Cuando un Gobierno rompe el diálogo social, rompe algo de todos y todas
La Región de Murcia ha construido durante décadas un modelo que ha funcionado: sentarse, hablar, escucharse y llegar a acuerdos. A eso lo llamamos Diálogo ... Social, y es lo que ha permitido mejorar el empleo, la formación, la igualdad, la prevención de riesgos laborales, la cohesión social y, en definitiva, el bienestar de miles de personas trabajadoras y de sus familias. No ha sido ni fácil ni rápido: se ha levantado con años de esfuerzo, responsabilidad y respeto mutuo.
Por eso resulta tan indignante ver cómo el Gobierno regional ha decidido dinamitarlo. No de golpe, pero sí paso a paso, con acciones que, puestas juntas, dibujan una intención muy clara: desarticular un espacio que ha servido para proteger derechos, ordenar el empleo y reforzar la convivencia democrática. Primero promoviendo una modificación de la Ley de Participación Institucional que dejaba sin sentido un marco que llevaba décadas funcionando; después empujando una reforma paralizada de manera cautelar por el Tribunal Constitucional; y ahora impulsando movimientos en la propia Asamblea para sostener, pese a esa suspensión, una ofensiva que va en sentido contrario al diálogo, la cooperación y el respeto institucional.
No hace falta señalar a nadie más. Quien ha decidido este camino es el Gobierno regional. Quien ha roto el equilibrio es el Gobierno regional. Y quien debe dar explicaciones a la ciudadanía es, única y exclusivamente, el Gobierno regional.
Porque esto no es un debate jurídico ni una cuestión administrativa. Lo que está en juego es más profundo. Cuando un Gobierno desprecia el Diálogo Social, desprecia también a quienes sostienen con su trabajo la economía de esta región. Desprecia a quienes cada día pelean por derechos laborales, igualdad, empleos dignos, oportunidades reales para jóvenes y mujeres, combatir la economía irregular y construir una Región que no deje a nadie atrás.
Cuesta entender cómo un Ejecutivo trata con tanta ligereza un patrimonio de convivencia perteneciente a la ciudadanía. Nadie que haya gobernado esta Comunidad con responsabilidad ha cuestionado nunca la utilidad del Diálogo Social. Podrá haber desacuerdos, tensiones o diferencias legítimas, pero jamás un intento de arrinconarlo como si fuera un estorbo. Esa actitud es la que está rompiendo algo más serio que una ley: está rompiendo la confianza.
La Región afronta retos que no admiten improvisación ni arrogancia. Reducir de verdad la brecha de género, luchar contra las violencias machistas, acabar con la economía irregular que precariza a tantas personas trabajadoras, mejorar la calidad del empleo, avanzar hacia un modelo industrial de futuro, garantizar vivienda asequible, reforzar la educación y la formación profesional, integrar a una población migrante imprescindible para sectores enteros, preparar a la ciudadanía para un mercado laboral cambiante, blindar la sanidad pública, combatir la pobreza infantil y afrontar una transición energética justa... Todo esto exige acuerdos, diálogo y responsabilidad institucional.
Sin ese diálogo, lo que queda es un Gobierno tomando decisiones sin escuchar, sin contar, sin respetar. Eso no fortalece a la Región: la debilita. La vuelve más injusta, más inestable y más dividida.
La ciudadanía tiene derecho a saberlo y a indignarse. Porque cuando un Gobierno renuncia al Diálogo Social, renuncia a gobernar con sensatez. Renuncia a la convivencia democrática que tanto ha costado consolidar. Y renuncia a un instrumento que ha demostrado, año tras año, ser la mejor herramienta para proteger derechos y construir futuro.
La Comunidad de Murcia merece instituciones que respeten su historia, que cuiden sus consensos y que no tiren por la borda aquello que funciona. Defender el Diálogo Social no es defender a sindicatos o patronal: es defender a la gente. Es defender a quienes madrugan, sostienen con su esfuerzo los servicios públicos, emprenden, crían, estudian, cuidan, trabajan y levantan cada día esta Región. Es defender la dignidad de un territorio que sabe que sin acuerdos reales no hay estabilidad, no hay justicia y no hay progreso.
Por eso lo decimos con claridad, indignación y responsabilidad: el Gobierno regional está obligado a rectificar. No por nosotras, no por las organizaciones sindicales que representamos, sino por la ciudadanía a la que se debe y por el futuro que compartimos.
Estamos entrando en una etapa en la que vamos a celebrar en España el 50 aniversario del proceso constitucional que nos trajo la Transición. Un proceso que consiguió consensos políticos, territoriales y sociales de los que la clase política ha presumido. También el Gobierno regional lo hará. Y no puede ser que saquen pecho de los consensos constitucionales del pasado mientras rompen los consensos del presente y del futuro próximo. La sociedad murciana no lo entendería.
Porque cuando se rompe el Diálogo Social, no se deshace una mesa: se quiebra la confianza social, se fractura la convivencia y se pone en riesgo el futuro de toda una Región.
Ante eso, la ciudadanía puede y debe exigir respeto, responsabilidad y que se recupere el camino del diálogo. No es una petición corporativa: es una defensa de lo común. Es la voz de un pueblo que sabe que la democracia se cuida hablando, escuchando y acordando. Y que no piensa renunciar a ello.
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