Pactos patrióticos
Primero de Derecho ·
Repetir elecciones es un fracaso político sin paliativos. Por ello, no podemos normalizar que esto ocurraCelebradas las elecciones autonómicas y municipales, este sábado se han elegido los alcaldes y ahora el foco político se ha puesto en la constitución de ... los parlamentos y en los procesos de investidura de los presidentes autonómicos. Precisamente es esta cuestión, la formación de los Gobiernos autonómicos, la que quiero abordar en este artículo ofreciendo una perspectiva político-constitucional.
A este respecto, hemos de tener en cuenta que la Constitución y los Estatutos de Autonomía han optado por seguir una forma de gobierno parlamentaria, también a nivel autonómico, como ocurre en el ámbito nacional. Esto comporta que los Gobiernos autonómicos, y en concreto su presidente, dependen de la confianza del correspondiente parlamento. A diferencia de los sistemas presidencialistas, donde la ciudadanía elige directamente al presidente, quien, por tanto, no necesita de la confianza parlamentaria. En el ámbito autonómico se da la peculiaridad adicional de que el presidente tiene que ser, necesariamente, un parlamentario autonómico. Algo que no ocurre a nivel nacional. Elegido el presidente, éste nombra después a los miembros de su Gobierno.
Pues bien, en un sistema parlamentario el primer deber de un parlamento electo es elegir un gobierno. Aún más, cuando no existen mayorías absolutas, es responsabilidad de las fuerzas políticas superar las diferencias que en el periodo electoral se presentaban como insalvables para buscar el acercamiento y alcanzar los acuerdos necesarios que garanticen la gobernabilidad. Repetir elecciones es un fracaso político sin paliativos. Por ello, no podemos normalizar que esto ocurra. De hecho, la ciudadanía debería castigar políticamente de forma severa a aquellos (ir)responsables políticos que, incapaces de cumplir con su deber, se dedicaran a trazar líneas rojas y dificultaran la formación de los correspondientes gobiernos.
De esta guisa, el panorama político que nos han dejado las elecciones no es especialmente alentador. Salvo Madrid y La Rioja, con mayoría absoluta del PP, y en Castilla-La Mancha, donde el PSOE ha obtenido también esta mayoría, en el resto de comunidades en las que se celebraron elecciones van a ser necesarios pactos. Así, en Murcia, Valencia, Baleares, Aragón y Cantabria ha ganado el PP y podría sumar mayoría con Vox. En Extremadura, PP y PSOE empataron en escaños, aunque éste ganó ligeramente en votos, pero no sumaría con Podemos, mientras que el PP sí que podría lograr la mayoría de gobierno con Vox. Y en Navarra la situación es más compleja, ya que la lista más votada, UPN, tiene difícil gobernar aunque sumara a PP y Vox, mientras que el PSOE podría lograr el gobierno si pacta con Bildu y otros partidos nacionalistas.
El problema de estas cuentas es que parten de la lógica de bloques enfrentados que ha caracterizado al anterior ciclo político y que, a mi entender, tan nociva ha resultado institucionalmente. Parece que no hubiéramos aprendido nada de la legislatura pasada y las únicas opciones de pacto que se plantean son entre los partidos del mismo espectro ideológico, aunque ello comporte escorarse a los extremos. El anticipo del acuerdo PP-Vox en Valencia va en esta preocupante dirección, con el riesgo de reproducir, como un espejo invertido, las alianzas de PSOE y Podemos, con ministros (ahora consejeros) con perfiles extravagantes dedicados a alimentar guerras culturales.
Por mi parte, no me resigno a que este sea nuestro destino político, menos aún cuando los resultados electorales y las encuestas sociológicas muestran que la ciudadanía prefiere mayoritariamente la moderación política.
Así las cosas, me permito proponer una alternativa: que los grandes partidos favorezcan que gobierne la lista más votada, aunque sea absteniéndose. Ahora bien, no se trata de dar un cheque en blanco al adversario, sino de ser capaces de alcanzar unos acuerdos de mínimos para garantizar la estabilidad durante toda la legislatura. Lo que exige abandonar la dialéctica frentista y buscar el compromiso mutuo. Reconocer al contrario y actuar con lealtad. Requiere identificar aquellas cuestiones en las que una mayoría de españoles, de derechas o de izquierdas, podemos reconocernos y encontrarnos, para plantear entonces unas respuestas compartidas. Incluso, aunque ya vamos tarde, sería una buena práctica ceder la presidencia del parlamento al primer partido de la oposición, algo que reforzaría la función de control gubernamental hoy día esclerotizada.
¿Podrían PP y PSOE atreverse a extenderse la mano? Un cambio de actitud política como el aquí descrito sería un auténtico acto de patriotismo constitucional y podría servir como un magnífico ensayo para cambiar el tercio tras las elecciones generales.
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