El Consistorio de Orihuela vuelve a recurrir a un despacho jurídico privado

El Ayuntamiento de Orihuela recurre de nuevo a la contratación de despacho jurídico externo para disponer de sus servicios con los que afrontar la defensa judicial en todos los procedimientos en los que sea requerido. El Consistorio presenta una gran litigiosidad, en concreto en materia de jurisdicción contecioso-administrativa. El informe de la Secretaría General justifica la necesidad del inicio del procedimiento de licitación para la contratación de este servicio ante la ausencia de plantilla de puestos de trabajo de letrados municipales.

A principios de marzo se aprobó el nombramiento para el puesto de titular de la asesoría jurídica uno de los cuatro altos cargos que el Ayuntamiento ha incluido en su organigrama. Aunque sus funciones principales se ciñen al asesoramiento jurídico a alcaldía, a la junta de gobierno y a los diferentes órganos directivos, y la emisión de informes jurídicos preceptivos, también ostenta la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento. Será bajo su supervisión y directrices con las que se rija las estrategias del próximo servicio.

Actualmente hay un contrato en vigor con un despacho que finaliza el 21 de octubre. Ahora el equipo de gobierno licita la renovación con el objetivo de que represente y defienda al Ayuntamiento en los procedimientos judiciales que se interpongan contra actos municipales, o bien para ejercer las acciones que el Consistorio promueva en defensa de sus bienes o derechos. Todo ello bajo la dirección del titular de la asesoría jurídica.

Para este contrato, el Ayuntamiento destinará 514.250 euros (IVA incluido) que es el precio base de licitación. Abarcará los próximos cinco años a partir de la formalización. Entre los requisitos que reseña el contrato se establece que los letrados no ejercerán acciones de ningún tipo sin estar previamente autorizados, aunque abre a supuestos excepcionales y por razones de urgencia que puedan anunciar, preparar o interponer los recursos procedentes sin autorización previa.

Como funciones, emitirán informes jurídicos a petición de los órganos de gobierno municipal, siempre que dicha petición tenga el visto bueno del titular del alto cargo de la asesoría jurídica del Ayuntamiento.