La Región emite once millones de toneladas de CO2 a la atmósfera
La Administración autonómica reduce un 26% su huella de carbono y trabaja para rebajar la contaminación de los sectores difusos
Por algo se empieza: la Administración regional ha rebajado en un 26% sus emisiones de CO2, un logro que se adelanta en ocho años a ... la meta fijada en los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático. Lo anunció el sábado pasado en El Valle (Murcia) el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, durante una plantación de árboles con motivo del Día Mundial por la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono.
Sin embargo y pese a este esfuerzo del Ejecutivo autónomo en cuanto a la eficiencia energética de sus organismos, la Región de Murcia ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero y es una de las tres comunidades, junto con Navarra y Extremadura, en las que más aumentó el envío de CO2 a la atmósfera en las tres décadas comprendidas entre 1990 y 2019, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad.
De acuerdo con los datos más recientes hechos públicos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), correspondientes a 2019, la Región emitió 11.006.000 toneladas, por 9.668.000 en 2018 y prácticamente la misma cantidad en 2017. El pico máximo se dio en 2008, con más de trece millones de toneladas.
En el conjunto de España, durante el año 2019 se emitieron 314.529.000 toneladas, un volumen en ligero descenso a lo largo de toda la década. Se espera que las cifras de 2021 y sobre todo de 2020 sean considerablemente más bajas, por el parón de la actividad económica durante la pandemia.
Comercio de derechos
La mitad de las emisiones de la Región corresponden a las empresas sujetas al régimen internacional del comercio de derechos de emisión: veintitrés grandes plantas dedicadas a la generación eléctrica, refino de petróleo o fabricación de cemento, muchas de ellas ubicadas en el polo de Escombreras (Cartagena). Estas factorías no están sujetas a la regulación de la Administración regional: operan en un entorno global por el que pagan en función del CO2 que producen por encima del que tienen asignado. Una factura que les ha supuesto en conjunto entre 56 y 40 millones de euros al año en el último lustro.
La otra mitad corresponde a los sectores difusos: transporte y logística; industria –excepto factorías sujetas al comercio de derechos de emisión–; agricultura y ganadería; gestión de residuos, potabilización de aguas y depuración de aguas residuales y saneamiento; construcción de infraestructuras y edificación; y actividades del sector comercial, residencial e institucional.
En estas actividades ha centrado la Comunidad Autónoma sus esfuerzos para reducir la contaminación, mediante su Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y también con iniciativas como la compensación de emisiones a través de la regeneración de montes quemados, un acuerdo voluntario de descarbonización anunciado el mes pasado y dirigido a empresas que generen 50 toneladas de CO2 al año.
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