La agricultura intensiva irrumpe en el Noroeste de la Región de Murcia e inquieta por el uso del agua

Salvador lamenta que ese mes la fuente, donde el agua emerge de forma natural del subsuelo, estuvo «más de quince días seca», lo que le impidió «regar y sembrar» en su parcela, situada en esta pedanía caravaqueña. Es algo que sigue sin poder hacer, porque no se ha recuperado el caudal mínimo para que el agua supere cierto nivel y baje por una acequia. Pero Salvador lo tiene claro: que no se pueda regar a manta en esta zona de cultivos tradicionales, «como se ha hecho toda la vida», no se debe a la sequía sino a otro problema que vincula al 'boom' de la agricultura intensiva en la comarca del Noroeste y al presunto uso irregular y masivo de las aguas subterráneas por parte de grandes empresas del sector.

«El nacimiento se ha recuperado un poquico, pero no sale el agua que tiene que salir ni para la acequia. El problema que tenemos es la sobreexplotación de los acuíferos en la parte de arriba del nacimiento», comenta este vecino de Singla, que tiene 42 años y compagina esta actividad con la de apicultor autónomo. Este año ha visto ya cómo «las oliveras y los almendros están secos» y no ha podido plantar «ni patatas ni tomates». Y asegura que «la masificación de cultivos está desplazando a los polinizadores y matándolos» por el uso de plaguicidas.

Como Salvador, otros agricultores y vecinos, así como grupos ecologistas y ciudadanos, están «alarmados por la grave situación de muchas fuentes de las pedanías de Caravaca, algunas ya secas y otras casi secas»; y vinculan esta situación, que también afecta a manantiales y a ríos como el Quípar y el Argos, y la contaminación por nitratos con un cambio de modelo productivo que ha disparado la superficie cultivada y con un supuesto «descontrol» y una «inacción» de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Consejería de Agricultura. Por eso, han redoblado sus denuncias y protestas, como la manifestación convocada para este domingo en Venta Cavila y Singla por la plataforma Consejo de Defensa del Noroeste y la Comunidad de Regantes de la Fuente de Singla.

Como marco general, el vicepresidente y portavoz del Consejo, Alfonso Sánchez, destaca que, «según cifras de elaboración propia con datos de la Consejería de Agricultura», solo entre los años 2011 y 2021 la superficie ocupada por cultivos hortícolas (como lechuga y brócoli) subió un 60%, hasta las 3.500 hectáreas, más de 2.000 de ellas en el municipio de Caravaca, y la cifra no deja de crecer. También hay una explosión de la ganadería intensiva, ya que solo en Caravaca el número de cabezas de porcino pasó de 63.717 en 2009 a 104.836 en 2020 y el volumen de granjas pasó de 27 a 35. Además, en el río Argos, a su paso por las Oicas de Abajo (Caravaca), «el cauce no lleva ni una gota, cuando el agua siempre ha circulado con más o menos caudal, y la alarmante extracción de aguas subterráneas ha terminado por secarlo»; y en el río Quípar «circula bastante menos caudal de lo habitual y nuestro analizador de nitratos nos marca 120 miligramos por litro, casi cinco veces más del nivel permitido».

Mientras la Consejería que dirige Sara Rubira responde con el silencio a las consultas de este diario sobre la situación en el Noroeste y la inquietud ciudadana, la Confederación (del Ministerio para la Transición Ecológica) niega las acusaciones y recuerda la grave falta de lluvias. La entidad que preside Mario Urrea detalla, además, un aumento de sus controles y expedientes sancionadores. Admite que ha detectado decenas de infracciones de la Ley de Aguas y del reglamento del Dominio Público Hidráulico en 2023 y en este 2024.

«No hay expedientes abiertos por la desecación de la fuente de Singla. El propio relato de los usuarios indica que, históricamente, se produce la merma de caudales; y este año hidrológico, como consecuencia de la acusada escasez de precipitaciones, la cuenca ha sido declarada en sequía extraordinaria en varias de sus unidades territoriales en varios períodos», indican en la CHS. «Sin embargo -añaden-, se lleva un detalle del control piezométrico de los diferentes sondeos de la red oficial de piezometría y de las fuentes y manantiales de la cuenca, con objeto de conocer su evolución».

