Todo a la fresa

Adriana viene de Rumanía para recoger fresas en Andalucía durante cuatro meses. Con eso y la campaña de la fruta en Lérida vive todo el año en su país. / Alfredo aguilar
Adriana viene de Rumanía para recoger fresas en Andalucía durante cuatro meses. Con eso y la campaña de la fruta en Lérida vive todo el año en su país. / Alfredo aguilar

La apuesta de Huelva por este alimento encara nuevos riesgos. El trato a las 19.000 temporeras y el uso del agua de Doñana han puesto al sector en el foco mediático

INÉS GALLASTEGUI

«Antes todo esto eran pinos». José Manuel Cumbreros traza un círculo con la mano que abarca una extensión de límites imprecisos, pero se entiende que «todo esto» son las nueve hectáreas y media de su finca, Casacampo, y las otras 1.600 de fresas, frambuesas y arándanos bajo plástico que todo el mundo en la zona conoce como Las Malvinas. A comienzos de los ochenta, coincidiendo con la guerra entre británicos y argentinos por la conquista de unas islas perdidas del Atlántico Sur, 'Chele', hijo y nieto de campesinos, fue uno de los 'invasores' de Palos de la Frontera que, acuciados por una tasa de paro del 40%, tomaron por las bravas estos terrenos del vecino municipio de Moguer y en pocos años los convirtieron en un vergel. Les ayudaron la Administración -que renunció a su plan de convertirlos en un polígono industrial ligado al puerto, se los vendió a precios asequibles y puso la infraestructura de riego con aguas superficiales-, los bancos -que financiaron la inversión inicial- y un oportuno incendio forestal. Pero también podría estar hablando, en general, de cómo la provincia de Huelva, la menos agrícola de Andalucía y con apenas medio millón de habitantes, se ha convertido de la nada en la primera potencia europea con unas 400.000 toneladas de fresones y otros frutos rojos, 11.500 hectáreas de cultivos, exportaciones por valor de 1.200 millones de euros al año y la creación de 80.000 empleos directos, un tercio de ellos ocupados por extranjeros, y otros 60.000 indirectos e inducidos. El sector no vive su mejor momento, agobiado por la caída de los precios y las denuncias de abusos laborales y sexuales de temporeras marroquíes que lo han puesto en el foco mediático. «Antes las guerras comerciales se libraban en las fronteras destruyendo camiones; ahora, en los medios y en las redes sociales», critica Manuel Piedra, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Huelva, para quien el intento de mostrar a los empresarios como explotadores responde a intereses económicos de otros productores europeos.

El hallazgo del 'oro rojo' en Huelva ocurrió a cien metros de aquí y se remonta a los años sesenta, cuando el concesionario de un negocio de turba, Antonio Medina, empezó a experimentar con claveles, espárragos y fresas en su finca junto a la desembocadura del río Odiel. Disponía de un suelo pobre, arenoso y ácido, y de la materia orgánica y el agua que extraía de la laguna de Las Madres cuando encontró la Tioga, una variedad de fresón de California, en el centro de investigación hispano-alemán La Mayora de Vélez-Málaga. Los quince arrieros sevillanos que transportaban en sus burros la turba llevaron a sus familias para trabajar en aquella insólita plantación en la que una fruta roja, dulce y jugosa, mucho más grande que la variedad silvestre, crecía casi milagrosamente de la arena. Animados por su ejemplo y quizá imbuidos del espíritu conquistador de esta tierra en la que Cristóbal Colón construyó sus carabelas y reclutó a sus marineros, los vecinos de Palos invadieron el monte público. Había comenzado la revolución de la fresa.

En las décadas siguientes, este cultivo conoció un crecimiento espectacular, con la creación de cooperativas de agricultores y comunidades de regantes, la construcción de invernaderos para la producción intensiva, la aplicación de nuevas tecnologías de riego más eficientes y el desarrollo de una infraestructura de envasado, transporte y distribución que permitió ampliar las fronteras de un producto de alto valor añadido.

