González y Zaplana intentaron hacer negocio con la 'sopa verde' del Mar Menor

Ignacio González y Eduardo Zaplana. /
Ignacio González y Eduardo Zaplana.

Quisieron vender a la Comunidad un aditivo para descontaminar la laguna. El 'caso Lezo' recoge las pruebas de sus planes

MANUEL BUITRAGO y RICARDO FERNÁNDEZ

Les llamaban los 'sanadores'. Un alemán que vestía de modo estrafalario con un sombrero de ala ancha, un abogado y empresario uruguayo y un técnico chileno se presentaron en la Consejería de Agricultura el pasado mes de febrero para vender un producto milagroso que acabaría con la contaminación del Mar Menor. Todo quedó ahí. Contaron su película, y nunca más se supo. Pudo ser que el Gobierno regional no le diera credibilidad alguna. Aunque, si hubieran llegado a dársela, lo cierto es que no les habría dado tiempo a ir mucho más allá. Apenas mes y medio después del encuentro se desató la denominada 'Operación Lezo', que dio al traste con los planes de los 'sanadores' y de quienes presuntamente se encontraban detrás de su propuesta para salvar el Menor Menor. Una iniciativa encomiable, salvo por el hecho, claro está, de que no dejaba de ser un negocio. Y que su fin prioritario, como el de cualquiera otro, resultaba tan prosaico como tratar de ganar dinero.

La proposición, que en apariencia pasaba por verter a la laguna salada ingentes cantidades de un aditivo líquido -Biofish- que actuaría «como purificador de agua y estabilizador para el ambiente del cultivo marino, ayudando a detener la proliferación de las algas y aumentando la oxigenación de las aguas», no habría merecido mayor atención de no ser por las revelaciones que estos últimos días han empezado a arrojar las diligencias del 'caso Lezo'.

Gestor de inversiones

Para comenzar, ya ha trascendido que el abogado y hombre de negocios uruguayo, que encabezaba tan llamativa expedición comercial, responde al nombre de Fernando Belhot y que figura como socio fundador de la firma South Capital Partners, cuyo cometido declarado es la gestión de inversiones. Nada relevante, hasta ahí, de no ser porque el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sospecha que vendría actuando de un tiempo hacia aquí vinculado con un personaje bien conocido de la política y la Administración de Justicia: Ignacio González, expresidente del Gobierno madrileño y antigua mano derecha de Esperanza Aguirre, caído en desgracia por su supuesta vinculación con escándalos de corrupción.

Siempre según las consideraciones expresadas por el magistrado en sus resoluciones y las líneas de trabajo seguidas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ignacio González habría querido utilizar la figura y las sociedades de Fernando Belhot para aflorar dinero B, fruto de sus presuntos saqueos a las arcas públicas, y destinarlo a poner en marcha negocios de apariencia lícita.

Uno de ellos estaría centrado en la adquisición de la licencia de la compañía alemana Shieer para que les permitiera vender en España y Portugal una serie de productos químicos, destinados al tratamiento de aguas contaminadas o residuales, entre los que se encontraría el mencionado Biofish y otros de similar naturaleza.

El juez García Castellón considera que el expresidente madrileño quería usar una firma creada por un abogado uruguayo para impulsar negocios, que pondría en marcha con dinero de supuesto origen ilícito

Tal como señaló el juez Eloy Velasco -antecesor de García Castellón- el pasado abril, cuando dictó el auto por el que ordenaba la prisión incondicional de Ignacio González, existen indicios en el sumario de la 'Operación Lezo' de que el expresidente madrileño pretendía adquirir el 50% de una sociedad constituida por el abogado uruguayo, «que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección del agua». La inversión se iba a acometer en apariencia «a través de sociedades opacas y testaferros» e incluso quedó de relieve «el método (que iba a utilizar) para obtener los beneficios y que no se le vinculase con la inversión». En esta operación, según la resolución judicial, caminaba presuntamente de la mano del antiguo dirigente popular y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana.

Dos correos reveladores

Entre las pruebas recabadas en el transcurso de la investigación se encuentra un centenar largo de correos electrónicos, que el propio Fernando Belhot se avino a facilitar al juez García Castellón tras ser requerido para ello y que vendrían a confirmar que Ignacio González -e incluso Eduardo Zaplana, a quien se referirían por su nombre de pila- estaba tras esa mercantil.

Uno de los correos a los que ha tenido acceso 'La Verdad' lo remitió Fernando Belhot a Ignacio González el 24 de noviembre de 2016, a las 19.31 horas. Después de hacerle saber que habían surgido algunos problemas con el aprovisionamiento de los productos de acondicionamiento de aguas, le tranquiliza asegurándole que el proyecto sigue en marcha, aunque puede producirse un breve parón. Igualmente, le hace saber que «también se terminó el informe sobre el Mar Menor en Murcia, y el diagnóstico y sugerencia de tratamiento les será enviado mañana». Belhot no concreta a quién va a remitir esa documentación.

