No habrá fin de las violencias sin justiciasocial

Desde esta ventana abierta al tercer sector queremos recordar que no habrá fin de las violencias sin justicia social, sin garantizar los derechos de todas las mujeres, especialmente de aquellas que viven las desigualdades de manera más intensa. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino una manifestación extrema de un sistema basado en la desigualdad y la subordinación, que se refuerza con la pobreza, la discriminación y la exclusión.

En 2025 se cumplen 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un plan mundial que marcó un antes y un después en el avance hacia la igualdad de género. Este marco estableció 12 esferas de especial preocupación, entre ellas 'la mujer y la pobreza', 'la violencia contra la mujer' y 'los derechos humanos de las mujeres'. Tres décadas después, muchos de los retos que señalaba Beijing continúan plenamente vigentes.

En el Estado español seguimos enfrentándonos a múltiples formas de violencia contra mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida. Desde la violencia económica hasta la violencia institucional, pasando por la violencia vicaria o la violencia simbólica. Estas violencias son estructurales, porque derivan y, a la vez, refuerzan las desigualdades y discriminaciones que las mujeres sufren por razón de género.

«La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres (ONU, 1995)».

Según el XV Informe 'El Estado de la Pobreza 2025' elaborado por EAPN-ES, el 26,8% de las mujeres en España –más de seis millones y medio– se encuentran en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social. Vivir en pobreza no define a las mujeres, pero sí aumenta la exposición a distintas formas de violencia y limita los recursos materiales, institucionales y simbólicos para salir de ellas.

Las violencias machistas afectan a todas las mujeres, pero no afectan de la misma manera ni con la misma intensidad. La desigualdad de género se cruza con otros ejes de discriminación –como la clase social, el origen étnico, la discapacidad, la identidad de género, el estatus administrativo o el lugar de residencia–, generando formas diferenciadas de vulnerabilidad y de resistencia.

Así, una mujer migrante sin permiso de residencia puede temer denunciar una agresión por miedo a ser expulsada; una mujer con discapacidad puede depender de su agresor para realizar actividades básicas; una mujer gitana puede enfrentarse a prejuicios institucionales que dificultan su acceso a recursos; y una mujer trans puede ver negado su derecho a la salud, al empleo o a la vivienda por la transfobia estructural, lo que la expone con mayor frecuencia a la precariedad y a la violencia física, institucional y simbólica. Del mismo modo, las mujeres en situación de sinhogarismo pueden sufrir violencias múltiples y simultáneas, a menudo invisibilizadas, en entornos donde la falta de recursos y de protección las deja fuera de los sistemas de apoyo.

Por ello, es imprescindible que las políticas públicas adopten una mirada interseccional, que reconozca la diversidad de las mujeres y cómo operan las estructuras de poder que las colocan en posiciones desiguales. No se trata de añadir etiquetas, sino de entender la complejidad de las desigualdades para diseñar respuestas integrales, accesibles y transformadoras.

Incorporar esta comprensión interseccional significa garantizar la igualdad real, no solo formal, y reparar las brechas que impiden a muchas mujeres ejercer plenamente sus derechos.

A escala internacional, no podemos olvidar a las mujeres y niñas que sufren violencias extremas en contextos de guerra. En Palestina, donde el genocidio no ha cesado con el acuerdo de paz, las mujeres enfrentan situaciones de violencia, agravando más las violencias machistas estructurales que la comunidad internacional se comprometió a erradicar hace tres décadas.

Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) y su Grupo de Trabajo de Género, reivindicamos este 25 de noviembre como un día de compromiso para erradicar todas las violencias machistas. Y consideramos necesario que las administraciones públicas y los poderes políticos pongan en marcha una serie de medidas que consideramos esenciales.

Hay que incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y servicios públicos, con especial atención a las mujeres en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, evitando su estigmatización y fortaleciendo su autonomía y derechos; formar en enfoque interseccional e intercultural a las y los profesionales que trabajan en la atención directa a mujeres, especialmente en servicios sociales, sanitarios, educativos o de empleo; reforzar la coordinación entre recursos y servicios, garantizando una atención integral e inclusiva para las mujeres supervivientes de violencia, particularmente aquellas en contextos de vulnerabilidad; evaluar las políticas públicas desde la diversidad, analizando cómo las medidas afectan de forma diferenciada a las mujeres según su origen, etnia, edad, discapacidad, identidad de género o situación económica, y corrigiendo los sesgos que puedan generar desigualdad.

Por todo ello, desde esta ventana abierta al tercer sector de acción social, en este 25N queremos reafirmar que romper la desigualdad es la condición necesaria para acabar con todas las violencias. Desde EAPN-España seguimos trabajando por una sociedad libre de violencias y desigualdades, donde todas las mujeres puedan vivir con dignidad, seguridad y derechos.