El Consistorio de Murcia vuelve a instar al derribo de la peña La Contraparada tras no ejecutarlo hace un año

Asegura el Ayuntamiento que esta vez sí –a la tercera– irá la vencida y que, tras un nuevo requerimiento a sus promotores, aprobado por la Junta de Gobierno hace casi dos semanas, el inmueble será derribado. Sin embargo, los antecedentes históricos llaman a la prudencia antes de darlo por hecho. Y es que, sin ir más lejos, lo mismo se afirmó hace más de un año, cuando se dio un mes de plazo a sus responsables para acometer demolición del edificio, bajo amenaza de ejecución subsidiaria. Pero finalmente, no se consumó ni una ni otra opción, devolviendo el asunto al mismo punto.

Más de una década ha pasado ya desde el polémico caso de la ocupación de terrenos públicos por parte de esta entidad para construir su sede llegara a los tribunales, primero a la jurisdicción Penal y después a la de Lo Contencioso-Administrativo. Los orígenes del caso se remontan a 2009, siendo alcalde el popular Miguel Ángel Cámara, cuando su equipo de gobierno cedió en precario –y por tanto, sin contraprestación alguna– a las peñas huertanas terrenos municipales para que pudieran seguir realizando su labor cultural, según indicaban hace un año desde el Consistorio. En este caso concreto, el destinatario de la cesión de esta parcela, ubicada en el jardín Diego Manzano de la pedanía, fue el Grupo de Coros y Danzas Virgen de la Antigua de la peña La Contraparada, que, según se constató, hizo uso de los terrenos aledaños destinados a zona verde para levantar el inmueble, excediendo los límites fijados.

Ya en 2017 la Junta de Gobierno, presidida por el también popular José Ballesta, al comprobar que se habían incumplido los acuerdos de la cesión, acordó revocarla, decisión que fue objeto de recurso contencioso-administrativo, desestimado en mayo de 2018 por un juzgado de Lo Contencioso y en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ).

Con fecha 25 de noviembre de 2021 el Servicio de Patrimonio, ya bajo el gobierno del socialista José Antonio Serrano, dirigió un oficio a este grupo de coros y danzas, requiriéndole que en el plazo de dos meses procediese a la demolición de lo construido. Ante este incumplimiento, se formuló un nuevo ultimátum en junio del año pasado, advirtiendo de que, en caso contrario, se iniciaría en el plazo de un mes el procedimiento de ejecución subsidiaria de las obras de derribo, cuantificadas en unos 50.000 euros.

Sorprendente resulta, para el que no haya hecho seguimiento del proceso, que el gobierno municipal haya tenido que solicitar, por tercera vez en dos años, el restablecimiento de una legalidad que podría hecho cumplir durante este periodo por sus propios medios. Señala la reciente resolución aprobada por la Junta de Gobierno que se da así «continuación al procedimiento de ejecución subsidiaria» y que, «a la vista de la variación del presupuesto», requiere nuevamente a la Peña para que «proceda a la demolición de las construcciones realizadas en terrenos municipales, con la restitución de la finca a su estado original». Asegura a LA VERDAD la actual edil de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, que se trata de un «caso flagrante» al que se dará solución definitiva, a más tardar, a principios del año próximo .

LA VERDAD ha intentado de nuevo ponerse en contacto con el presidente de la peña, Patricio Barquero, sin éxito. Queda por ver si el contador de la justicia material se pone en este caso a cero o si sigue corriendo a la espera de que alguien lo pare.