Diez preguntas y respuestas sobre la ILP del Mar Menor

En cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que sucederá en los próximos días o semanas. El reglamento de la ley desarrollará sus siete artículos y aclarará dudas sobre aspectos prácticos de su aplicación. Está previsto que el reglamento sea redactado por los servicios jurídicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)espera que se cuente con su participación en esa fase decisiva. Será promulgado en forma de real decreto por parte del Gobierno central.

No. No tiene ni más ni menos jerarquía jurídica que otras leyes, sino que las complementa, aunque no es descartable que sea necesaria la modificación de alguna norma en el caso de que se produzcan contradicciones o solapamientos. Por tratarse de una legislación inédita en Europa, se darán situaciones imprevistas que ni siquiera puede anticipar el reglamento.

Cualquier persona física o jurídica. La novedad de la ley es que las denuncias se presentan en nombre del Mar Menor –o sea, el espacio natural es la parte interesada– y quien la interpone recupera todos los costes del litigio –abogados, procuradores, peritos, testigos...– y está eximido de las costas judiciales.

No. La ley de personalidad jurídica no supone la creación de una nueva instancia judicial. Las acciones se plantean ante los juzgados ordinarios –contenciosos, civiles y penales–, como cualquier otra denuncia.

No tiene por qué. Depende de los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia, que tiene sus propios tiempos. La nueva ley es nada más –y nada menos– que una herramienta al servicio de los ciudadanos para que defiendan el Mar Menor.

El reglamento debe dar respuesta a esta cuestión para evitar suspicacias. En el caso del Comité de Representantes, está previsto que formen parte de él siete integrantes del grupo promotor de la ILP, que está formado por ocho personas –Teresa Vicente Giménez, Eduardo Salazar Ortuño, Teresa Conesa Conesa, Ada García Saura, María José Campillo Meseguer, María Rocío García Martínez, Alfonso Manzano Ruiz y Pedro Macanás Valverde–. Una de ellas se quedará fuera. En la Comisión de Seguimiento, los sectores económicos, sociales y ecologistas tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos para elegir a sus delegados, aunque no está estipulado el método, solo que este proceso será convocado y supervisado por el grupo promotor. Y en cuanto al Comité Científico, se espera que esté formado por investigadores locales, nacionales e internacionales. El plazo de pertenencia a los tres órganos de representación de la laguna es de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y ninguno de sus integrantes cobrará por su trabajo.

La ley no hace referencia alguna a una sede física, aunque el Ayuntamiento de Los Alcázares se ha ofrecido a albergar una oficina permanente.

La idea inicial fue que la tutoría fuera una parte interesada en todos los procedimientos, en condición de codemandantes, pero esa posibilidad se desechó. El reglamento aclarará este punto, pero pueden producirse tensiones entre el Comité de Representantes y la Comisión de Seguimento –guardianes y guardianas según la ley–, sobre el papel un órgano menos decisivo.

Otra cuestión que debe aclarar el reglamento. De acuerdo con el espíritu de la ley, los guardianes y guardianas son la voz del Mar Menor y tienen plena capacidad jurídica para plantear iniciativas y presentar denuncias. Puesto que se sentarán junto a representantes de los ayuntamientos ribereños y de la cuenca vertiente, se espera que los conflictos se solucionen internamente.

No. Solo la administración o el poder judicial tienen potestad para detener obras o industrias que se consideren dañinas o contaminantes. La ley simplemente facilita herramientas para que se inicie la acción judicial.