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Votación de un punto del Pleno, por parte de los concejales distribuidos en la zona del público para respetar ayer el distanciamiento social.

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Votación de un punto del Pleno, por parte de los concejales distribuidos en la zona del público para respetar ayer el distanciamiento social. PABLO SÁNCHEZ / AGM

Investigan si FCC eludió el pago de 600.000 euros en tasas del vertedero de El Gorguel

El Ayuntamiento reúne indicios de que su socio en Lhicarsa usó vehículos públicos y no declaró el depósito de nueve mil toneladas de basura de sus contratos privados

Viernes, 26 de junio 2020, 01:41

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El Organismo de Gestión Recaudatoria del Ayuntamiento de Cartagena ha abierto una investigación para aclarar si la empresa FCC eludió durante los últimos años el pago de 600.000 euros en tasas por el uso privado del vertedero de basuras de El Gorguel, que ella misma gestiona como socia de la empresa municipal de limpieza Lhicarsa. Allí habría echado sin declarar 9.000 toneladas de residuos recogidas por FCC Medio Ambiente en distintas empresas a las que trabaja en la zona de Cartagena. Además, habría utilizado para esos servicios particulares camiones que pertenecen al Ayuntamiento.

Así lo destacan los primeros informes de la auditoria que los servicios de inspección municipales elaboraron para uso de los miembros de la Corporación que forman parte del consejo de administración de Lhicarsa. Este órgano se reunió el pasado 2 de junio para aprobar las cuentas de 2019 de esa empresa, en la que son socios el Ayuntamiento y FCC. Pero no se cumplió tal propósito por «discrepancias» tanto en las cifras como en la prestación de servicios, dijo entonces la presidenta del consejo y alcaldesa, Ana Belén Castejón.

No al veto a la ZAL de Murcia para favorecer a la de Cartagena

El Pleno municipal rechazó con los 15 votos del equipo de gobierno la petición de MC de que vetar la zona de actividades logísticas (ZAL) prevista en Murcia para favorecer así la que está previsto construir en el Polígono Industrial de Los Camachos. Esta moción generó un encendido debate entre el portavoz de MC, José López, y el teniente de alcalde, Manuel Padín. Este último indicó que él es el primer interesado en que el proyecto cartagenero salga adelante, pero no a costa de fastidiar el de Murcia. «En esto, yo he trabajado desde que estaba en la oposición como una hormiguita», indicó. López consideró que eso no es suficiente. «Si se compara usted con uno de esos insectos es más adecuado que lo haga con las termitas», le espetó.

A preguntas del portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez Gallo, la concejal de Infraestructuras, María Casajús, admitió en el Pleno de ayer las discrepancias con FCC. Las conclusiones de las últimas auditorías de ambos socios sobre Lhicarsa no coinciden. Aseguró que este asunto también está en manos de los letrados municipales y del Servicio de Contratación para que analicen qué efectos tiene en el acuerdo vigente hasta el año 2045.

Las supuestas anomalías fueron descubiertas durante la fiscalización de los medios técnicos que FCC aporta a Lhicarsa y paga el Ayuntamiento. Los técnicos comprobaron que siete camiones de basura municipales que la empresa ofreció dar de baja por viejos en noviembre de 2015 (FCC no obtuvo respuesta entonces) siguen en activo, aunque no para realizar trabajos públicos.

Dichos vehículos no figuran desde hace meses en los partes de trabajo que se elaboran a diario con la justificación de medios técnicos y humanos de Lhicarsa. Sin embargo, sí que aparecen en los registros de entrada del vertedero con carga. Los inspectores municipales han comprobado que a casi todos ellos les borraron la rotulación del Ayuntamiento. Según fuentes vinculadas a la investigación, uno accede habitualmente al Arsenal y otros también han sido detectados recogiendo basura en industrias de Escombreras y en una cadena de supermercados que tiene contrato con la división de Medio Ambiente de FCC.

Ninguno de esos servicios ha generado ingresos en las arcas municipales por el pago de las tasas correspondientes. El cálculo realizado indica que la cantidad introducida sin permiso en El Gorguel hasta la fecha por este procedimiento se elevaría a 9.000 toneladas. Equivale a unos 600.000 euros que deberían figurar como ingresos del servicio. El uso de medios municipales para la prestación de trabajos privados es otro asunto a aclarar.

Castejón se levantó de la mesa el pasado día 2 de junio pero emplazó a los representantes de FCC a que den explicaciones de lo sucedido para despejar cualquier tipo de sospecha. Todavía no se ha convocado ninguna nueva reunión para ello.

Apoyo a declarar la pesca de almadraba como BIC inmaterial

MC sacó adelante su petición de que las artes pesqueras de la almadraba, que se llevan a cabo artesanalmente en La Azohía, reciban la calificación de Bien de Interés Cultural de tipo inmaterial. La propuesta consiguió el apoyo del resto de grupos. En la iniciativa se establece la alternativa de que pueda quedar amparada por algún otro tipo de figura de protección para que no desaparezca. Otras mociones aprobadas fueron la de la reunión del Consejo Asesor de Comercio, el próximo 7 de julio; y la de reactivación del Consejo de Turismo. También recibió el visto bueno la petición de amparo de otras administraciones para que los Servicios Sociales gestionen la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, que podría suponer un coste de 1,8 millones.

Faltan barrenderos

Esta investigación de posibles irregularidades no es la primera en la que los técnicos municipales ponen de manifiesto supuestos desfases entre el servicio que se presta y el que está contratado. En 2017, un informe ya estableció que faltaban una veintena de barrenderos en las calles de todo el municipio. Castejón indicó el día 2 que ese extremo seguía sin ser aclarado por la empresa. Además, en los últimos años ha habido también considerables discrepancias sobre la valoración de los ingresos obtenidos por la venta de subproductos del reciclaje en la planta de El Gorguel.

Pero lo más importante para Castejón desde que es alcaldesa son las quejas reiteradas sobre lo sucias que están las calles, algo que ella misma ha admitido. FCC cobra alrededor de 35 millones de euros anuales por todos sus servicios.

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