La Audiencia Nacional suspende el desalojo de dos casas en primera línea de Cabo de Palos
Costas estudia si recurre la orden de aplazar el trámite urgente previo al derribo de los inmuebles, que invaden el dominio público costero
La familia Luque ganó este viernes una primera batalla, pero no la guerra, contra el derribo de dos viviendas frente a la playa de Levante de Cabo de Palos, gracias a que la Audiencia Nacional dictó un auto de suspensión cautelar del desalojo ordenado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Los inmuebles forman parte de las 15 casas que ocupan el dominio público, por su cercanía a la orilla del Mediterráneo, pero los propietarios esperan que la Administración del Estado les dé una tregua y admita que tienen una concesión pendiente de una renovación que ellos han pedido.
Se trata de los números 37 y 39 de la carretera Subida al Faro de Cabo de Palos, propiedad de José Antonio y José Luque, que son tío y sobrino respectivamente. Ambos pertenecen a una saga que posee esos terrenos desde 1860 y tiene allí, desde 1952, una finca dividida en dos propiedades. Un recurso de los abogados Vicente Pérez Pardo y Andrés Galán, presentado el pasado jueves, dio lugar, esa tarde, a un escrito de la Audiencia. En él, estima las dudas de los dos letrados sobre la urgencia del desalojo, dado además que los inquilinos no tienen otra vivienda en propiedad a la que mudarse.
Dos funcionarios de la Demarcación de Costas acudieron este viernes a las once de la mañana, como estaba previsto, a levantar acta del desalojo y pedir las llaves de los inmuebles. Tras darles los abogados una copia del auto, decidieron marcharse. El documento se hace eco de la resolución del Miteco, que el 11 de noviembre de 2020 «declaró extinguida la concesión administrativa otorgada en 1951 para la construcción de las dos viviendas». También menciona que los recurrentes dicen que eso no se les comunicó. A continuación, el tribunal aplica el artículo 130.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que dice que la medida cautelar, en este caso un desalojo, «podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de terceros». Y da tres días al Ministerio para pronunciarse, en aplicación del apartado 135 de la norma.
Tras conocer el auto, Costas informó de que «respeta las decisión» de la Audiencia y dijo que «los servicios jurídicos estudiarán la comunicación recibida» para decidir si piden la reactivación del procedimiento de urgencia. Hasta entonces, no se pensará en lo que puede tardar la vía ordinaria. Sin embargo, este departamento ministerial seguirá trabajando para recuperar la franja de dominio público que actualmente ocupan todo tipo de construcciones, en especial viviendas, tanto en la vertiente mediterránea de La Manga como en el litoral del Mar Menor. Lo hará en cumplimiento de la legislación actual, que pone límites a las concesiones para las casas, incluidas las construidas mucho antes de su entrada en vigor.
En el caso de la familia Luque, la decisión de dar por extinguido ese permiso se basa en un informe de la Abogacía del Estado que dice que se superó el plazo de cuatro años para solicitar su traspaso, a la muerte de uno de los antepasados de José Antonio y José. Ese desfase pudo producirse, según el citado escrito, entre 1987 y 1991. Pero los actuales propietarios aseguraron este viernes que tienen «todas las pruebas para demostrar que no hay ninguna ilegalidad de origen en la concesión y que ésta se ha mantenido vigente, pasando de unos parientes de la familia a otros, hasta hoy». Para ellos, la caducidad a la que alude Costas se debe a «una tesis fruto de un cúmulo de errores en fechas y fallecimientos y a la petición de cuentas a herederos que nunca han pasado por aquí».
Doscientos vecinos apoyan a la familia Luque en su lucha contra el Ministerio, en medio de la polémica sobre el paseo marítimo
Cesión para el paseo marítimo
A la cuestión de la concesión se une que las casas de los Luque obstaculizan el proyecto estatal de continuar el paseo marítimo. «Tenemos comprometido ceder las terrazas delanteras para que lo hagan», aseguró José Antonio. Pero Costas recordó que el paseo no puede continuar por una zona de dominio público, en la que no se puede hacer ni siquiera una zona de esparcimiento. Así que también para ampliar el paseo es necesario demoler las viviendas, según sus planes. En total hay 15 casas en primera línea cuya existencia peligra por estar en domino público, además de encontrarse en parte en la zona del futuro paseo.
Pancartas y vítores bajo la lluvia en la terraza privada que da a la playa
«¡Paseo sí!, ¡derribo no!» y «¡no a los derribos!», corearon 200 personas, concentradas bajo la lluvia en la terraza de las viviendas de la familia Luque. Entre los asistentes hubo varios ediles de MC, encabezados por su líder, José López. «¡No nos moverán!», gritó también la multitud, al ver entre paraguas y chubasqueros a los dos técnicos de Costas. Pero fue al admitir ellos la suspensión del desalojo cuando se desató la euforia. «¡Justicia sí!, ¡derribo no!», se oyó, mientras parecía abrirse un claro entre los nubarrones. «¡Bravo Luque!», vitorearon y aplaudieron como un héroe a José Antonio, cuando salió a dar la buena nueva. Después de ser felicitado y repartir abrazos, se mostró satisfecho. «Estoy contento de ver por fin algo de luz», dijo. Antes de eso, él mismo pidió calma a quienes se agolparon dentro de la casa cuando entraron los funcionarios. «Por favor, nos piden que conservemos la distancia de seguridad», dijo. «Sinvergüenzas, de eso se preocupan», se le escapó a alguien, pero la cosa no pasó a mayores.
