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Un ciclista pasa ante el edificio de la sede de La Contraparada en Javalí Nuevo, en una foto de archivo. guillermo carión / agm

La peña La Contraparada de Murcia tiene un mes para derribar su sede por ocupación ilegal de terrenos

Esta asociación huertana ocupó más terrenos que los cedidos por el Consistorio para construir su centro social

Pilar Benito

Murcia

Viernes, 24 de junio 2022, 12:39

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Han pasado casi diez años desde que el polémico caso de la ocupación de terrenos públicos no cedidos por parte de la Peña huertana La Contraparada, de la pedanía murciana de Javalí Nuevo, para construir su nueva sede llegó a los juzgados. Este viernes, tras ganar el Ayuntamiento de Murcia todos los recursos presentados por la peña ante los requerimientos para su demolición, la Junta de Gobierno acordó darle un mes de plazo para que ejecute la orden.

Si no lo hace, el Consistorio lo realizará de forma subsidiaria y luego le pasará la factura: unos 50.000 euros. La peña huertana, además, deberá restituir el solar a su estado original.

El caso se remonta al año 2009, siendo alcalde el popular Miguel Ángel Cámara, cuando su equipo de gobierno cedió en precario a las peñas huertanas terrenos municipales para que pudieran seguir realizando su labor cultural, según explicó la portavoz del ejecutivo, Paqui Pérez, durante su comparecencia de este viernes para explicar la decisión de la Junta.

Recordó que la cesión fue al Grupo de Coros y Danzas 'Virgen de la Antigua' de la Peña La Contraparada y que esta, al construir el edificio, había hecho uso de los terrenos aledaños destinados a zona vede. Con ello se excedió de los límites de la parcela cedida en esas fechas por el Ayuntamiento. Ya en 2017 la Junta de Gobierno, presidida por el también popular José Ballesta, al comprobar que se habían incumplido los acuerdos de la cesión, acordó revocarla, añadió Pérez.

Esta resolución fue objeto de recurso contencioso administrativo, siendo desestimado en mayo de 2018. Posteriormente la sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia pero también fue desestimada en noviembre de 2019.

Con fecha 25 de noviembre de 2021 el Servicio de Patrimonio dirigió un oficio al Grupo de Coros y Danzas Virgen de la Antigua, requiriéndole para que en el plazo de dos meses procediese a la demolición de lo construido. La portavoz indicó que el no haberlo realizado a día de hoy ha motivado el ultimátum y al inicio del procedimiento para la ejecución subsidiaria de las obras de derribo de la sede.

El edificio se encuentra ubicado en zona de jardín situado en las esquinas de las calles Real y Constitución de la pedanía de Javalí Nuevo. La planta baja tiene una superficie construída de 343,10 metros cuadrados y la primera planta de 89 metros cuadrados, lo que hace un total de 432,10 metros cuadrados, según la información municipal.

Este periódico intentó contactar este viernes con el presidente de la peña huertana, Patricio Barquero, pero no fue posible.

La cesión en precario realizada por el Ayuntamiento permitía el uso del terreno sin contraprestación alguna, sin contrato y sin pagar renta. En el caso de la peña de Javalí Nuevo en la finca otorgada en el jardín Diego Manzano, de un total de 818 metros cuadrados, el PGOU solo autorizaba plantar arbolado y flores y montar instalaciones deportivas al descubierto, que ocupen un máximo del 10% de la superficie total del jardín. También se permitía pequeñas construcciones, como quioscos de periódicos, golosinas o bebidas no alcohólicas.

Apertura de diligencias

Fue en 2013 cuando el Ministerio Fiscal decidió abrir diligencias raíz de una denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia. Los concejales del PSOE, con su portavoz, Pedro López a la cabeza, consideraban que el edificio de dos plantas que había levantado la peña huertana en la mitad dl jardín vulneraba la legislación urbanística.

En abril del año siguiente, el presidente de la peña huertana, Patricio Barquero, acudió a declarar como imputado por un presunto delito urbanístico (contra la ordenación del territorio) y por prevaricación administrativa, si bien el auto imputación había sido recurrido previamente por su abogado, por lo que optó por no dar explicaciones.

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