Otro correo, con fecha de 1 de febrero de 2017, sirve para que el abogado uruguayo confirme al expolítico que en dos semanas viajará a España. «El día 15 ó 16 iré con Eduardo a Murcia», indica. Los investigadores están convencidos de que tras esa mención está Zaplana.

El mensaje concluye haciéndole saber a Ignacio González que «en cuanto esté la documentación definitiva de la sociedad, la pediré para enviártela».

Huelga decir que estas comunicaciones no han pasado desapercibidas para los agentes de la UCO ni para el magistrado instructor, que las consideran una constatación de sus sospechas sobre los intentos del expresidente de Madrid para movilizar inversiones e impulsar todo tipo de negocios, con dinero de incierto origen, a través de testaferros y sociedades interpuestas.

Fuentes próximas al caso confirman que el entonces presidente Sánchez abrió la senda a esa mercantil para entrevistarse con responsables de la Consejería de Medio Ambiente

Por otro lado, si algo tenía González, como su aparente socio, eran contactos, lo que les ofrecía unas posibilidades casi infinitas de abrir prometedoras vías en los territorios más diversos. Fue así presuntamente, manejando influencias y tirando de teléfonos, como también intentaron hacer negocio con la regeneración del Mar Menor, que estaba en aquel momento en el principal foco de la actualidad por el extremo deterioro que habían alcanzado sus aguas. Puestos a vender productos de regeneración de sistemas acuáticos, ningún negocio ofrecía mejores perspectivas que el de intervenir en una laguna salada de 135 kilómetros cuadrados y cientos de millones de metros cúbicos de aguas contaminadas.

Mediación de San Esteban

Según fuentes de la investigación, el entonces presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, habría recibido una petición para que este grupo sudamericano fuera atendido por alguien de la Comunidad, simplemente para que pudieran explicar los detalles de su proyecto.

Quienes acabaron recibiendo a Fernando Belhot y a sus dos excéntricos acompañantes fueron varios responsables de la Consejería de Agricultura y Agua, que se habrían mostrado más que escépticos sobre las posibilidades reales de mejorar el Mar Menor con los productos ofertados. Dentro del seguimiento de las gestiones del Gobierno regional sobre el Mar Menor, Sánchez se habría interesado más tarde por el resultado de esa reunión, para concluir igualmente que había poco que hacer por esa vía. Lo cierto es que después de aquel contacto, y durante el mes y medio que transcurrió antes de que estallara la 'Operación Lezo', los impulsores del proyecto no volvieron a dar señales de querer perseverar en su propuesta.

Una de las sociedades adquirió la licencia de una empresa alemana para comercializar un aditivo que permitiría descontaminar el agua

A preguntas de este periódico, Pedro Antonio Sánchez se limitó a señalar que en aquellas fechas llamaba a las puertas del Gobierno regional mucha gente, empresas y hasta universidades con propuestas, métodos e ideas de toda condición para regenerar el Mar Menor, y que le es imposible acordarse de todas. Aseguró que no se reunió con aquellas tres personas, y recalcó que no recibió llamada alguna de Eduardo Zaplana en ese sentido.

Lo cierto es que en aquellos momentos -el pasado febrero-, cuando aún no había estallado el escándalo de corrupción que acabó con el encarcelamiento de Ignacio González, el proyecto en el que supuestamente estaba metido junto a Zaplana y Belhot no ofrecía datos alguno que permitiera sospechar de su legalidad. No era más que el intento de otra empresa de hacer negocio con la comercialización de una patente alemana para el tratamiento de aguas residuales.

A toro pasado, fuentes de la Consejería de Agricultura, entonces dirigida por Adela Martínez-Cachá, sostienen que quienes conocieron el proyecto se desentendieron rápidamente del mismo, «porque les pareció un disparate lo que estaban proponiendo, sin base científica y con un pobre soporte técnico».

Uno de los focos de atención se situó en 2016 en el Mar Menor, que estaba en el punto álgido de su deterioro

'La Verdad' no ha logrado contactar con Eduardo Zaplana ni con su entorno desde el pasado viernes, en que comenzó a realizar gestiones para tratar de recabar su versión. Pocos días después de que se activara la 'Operación Lezo', cuando empezaron a surgir los primeros datos que lo vinculaban presuntamente con negocios de Ignacio González, el expresidente valenciano emitió un comunicado en el que Zaplana desmiente cualquier relación mercantil con su antiguo compañero de partido, así como haber «participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno».

En sentido contrario, el letrado Belhot, en una conversación telefónica mantenida con 'El Confidencial', reconoció encuentros con Zaplana y González para alcanzar acuerdos de colaboración. Eran los dos expolíticos quienes debían encargarse de introducir los productos descontaminantes en España. Y el Mar Menor, lógico, aparecía como el gran maná.

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