Los recortes de Bruselas ponen contra las cuerdas a la flota de arrastre de Cartagena

Diciembre suele ser un buen mes para los pescadores de la Región agrupados en las cofradías de San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas. O lo era. Porque en este declinante 2024 las malas noticias que reciben un día sí y otro también desde Bruselas y Madrid no las compensan los recobrados precios del pescado y el marisco que acabarán en las mesas navideñas. Escudada en razones medioambientales, la Comisión Europea insiste en dejar en 27 días de trabajo para el año que viene los 145 que, en el mejor de los casos, han tenido éste. «Y así, como cualquiera puede comprender, es imposible mantenerse. Están jugando con el pan de nuestros hijos con la dichosa Agenda 2030. Van contra nuestro sector primario», protesta el patrón mayor de Cartagena y presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro.

La Comisión basa su propuesta en datos del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesquerías (STECF), una organización que recapitula las capturas del sector y cuyos cómputos rechazan las cofradías por entender que son erróneos y, a veces, malinterpretados por quienes deciden la política pesquera desde enmoquetados despachos de interior. Los pescadores murcianos aseguran que ni superan las cuotas anuales ni esquilman los fondos. Y como prueba de autorregulación y del buen estado de los caladeros tras los últimos paros biológicos, Navarro esgrime datos propios que atestiguan un aumento en las capturas de gamba, salmonete y bacaladilla este año: «Que hagan estudios biológicos y comprobarán lo que decimos».

Pero ni por esas. La pesca de arrastre del Mediterráneo lleva años sentenciada por las autoridades reguladoras alegando daños ambientales. Los cambios de redes son continuos para salvar 'pezqueñines' cada vez más grandes. Y las inspecciones a bordo y en tierra por parte de técnicos y biólogos de las administraciones embarcados incluso en patrulleras de la Armada se suceden sin tregua. Ahora quieren imponerles el uso de unas puertas de arrastre cuya instalación costaría unos cien mil euros a cada barco. Ruina, dicen. José Julián Martínez ironiza con que para ejercer de médico hay que estudiar menos que para ser pescador, a tenor de los continuos cambios normativos que deben conocer como el padrenuestro, la tramitación de continuos permisos y el relleno de boletines obligatorios antes de hacerse a la mar. «Y no te quedes sin internet para hacer todos esos trámites porque estás perdido. Sanción al canto», advierte Antonio Segura, armador del 'Nuevo Menesteo' y vicepatrón mayor de Cartagena.

Ante tantas y cambiantes exigencias administrativas, los pescadores tratan de cumplir. Pero cuando fallan pagan cada infracción con multas, días sin faenar y recortes de ayudas. José Julián Martínez reconoce que a él hace tiempo que no le cuadran las cuentas y de sus barcos comen seis familias, incluida la suya. «No ganamos un duro», lamenta este pescador de cincuenta años cuya ilusión es que ninguno de sus hijos herede el oficio que inició su tatarabuelo.

Mientras las autoridades europeas se ponen exigentes con sus pescadores, las crecientes flotas norteafricanas explotan los caladeros de la otra orilla del Mediterráneo sin limitaciones ambientales. Y de Marruecos al mercado español llegan peces y moluscos cuya captura aquí está prohibida por falta de talla, denuncian las cofradías. «Parece que quieren que comamos pescado de Marruecos y de piscifactoría. Así que aquí hay cada vez menos barcos. Porque, además, ¿a qué empresa le dicen que solo tiene 27 días al año para trabajar?», se queja Segura. Él también es de lo que cree que, si no hay pronto un golpe de timón, la Cofradía de Pescadores de Cartagena, su flota y la lonja tienen los días contados.

Cualquiera que lleve tiempo sin pasar por el puerto de Santa Lucía a la hora de la subasta se percatará de que la actividad ha menguado considerablemente en los últimos años. Las restricciones biológicas, la falta de futuro y las compensaciones económicas por desguazar han reducido la flota a un tercio en pocos años. En la Región, que llegó a tener ochenta arrastreros en sus buenos tiempos, quedan veintidós: nueve en Águilas, siete en Cartagena, cinco en Mazarrón y uno en San Pedro del Pinatar.