El número de expedientes sancionadores en 2023 y lo que va de 2024 en el Noroeste ha llegado a 57 (33 el año pasado y 24 el actual). «Hay 27 por uso privativo de aguas, trece por obras, ocho por vertidos (algunos de purines); seis por incumplimientos de autorizaciones y concesiones; y tres por otros motivos (un cañón antigranizo, una desobediencia y una por no comunicar el cambio de titularidad de un aprovechamiento)». Del total de expedientes, la CHS ha resuelto 27 y tramita 30.

En el organismo de cuenca remarcan que, «para proteger el dominio público hidráulico, la Comisaría de Aguas dispone de agentes medioambientales y guardas fluviales». Pero admiten que «los medios humanos del servicio de Policía resultan insuficientes para la superficie de la cuenca del Segura, pues se dispone de un guarda forestal o agente ambiental para cada 500 kilómetros cuadrados de superficie». «La distribución espacial se ha optimizado, pero sería necesario incrementar el número de efectivos, lo que se ha venido solicitando al Ministerio. Se está a la espera de reforzar personal y una parte iría la comarca del Noroeste», explicaron.

La Confederación se ha visto desbordada al tener que aumentar la presión sobre el Campo de Cartagena. Lo explica así: «Se consideró prioritario intensificar los controles en la cuenca vertiente del Mar Menor por motivos evidentes; es decir, la grave crisis ecológica de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, aun cuando la Administración General del Estado no tiene competencias directas de protección sobre el Mar Menor. Las competencias radican en la Comunidad».

Sobre la laguna, el Consejo de Defensa del Noroeste -que durante años ha impulsado denuncias administrativas y judiciales sobre la sobreexplotación de los recursos hídricos junto a Ecologistas en Acción- advierte: «La contaminación del entorno y las graves afecciones a las aguas, al relieve y al paisaje», que además es un recurso turístico, «hacen que los núcleos rurales sean un lugar cada vez más inhóspito, a pasos agigantados. ¡No queremos que el Noroeste sea el nuevo y peor Campo de Cartagena!». Asimismo, el Consejo urge a la CHS a ejecutar la orden de clausura de un pozo en la cañada de Tarragoya, pendiente desde 2014, y a actuar sobre otra extracción irregular en el cortijo Moya. La Confederación no aclaró lo relativo a estos dos parajes.

Entre las medidas que plantea el Consejo, Sánchez cita «acabar con las abultadas concesiones a muchas empresas, en contra de la Ley de Aguas; el control efectivo de regadíos y pozos; frenar la transformación de secanos a regadío intensivo», a veces junto a masas forestales y con hasta cinco cosechas anuales; preservar los humedales asociados a ríos y manantiales; y que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca controle el uso de fertilizantes y plaguicidas.

El Consejo de Defensa del Noroeste afirma que el «descontrol» de la agricultura intensiva ha producido un efecto llamada de grandes empresas, ajenas al territorio, que no generan valor añadido en los municipios donde se instalan». El vicepresidente del colectivo, Alfonso Sánchez, subraya el aumento de autobuses con jornaleros y teme por su «precariedad» salarial y laboral. La mayoría son extranjeros de origen magrebí «de la zona de Lorca».

El presidente de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra, José Martínez Núñez, confirma el interés de «empresas agrícolas de calado y de otras cercanas» por alquilar y comprar tierras en el Noroeste. «Hay incursiones, pero aquí, de momento, no estamos accediendo a las ofertas. Yo no venderé en la vida, aunque no tenga agua para regar», afirma. Y reivindica la contribución del coto -con 150 arroceros y 1.200 hectáreas- a «la economía local y regional, la biodiversidad y la preservación de nuestra identidad histórica».

Sobre el impacto ambiental de la agroindustria, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, del PP, ha pedido más presencia del Seprona de la Guardia Civil. El jueves, tras reunirse con regantes y pedáneos, declaró: «Padecemos una gran sequía. Pero no son los regadíos tradicionales los que están esquilmando los acuíferos: son las nuevas empresas que han ido llegando a nuestro municipio y que están dedicando grandes extensiones a cultivos de manera ultraintensiva, sin que conozcamos a sus propietarios ni su procedencia ni los caudales que les han autorizado extraer ni el control de esas extracciones».