«Si madura demasiado, solo cobramos 18 céntimos el kilo» José Manuel Cumbreros - Agricultor

«Ahora las guerras comerciales se libran en los medios y las redes sociales» Manuel Piedra - UPA

«¿Por qué llevamos agua con dinero público a fincas ilegales?» Felipe Fuentelsaz - Ecologista

«Aquí hay gente de 80 nacionalidades y una integración perfecta» Gustavo Cuéllar - Alcalde de Moguer

Las 'berries' o frutas del bosque -los arándanos son bayas, pero las fresas, frambuesas y moras, no- vinieron a suplir una carencia histórica, recuerda el alcalde de Moguer, el socialista Gustavo Cuéllar: los cultivos más importante de la zona habían sido la vid -aquí se produjo la primera botella de vermú de España en 1870, en las bodegas de la familia riojana Sáenz- y, cuando la filoxera acabó con ella, el eucalipto para fabricar papel y esencias. Junto a los municipios de la comarca metropolitana de Huelva -Moguer, Palos y San Juan del Puerto-, varios más se sumergieron en el 'mar de plástico', desde Lepe y Cartaya, cerca de Portugal, hasta Almonte, en pleno Parque Nacional de Doñana.

Cada año, vuelta a empezar

La producción intensiva de fresas es bastante particular. Cada verano hay que desmontar los invernaderos para que los tractores entren a airear la tierra y en octubre se construyen de nuevo los 'lomos' donde se asienta el cultivo, se instala el sistema de riego por goteo y se plantan los plantones crecidos en el fresco verano de Ávila, Segovia y Valladolid.

Los agricultores cultivan varios tipos de fresa, con distintos periodos de maduración, para que, gracias al clima suave de la provincia, la campaña se extienda desde noviembre, con las variedades extratempranas, hasta junio. El canon a la propietaria de las licencias -una compañía ligada a la Universidad de Florida, 'madre' intelectual de esas plantas que incorporan mejoras en sabor, productividad y resistencia a las plagas- supone cada año unos 10 millones de euros. Las cooperativas, que controlan la calidad de la producción de sus socios, invierten en innovación para crear sus propias variedades.

«Una vez recogida, la fresa no madura, sino que se estropea, por la fermentación de sus azúcares», explica Cumbreros. Hay que recolectarlas en su punto exacto de maduración, que apenas dura unas horas: ni antes -estarían demasiado verdes- ni después, porque no aguantarían el transporte hasta los puntos de venta, algunos tan alejados como los supermercados de Alemania. La campaña es contrarreloj: la cuadrilla trabaja a un ritmo frenético -cada recolector puede coger hasta 100 kilos al día- y debe pasar por cada uno de los campos para coger los frutos ya maduros con una rotación que depende de la meteorología. En abril, con el cielo despejado, una temperatura que ronda los veinte grados y una suave brisa que viene del mar -el Atlántico está a 3 kilómetros-, es cada cuatro días.

Ha convertido a Huelva en una potencia agrícola, con 1.200 millones de euros en exportaciones, pero el 'oro rojo' ya no es lo que era

'Chele' contempla con resignación una parcela de cuyas filas penden unas fresas perfectas, como corazones de un rojo intenso. Son preciosas, pero su ojo clínico sentencia que están demasiado maduras. «Estas van para la industria», zanja. Eso significa que, en lugar de venderse en el mercado mayorista a 80 céntimos el kilo -un precio por debajo del coste de producción, 1,10 euros-, apenas alcanzará los 18 que pagan por ellas los fabricantes de mermeladas, bebidas o yogures.

«Esto no es una fábrica de tornillos: no podemos cerrar para ahorrarnos los gastos de luz y de personal hasta que los precios suban», se lamenta Manuel Piedra. Con la producción en máximos en el ecuador de la temporada y la irrupción de las cosechas de los países competidores -primero Marruecos y Turquía, con su clima cálido, y después Francia, Italia, Alemania y Bélgica-, los mercados están saturados. «Antes, una familia vivía con media hectárea; ahora le hacen falta diez», asegura.

Perfil del temporero

Ese fue uno de los motivos que llevaron al sector a diversificar su producción y probar con otros frutos rojos: el número de hectáreas plantadas de fresa ha decrecido (de 6.385 hectáreas a 6.095 en diez años), mientras ha aumentado el de otras 'berries' más rentables: arándano (de 777 a 3.059 hectáreas), frambuesa (de 910 a 2.150) y mora (de 50 a 160). Son variedades más delicadas que se envasan con mimo en tarrinas pequeñas para que no se aplasten, pero su precio ronda los 6 euros el kilo en el mercado mayorista y hasta cuatro veces más en el minorista. «De cada cuatro tarrinas, solo una la cobra el agricultor», se lamenta el representante de la UPA.