Como gota china, las malas noticias no cesan ni en diciembre. La última restricción llegó este mismo miércoles: las limitaciones impuestas a la pesquería de la gamba roja en los principales caladeros nacionales. Inicialmente fue prohibida al haberse agotado el cupo anual, pero la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación rectificó en pocas horas su propia resolución ante las presiones de cofradías de toda España.

«No se ha visto nada igual en la vida», según el vicepatrón, en referencia a las fechas tan señaladas elegidas por el Gobierno para tomar una decisión de tal calado para el sector. Y Segura ofrece una información clave para el futuro: los siete arrastreros de Cartagena son el motor de una cofradía que no podría mantenerse con la actividad de los barcos pequeños. Facturan en torno al 80% del total. Si desaparecen, el gremio se va a pique.

«En ocho o diez años, aquí no queda nada», afirma Felipe Ruiz, marinero de 29 años que se gana la vida en una piscifactoría. Mientras apura un quinto de cerveza en animada charla con su primo José Domingo Cabrera en la cantina de la cofradía, cuenta que es hijo de un pescador, que es un oficio «bonito» y a él le gusta, pero un día decidió buscarse un trabajo estable escapando de las cada vez más frecuentes semanas en las que no se llega ni a los doscientos euros de salario. «¿Quién se sostiene con eso?», pregunta conociendo de antemano la respuesta. Su primo, marinero titulado que nunca llegó a ejercer, escruta a tres inmigrantes africanos que cruzan la nave de la lonja tirando de un carro con sacas de hielo: «Desgraciadamente, este trabajo solo lo quieren ahora los 'morenos'. Pero es que no da para vivir. Aquí solo ganan dinero los intermediarios, los de las subastas». En uno de los barrios más marineros de la Región, Santa Lucía, los pescadores en activo se cuentan con los dedos de las manos. Ellos mismos se sienten sentenciados.

A las autoridades comunitarias les preocupa el estado ambiental de los caladeros donde faenan las flotas de arrastre del Mediterráneo. Y a los pescadores les irrita que la Comisión Europea y, sobre todo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no tomen decisiones, según ellos, con información actualizada sobre el estado de los recursos pesqueros.

El presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pesca y patrón mayor de Cartagena, Bartolomé Navarro, insiste en que las Administraciones deben recurrir a los científicos de instituciones como el Instituto Español de Oceanografía para evaluar permanentemente el estado de los caladeros. Los pescadores sostienen que los frecuentes paros biológicos tienen como efecto positivo la recuperación de especies muy comunes en las costas mediterráneas, como la bacaladilla, el salmonete y la gamba Además, Navarro reclama en que cualquier decisión sobre el sector vaya acompañada de una evaluación socieconómica de los efectos de los recortes que propone Bruselas.

En ese contexto, comunidades como la Región de Murcia exigen al departamento que dirige el ministro Luis Planas que proporcione al sector ayudas para cubrir totalmente las inversiones que desde la Comisión Europea demandan a los pescadores, como el uso de redes menos tupidas que las actuales o el cambio de las puertas de arrastre por otras nuevas menos agresivas con los fondos marinos. También, que la flota de arrastre no pierda más días de faena.

La paulatina pérdida de músculo del gremio de pescadores contribuye negativamente a la identidad de uno de los barrios más castizos de Cartagena, el de Santa Lucía, habitado desde tiempo inmemorial por marineros, pescadores y trabajadores portuarios. Los vecinos de la Isla, como es conocido popularmente el lugar en el que la tradición sitúa la llegada del apóstol Santiago a la península en tiempos remotos, viven ahora de otras actividades. La población inmigrante es cada vez más numerosa y bastantes de sus miembros comen del campo y no de la mar, sostiene Francisco Sánchez, abordado en la puerta del centro de salud, que tiene vistas a los muelles.

Aun así, los pocos restaurantes de Cartagena especializados en los productos del mar se ubican en el barrio. También varias de las tiendas y almacenes de efectos navales que sirven a los pesqueros y a las empresas del sector. En breve tiene previsto abrir una tienda de náutica en el Paseo del Muelle.