo violaciones en grupo, sigue habiendo acoso...». La integrante de No Te Prives remarca que este es «un problema muy profundo». Para plantarle cara, insiste en la necesidad de trabajar en la educación de los más jóvenes con cursos obligatorios en colegios e institutos en los que se trabaje la igualdad. «Aparte del diálogo social y de la educación, emocional y sexual sana», propone la creación de «espacios de acogida» para las víctimas.

La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca explica que la decisión de denunciar se ve afectada por varios factores, entre los que destacan el miedo y la vergüenza. «La falta de confianza en las instituciones y el temor a ser juzgadas o culpabilizadas suelen ser barreras significativas», lamentan. «A esto se suma el miedo a represalias, como el acoso, la violencia o la pérdida del empleo, que mantiene a muchas personas en silencio». Su presidenta, Pilar Fernández, hace hincapié, además, en la necesidad de acabar con la «cultura de la violación, que minimiza la gravedad de las agresiones sexuales y tiende a culpar a las víctimas». Subraya, asimismo, que «la confianza de las mujeres en las instituciones es un aspecto fundamental para fomentar las denuncias».

El colectivo +Mujeres incide en que, desde las instituciones, se debe mejorar la formación de Policía y operadores jurídicos que trabajan en estos casos; y «gestionar la coordinación institucional para que no falle nada».

Pese a las reticencias que, aseguran las organizaciones feministas, siguen existiendo a la hora de poner sobre la mesa estos casos, la violencia sexual ha continuado este año una escalada creciente que parece no encontrar techo. Solo en los seis primeros meses de este año los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han recibido en la Región hasta 388 denuncias por delitos sexuales, según la estadística que maneja el Ministerio de Interior. La cifra supone ya dos casos de media cada día y revela un incremento de hasta un 21,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

El repunte es algo menos acentuado en el caso de las violaciones, que crecieron un 11,5%. Los investigadores de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía llegaron a contabilizar, no obstante, hasta 58 agresiones sexuales con penetración en la Comunidad en solo seis meses. La Región fue la cuarta comunidad en la que más aumentaron las denuncias por delitos sexuales, solo superada por Extremadura, Canarias y País Vasco. El resto de delitos sexuales (330) crecieron un 23,1%, conforme a los datos de Interior.

La cifra de diligencias instruidas el pasado año por la Fiscalía por delitos sexuales cometidos por adultos se redujo levemente. Fueron 1.391 casos frente a los 1.450 que llegaron a manos de estos profesionales en 2022. A lo largo del pasado año, sin embargo, se denunciaron hasta 951 agresiones sexuales, prácticamente una media de dos diarias. Esta categoría delictiva, que alcanzó un mayor peso en base a la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la 'ley del solo sí es sí', aumentó un 65% en ese ejercicio. Los abusos sexuales, por su parte, se redujeron de 472 en 2022 a 105 el pasado año.

El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, ya aludió el pasado año, en la presentación de la memoria del organismo, a la cifra de adolescentes enjuiciados por delitos sexuales, que prácticamente se había duplicado en el último ejercicio. Advirtió de que están llegando casos de víctimas menores de 14 años y de agresores que, al no haber superado los 13 años, son inimputables.