Aprueban el proyecto para el derribo de la peña huertana de Javalí Nuevo, en Murcia
El Consistorio ejecutará de manera subisdiaria la demolición del edificio, ubicado en zona verde, con un coste estimado de alrededor de 50.000 euros
El procedimiento para el derribo del centro social de la peña huertana La Contraparada, de Javalí Nuevo, sigue cubriendo etapas. Así, la Junta de Gobierno ... del Ayuntamiento de Murcia aprobó en su reunión del 3 de mayo el proyecto para la demolición del inmueble, ubicado en el jardín Diego Manzano López de esta pedanía, por un importe de casi 50.000 euros. En principio, dicha actuación tiene carácter subsidiario, por lo que, una vez ejecutada, se deberá repercutir a esta asociación folclórica el coste de los trabajos.
Por ahora, el Consistorio no facilita plazos para la contratación y ejecución del derribo, el cual debe acometerse en cumplimiento de una decisión judicial. Más de una década ha pasado ya desde que el polémico caso de la ocupación de terrenos públicos por parte de esta peña huertana para construir su sede llegara a los tribunales, primero a la jurisdicción Penal y después a la Contencioso-Administrativa. Los orígenes del caso se remontan a 2009, siendo alcalde el popular Miguel Ángel Cámara, cuando su equipo de gobierno cedió sin contraprestación alguna a las peñas huertanas terrenos municipales para que pudieran seguir realizando su labor cultural.
En este caso concreto, el destinatario de la parcela fue el Grupo de Coros y Danzas Virgen de la Antigua de la peña La Contraparada, que hizo uso de los terrenos aledaños destinados a zona verde para levantar el inmueble, excediendo los límites fijados. En 2017 la Junta de Gobierno, presidida por José Ballesta, al comprobar que se habían incumplido los acuerdos de la cesión, acordó revocarla, decisión que fue objeto de recurso contencioso-administrativo, desestimado en mayo de 2018 por un juzgado y en 2019 por el TSJ.
Con fecha 25 de noviembre de 2021 el Servicio de Patrimonio, ya bajo el gobierno del socialista José Antonio Serrano, dirigió un oficio a este grupo, dándole dos meses para acometer la demolición. Ante este incumplimiento, se formuló un nuevo ultimátum en junio de 2022,reiterado en noviembre de 2023, aún sin ejecutar.
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