Monocultivo

90%
de la fresa producida en España y el 26% de la Unión Europeaprocede de Huelva, con unas 300.000 toneladas. Los mayores productores mundiales son China, Estados Unidos, México, Egipto, Turquía, Rusia y Marruecos. Debido a su clima más frío, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Holanda y Bélgica compiten con las plantaciones de España a partir de la primavera.
Destinado a la exportación
Alemania es el principal país de destino de la fresa onubense (30% del total exportado), seguido de Francia (16%), Reino Unido (15%), y en menor medida Italia, Bélgica y los Países Bajos, según la asociación de productores, Freshuelva.
76%
de la fresa de Huelva se cultiva en producción integrada, entre la agricultura ecológica y la convencional: permite el uso de abonos y pesticidas de síntesis pero en menor cantidad.
La fiebre de los 'berries'
Las bandejitas de frutos rojos, prácticamente inexistente hace unos años, están ahora presentes en todas las fruterías y grandes superficies. Tienen un excelente cartel como alimentos bajos en calorías, ricos en vitamina C, antioxidantes y anticolesterol.
42,62
euros brutos al día es el salario mínimo establecido en el convenio del campo de Huelva, por seis horas y media, seis días a la semana. Las extranjeras tienen el alojamiento incluido.
Consultores de integración
Interfresa ha puesto en marcha el Plan de Reponsabilidad Ética, Laboral y Social que prevé, entre otras medidas, la formación de 14 ciudadanos marroquíes como «consultores de integración» para ayudar a sus compatriotas a resolver sus problemas.
Asentamientos chabolistas
La contratación en origen dejó en la estacada a cientos de 'sin papeles' africanos y el Defensor del Pueblo Andaluz alertó en su día del riesgo de exclusión. Unos 3.000 sobreviven en campamentos de chabolas en distintos pueblos, según Huelva Acoge.

La demanda de gran cantidad de mano de obra concentrada en unos pocos meses explica por qué una provincia con una tasa de paro del 22% necesita a miles de temporeros extranjeros. En diciembre, el Servicio Andaluz de Empleo ofreció 23.000 puestos para la recolecta de frutos rojos en 19 municipios a partir de marzo, pero solo 4.702 candidatos de la zona respondieron, según datos de la Junta de Andalucía. «No es verdad que los parados de Huelva no quieran trabajar: a finales de año había unos 49.000, pero solo 12.000 en el régimen agrario, y la mayoría ya tenían apalabrado un contrato», resalta Piedra. La campaña coincide además con el inicio de la temporada alta turística. Los invernaderos están a tiro de piedra de las playas de Matalascañas, Mazagón y Punta Umbría.

El trabajo recayó en los primeros años en jornaleros andaluces y portugueses y más tarde, en magrebíes y subsaharianos. Pero el perfil de los temporeros cambió radicalmente con el 'boom' de la construcción. En 2000 la escasez de mano de obra obligó a abandonar cientos de hectáreas de cultivo y toneladas de fresas se pudrieron en las matas. A partir del año siguiente se empezó a contratar a mujeres en Senegal, Marruecos, Colombia, Rumanía, Bulgaria y Polonia. Muchas no tenían experiencia en el agro -'Chele' aún recuerda que sus primeras empleadas africanas se presentaron con tacones y uñas de porcelana- o pretendían viajar gratis y de forma legal y dejar el campo antes de terminar su contrato. Cuando sus países entraron en la UE, cientos de europeas del Este se establecieron en la zona. Algunas siguen en la fresa; otras optan por la hostelería.

Mil pozos ilegales desecan Doñana

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) lleva quince años denunciando el robo de agua en Doñana para el cultivo de la fresa y, mientras todas las administraciones españolas hacían la vista gorda, distintas instituciones europeas empiezan a darle la razón. La plataforma por una agricultura sostenible SAI, formada por 90 grandes industrias alimentarias y supermercados europeos (incluidas Danone, Coca Cola, Tesco o Marks and Spencer), dio un toque de atención en 2016 al mostrar su preocupación por la sobreexplotación de tres de los cinco acuíferos que alimentan el humedal. La Comisión Europea anunció en enero su intención de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no proteger las aguas subterráneas. Desde que se aprobó el plan de ordenación del parque nacional en 2004 se han abierto más de mil pozos ilegales en los municipios de Almonte, Rociana del Condado, Bonares o Lucena del Puerto. «Se ha perdido el 50% del agua que llegaba a Doñana –asegura Felipe Fuentelsaz, responsable de Agricultura en WWF España–. Para cuando se aprobó en 2014 el plan de la corona forestal, se habían puesto en cultivo otras 2.000 hectáreas, ocupando zonas de secano o de monte público». El recién aprobado trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde las cuencas de los ríos Odiel, Tinto y Piedra no es la solución, afirma. «¿Por qué llevamos agua con dinero público a fincas ilegales?», se pregunta el ingeniero agrónomo.

