Expertos en Derecho cuestionan la ILP del Mar Menor y la califican como «embrollo jurídico»

Para la catedrática Blanca Lozano Cutanda, la ILP del Mar Menor es «un texto sorprendente que no encaja en absoluto en nuestro ordenamiento jurídico y que incurre, por ello, en importantes vicios de inconstitucionalidad. No estamos ante una ley, sino ante un embrollo jurídico», sentencia esta exprofesora de la UNED y de la Universidad del País Vasco, docente en la actualidad en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislacióny magistrada 'ad hoc' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Blanca Lozano considera que la protección efectiva del medio ambiente no necesita de más leyes «o medidas jurídicas de toda índole», sino de «medios y una voluntad decidida de los poderes públicos para aplicarlas». En opinión de esta experta, ni el gran apoyo popular –más de 600.000 firmas– ni el «objetivo loable» de «poner fin a la catástrofe ambiental del Mar Menor» deben hacer olvidar que las soluciones aprobadas en el Parlamento «deben encuadrarse en el marco constitucional».

Esta catedrática prevé un «incremento innecesario de la litigiosidad», cuestiona los «supuestos derechos» reconocidos por la nueva ley, critica un «régimen jurídico apenas esbozado» e «impreciso» y plantea que para garantizar la conservación del Mar Menor desde el punto de vista procesal habría bastado con reconocer la acción pública para su defensa.

Ycalifica como argumentos «ecoteológicos» y «ecocentristas» los fundamentos de una ley que «pretende modificar nada menos que el artículo 45 de nuestra Constitución» (...) «por la vía interpretativa» –que no reconoce el medio ambiente como un derecho fundamental– y que, directamente, «vulnera el artículo 149.1.23 de la Carta Magnay la doctrina del TC sobre la distribución de competencias en materia de espacios naturales protegidos», puede leerse en el análisis publicado en la web de la firma de abogados Gómez-Acebo  & Pombo, de cuyo consejo académico forma parte.

Con un argumentario muy parecido, los profesores de Derecho Administrativo de la UMU Blanca Soro Mateo y Santiago Álvarez Carreño auguran que la ley 19/2022 de 30 de septiembre «no solucionará el grave deterioro ambiental de la laguna», en un artículo publicado en la web alemana de actualidad jurídica 'Verfassungsblog'.

Estos profesores, expertos en Derecho Ambiental, entienden que, como mínimo, la ILP tendría que haberse tramitado mediante el procedimiento ordinario y no con carácter de urgencia, con el fin de mejorar «una regulación imprecisa e incompleta» que «incurre en graves errores que implican el desconocimiento de la propia Constitución y del Derecho de la Unión».

Los profesores Soro y Carreño advierten igualmente de que «no están claramente definidas» las facultades legales de los tres comités que ejercerán de tutores del Mar Menor, «más allá de monitorear la laguna y hacer recomendaciones a las autoridades públicas competentes».

La ley que otorga personalidad jurídica al Mar Menor convirtió la laguna murciana en el primer espacio natural europeo con derechos legales, como si fuera una persona o una empresa, después de un proceso de dos años liderado por la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) Teresa Vicente. La norma, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, fue ratificada en el Senado por todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que anunció un recurso de inconstitucionalidad para acabar con lo que consideran «un chiringuito antidemocrático y totalitario de la extrema izquierda radical para rapiñar fondos».