ANSE se niega a firmar la venta de Cabo Cope a la Comunidad
Los ecologistas reclaman el pago de los gastos de la operación y participar en la gestión del espacio protegido
El primer acto administrativo para que Cabo Cope pase de manos de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) a la Comunidad Autónoma ha resultado fallido. Convocados en una notaría de Murcia por el Gobierno regional, los ecologistas se han negado esta mañana a firmar la escritura de retracto, después de que el Ejecutivo ejerciese su derecho a quedarse con el enclave litoral de Águilas que compró ANSE la pasada primavera, por tratarse de un espacio protegido.
La Fundación ANSE, representada por su presidente, José Manuel Catarineu, y por el director de la asociación y miembro del patronato, Pedro García, ha esgrimido varios motivos para no rubricar el documento: el primero de ellos es aclarar quién asume los gastos derivados de la compra de las más de 270 hectáreas de Cabo Cope, que los ecologistas adquirieron a la Sareb por 500.000 euros, y de la campaña organizada para recaudar fondos.
También, ANSE reclama a la Comunidad Autónoma que proteja varias fincas situadas al pie de Cabo Cope que entraron en la transacción pero que quedan fuera del parque. Los ecologistas exigen igualmente que se apruebe el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del espacio protegido y participar en su gestión. Según afirma la asociación ecologista, estos asuntos se trataron hace unos meses durante una reunión con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, pero que aún no han recibido contestación.
«La firma no será efectiva hasta que la Comunidad Autónoma responda a las peticiones de ANSE sobre Cabo Cope», insiste la asociación en un comunicado. Al mismo tiempo, ANSE trata de aclarar con la Sareb la validez de una cláusula incluida en el contrato de compra que al parecer invalidaba el derecho de retracto por parte de la Administración.
«No pueden poner condiciones»
Por su parte, la Comunidad Autónoma «no comparte los argumentos que plantea la Asociación de Naturalistas del Sureste y mantiene su intención de ejercer su derecho de retracto, al que no se pueden negar ni poner condiciones. A partir de ahora, los servicios jurídicos van a estudiar las diferentes vías para defender los intereses de la Comunidad», advierte el Gobierno regional.
ANSE y WWF «lamentan que la Comunidad Autónoma no haya sido capaz durante todo este año de iniciar el proceso de aprobación del PORN de Cabo Cope-Calnegre, a pesar de que ya han transcurrido 28 años desde la aprobación de la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia que declaró el parque», critican.
Ambas organizaciones opinan que, «si la Comunidad Autónoma ha puesto en marcha el proceso de creación de la Reserva Marina de Cabo Cope, como venían pidiendo desde hace años, también debería haber sido capaz de aprobar al menos inicialmente el PORN del parque regional». ANSE y WWF «no se fían de que parte de las fincas incluidas en la compra, como las situadas a la izquierda de la carretera desde Calabardina a la Torre de Cope, queden sin ninguna medida de protección legal concreta tras el paso a la Comunidad Autónoma, y recuerdan que el proyecto urbanístico impulsado por el Gobierno regional hace unos años solamente fue paralizado tras la acción judicial de diversas organizaciones de defensa de la Naturaleza, entre las que se encontraba ANSE».
«Quedan por tanto muchas dudas antes de aceptar que las fincas adquiridas por la Fundación ANSE con el apoyo de WWF pasen a manos de una Comunidad Autónoma que, paralelamente, sigue desmantelando la administración ambiental y rebajando las exigencias normativas, y ha utilizado argumentos mentirosos para ejercer el retracto», concluye la organización ecologista.
Por otra parte, ANSE ha divulgado el avance de un cortometraje documental sobre los valores naturales de Cabo Cope, grabado a lo largo de varias semanas de trabajo durante la pasada primavera por el fotógrafo de naturaleza Francisco Márquez, con la ayuda de técnicos de la asociación. «El rodaje fue paralizado a partir de que la Comunidad Autónoma comunicara a la Fundación ANSE su intención de ejercer el retracto y comprar esos terrenos, en lo que constituye el primer caso en España de uso de esta herramienta legal por una administración hacia una entidad de conservación de la naturaleza», denuncian los ecologistas.