El aviso de la plataforma SAI, contraria a la 'amnistía' de esas fincas, es una seria amenaza para la marca de la fresa onubense en los mercados europeos a los que destina el 80% de su producción, pero también ha derivado en proyectos esperanzadores, como la iniciativa Ferdoñana. Un total de 75 agricultores, junto a investigadores británicos y al Centro Tecnológico de la Agroindustria de Lepe, participan en un plan experimental de cultivo hidropónico –sin suelo– que logra un ahorro del 28% de agua. Además, evita la necesidad de tratar los suelos tras cada cosecha y, al estar las matas en alto, mejora las condiciones de los trabajadores, que no tienen que encorvarse para recoger la fruta.

Este año han sido contratadas 19.000 marroquíes, de ellas 14.000 'repetidoras' de la anterior campaña. Los agricultores les proporcionan alojamiento a pie de finca y les pagan el viaje de ida y 42,62 euros brutos al día por 6,5 horas diarias, de lunes a sábado.

La semana pasada, solo una tercera parte habían llegado, pero por la tarde ya se las veía pasear, vestidas de faena, por las calles blancas del centro histórico de Moguer, llenas de vestigios del pasado colombino y de homenajes a sus ilustres vecinos Juan Ramón Jiménez y el burro Platero. El alcalde, Gustavo Cuéllar, presume del pleno empleo en temporada fresera, la riqueza cultural y la «perfecta integración social» de esta localidad de 22.000 habitantes, una quinta parte de ellos extranjeros de 80 nacionalidades distintas. ¿Y de dinero? ¿Qué tal andan de dinero? «¿Que si somos un pueblo rico? Bueno, somos un pueblo afortunado», responde.

Campo de batalla

Por qué en los campos de fresas solo trabajan mujeres? La explicación tradicional es que ellas son más delicadas y no aplastan la fruta al cogerla. La más retorcida, que son más vulnerables y, por tanto, más sumisas. Las denuncias de temporeras marroquíes por explotación laboral y acoso sexual abonan la segunda. Pero hasta ahora hay una sola condena -por coacciones en el trabajo, hace diez años- y un juicio pendiente contra un encargado marroquí acusado por cuatro jornaleras en Moguer en 2018. El año pasado nueve trabajadoras que escaparon de las supuestas violaciones de su jefe en una finca de Almonte fueron a su vez acusadas por decenas de sus compañeras de mentir para conseguir el permiso de residencia. Un año después, un juez ha archivado la causa por delitos sexuales, otro investiga las condiciones laborales y ellas han denunciado al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que las ayudó, por quedarse con su dinero. Y ya tienen 'papeles'.

Una docena de denuncias entre 17.000 mujeres. ¿Son casos aislados o es la punta del iceberg de una violencia estructural contra un colectivo débil que calla por miedo? Es difícil saberlo. Algunas organizaciones recuerdan que muchas apenas hablan español y son analfabetas, proceden de un país machista que ignora los derechos humanos, viven aisladas en el campo y, sobre todo, son pobres y necesitan conservar el trabajo para mantener a sus familias. Muchas son viudas o divorciadas. La agencia marroquí de empleo que las seleccionó dio prioridad a mujeres con hijos, para garantizar que regresarán a sus casas. El año pasado unas 2.000 no lo hicieron.

Huelva Acoge organiza talleres y visitas a las fincas para ayudar a las inmigrantes: una abogada, una trabajadora social y una traductora les forman en salud, derechos y habilidades básicas, desde sacar dinero de un cajero hasta educación vial, porque muchas proceden de zonas rurales donde apenas se ven coches. «Hemos recibido quejas relacionadas con los contratos o con los alojamientos, pero nunca por abuso sexual», asegura Gladys Meza, presidenta de esta ONG con 27 años sobre el terreno.

