La Armada presiona para sacar del Espalmador el CATE e Interior solicita una prórroga de 5 años

Pero Interior defiende la necesidad de acabar las obras para rentabilizar la inversión de 3,8 millones de euros realizada por acuerdo del Consejo de Ministros; tener un lugar adecuado para inmigrantes y policías, máxime teniendo en cuenta el fuerte aumento del número de pateras y la actual atención en carpas en el puerto de Escombreras; y buscar, entre tanto, una localización definitiva.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, intenta facilitar un acuerdo que zanje la disputa e insiste en que el uso de El Espalmador será provisional. No obstante, lo que en principio iba a ser una instalación para un año, que podría empezar a funcionar esta primavera, puede permanecer allí «un tiempo máximo de cinco años», a contar desde este 2022.

Esta es la petición realizada por Interior a Defensa el pasado 9 de marzo. Son dos años más que los que, según ha acreditado LA VERDAD por fuentes de toda solvencia, planteó ya el ministerio de Fernando Grande-Marlaska al de Margarita Robles el 28 de octubre.

«No está en el ánimo del Ministerio del Interior permanecer en la actual ubicación, solo se solicita del Ministerio de Defensa poder permanecer en la misma ubicación por un tiempo máximo de 5 años; poder finalizar las obras y, con ello, amortizar la inversión; y proceder a su recepción», expuso la Secretaría de Estado de Seguridad a la Dirección General de Infraestructuras de Defensa en esa comunicación.

Interior argumenta que es preciso «cumplir con los requisitos contractuales con las empresas que han realizado» las obras. Y afirma que «su no finalización implicaría su no recepción y posibles rescisiones contractuales». Ello abocaría a «recursos judiciales que impedirían, hasta su resolución, que Defensa pudiera disponer del terreno» y que también lo hiciera Interior».

En este último ministerio plantean «solicitar ayudas de Fondos Europeos y buscar sitios alternativos que permitan una adecuación a las necesidades demandadas por los CATES, tales como pavimentación del suelo, actuaciones para disponer de redes de aguas sanitarias, tendido eléctrico, zonas de acceso, vallado perimetral, etcétera». Y argumentan que «la emigración no es un problema del Ministerio del Interior, sino un problema nacional»; y que, aunque está gestionado por él, «exige soluciones nacionales».

Fuentes de la Policía Nacional apuntaron que en este cuerpo, que custodia a los inmigrantes, existe el temor a un repunte mayor de las pateras por la crisis con Argelia derivada del apoyo de España al plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara.

Formalmente, Interior recordó a Defensa «el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en fecha 28 de diciembre de 2021». Y añadió que el acuerdo con Defensa para la cesión del aparcamiento asociado al Muelle del Carbón, donde están siendo montados los módulos del CATE, incluía la posibilidad de que Interior solicitara una prórroga tres meses antes de expirar.

Este escrito de Interior es posterior a otro que, según aseguraron fuentes de toda solvencia a LA VERDAD, entregó el 28 de enero la Dirección General de Infraestructura (Digenin) del Ministerio de Defensa al comisario jefe de la Policía Nacional de Cartagena, Damián Romero, y al representante de la empresa que realiza las obras del CATE, Mediohabitat. En ellos, instó al cese las obras a partir del día siguiente. Solo la segunda de estas personas firmó la recepción del documento.

Antes, el 19 de enero, Defensa escribió al Ministerio de Interior y le recordó que el día 29 finalizaría la «mutación demanial temporal» de sus bienes: el aparcamiento externo y de la zona de alojamiento personal, asociados al Muelle del Carbón y situados frente a la playa del Espalmador.

En medio de acusaciones mutuas de Interior y de Defensa de no responder a los escritos que se cruzaron, el almirante del Arsenal de Cartagena (Alacart) mandó un informe al Estado Mayor de la Armada en el que advirtió de que en esa zona de la bahía continuaban las obras del centro proyectado para dar asistencia humanitaria y custodiar a los inmigrantes llegados en pateras desde Argelia en sus 72 primeras horas en España.

Esta situación, unida a la búsqueda por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de zonas próximas a instalaciones militares para instalar un nuevo centro de estancia prolongada de inmigrantes (estudia remodelar el antiguo Hospital Naval como centro de acogida a refugiados ucranianos), han aumentado el enfado de la cúpula de Armada en las últimas semanas.

También ha contribuido a este malestar el que ya en noviembre de 2021 el Ministerio de Defensa, cuya titular es Margarita Robles, solicitó a Interior que «colaborase con la Armada en la definición de una ubicación distinta y definitiva para el CATE». En diciembre, Defensa recordó a Interior y a la Subdirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda que la cesión del suelo acabaría en enero y que «la instalación debía devolverse y retrotraerse a la situación previa». A punto de llegar al mes de abril, y con él posibles oleadas de pateras por el buen tiempo, el desacuerdo continúa.