Todo lo contrario que el SAT. «La situación es de extrema gravedad. El machismo es una expresión del sistema capitalista: si eres mujer y migrante, te oprime más», afirma su secretario general, Óscar Reina.

«No puede demonizarse a la ligera un negocio del que viven miles de familias -escribió en 2017 la secretaria de Igualdad de CC OO de Andalucía, Pastora Cordero-. Pero los abusos abundan». Ya nadie en su sindicato habla. Tampoco en UGT, la patronal o Cruz Roja.

El sector se siente injustamente tratado. El año pasado Interfresa y los sindicatos anunciaron una denuncia contra la publicación alemana 'Correctiv', que presentaba un panorama de semiesclavitud y violaciones diarias en los campos de Huelva. Frente a las agresiones sexuales, «tolerancia cero», advirtieron. Este año, tras la emisión de un reportaje televisivo que ponía el acento en la supuesta explotación laboral, Interfresa recordaba que las temporeras marroquíes cobran el salario establecido en el convenio colectivo, de 1.200 euros brutos al mes, «seis veces mayor del que, en el mejor de los casos, podrían percibir en su país».

El secretario general de la UPA en Huelva, Manuel Piedra, está convencido de que tras algunas denuncias hay, por un lado, el afán de protagonismo del SAT, que apenas tiene representación en la provincia, y, por otro, intereses comerciales de competidores europeos que intentan ensuciar el nombre de la fresa andaluza para mejorar su propia posición en los mercados.

Juan Manuel Cumbreros tiene 50 empleados en su finca de Moguer y ninguno es marroquí. En su cuadrilla hay españoles, africanos y europeos, tanto hombres como mujeres. Cuando necesitan manos extra o alguien se va, ellos mismos eligen a los nuevos. «Respeto su decisión porque son ellos los que tienen que convivir», justifica. Las rumanas se traen de todo, hasta carne congelada, y ahorran el 90% de lo que ganan. Los gastos de luz, gas, agua y conexión a internet están incluidos en el alojamiento. La 'manijera' es una mujer -la suya-, como en la mayoría de las fincas vecinas. «Se evitan favoritismos y problemas. A algunos africanos no les gusta que les mande una mujer, pero se han acostumbrado porque también les paga ella», explica.

Sandra, onubense de 36 años, lleva la mitad de su vida en la fresa, y desde hace tres entra en octubre a montar los invernaderos de Casacampo y termina en julio cuando acaba la recolección de la frambuesa. A primera hora de la tarde está de vuelta en su casa de Huelva capital para atender a sus dos hijos. Su espalda sufre, pero le merece la pena. «Gano entre 1.000 y 1.200 euros, depende del mes, y me viene mejor que un trabajo con horario partido -explica-. Alguna vez he ido en verano a Castilla-La Mancha a recoger uvas y me parece más duro: son muchas horas y no tienes casi vida».

La rumana Adriana, de 39 años, también ha encontrado aquí su sitio: lleva once años en la misma finca. «Por la tarde tenemos tiempo para hacer la comida, descansar o ir al pueblo», explica. Después de cuatro meses, se lleva para casa unos 4.000 euros. En verano recoge fruta en Lérida y ahorra otros 5.000. Con eso sobrevive el resto del año en Rumanía, donde trabaja su marido. No tiene hijos.

En el pueblo, las «marroquinas», como aquí las llaman, rehúyen a los periodistas. Miran alrededor con desconfianza, quizá porque muchos compatriotas hombres sin aparente ocupación andan apostados en las esquinas o en los cafés. En cambio Hind, de 20 años y sonrisa luminosa, está deseando practicar su castellano. Viene de Tánger desde hace tres años, con su madre y varios hermanos. «Ahora trabajo en una finca pequeña y me gusta. Antes he estado en otras donde el encargado te gritaba todo el rato: '¡Vamos, vamos, vamos, tienes que sacar cajas, no hablar!'», relata. Una vez descontados los gastos, algunos años ha sacado 3.000 euros, otros 2.000. En Navarra, donde trabajó un año en una fábrica de champiñones, el trabajo era más relajado. «Aquí es muy duro. Con la fresa te duele la espalda y con la frambuesa, las piernas. Las mujeres mayores no pueden aguantar. Yo soy joven», explica. ¿Abusos laborales y sexuales? «Yo no los he visto. Hay cosas malas en el campo, pero también cosas buenas», asegura.