Sobre las multas en el Mar Menor
Debería haber una tasa anual de desnitrificación, además de un impuesto adicional por hectárea regada, con capacidad de orientar políticas hacia la sostenibilidad agraria
Llevo muchos años insistiendo en lo importante que es interpretar bien, en todos sus componentes, la crisis ambiental y la emergencia climática actual. Cuando fui ... docente de elementos de política ambiental, empezaba mis clases aclarando algunas cosas de las principales presiones ambientales globales, como las derivadas de la sobreexplotación de los recursos naturales o del crecimiento demográfico desmesurado. No obstante, con el paso de los años he percibido claramente que una parte importante de los límites ecológicos globales (y locales) sobrepasados y que nos están generando las más graves consecuencias, se centra sobre todo en la contaminación (residuos, emisiones y vertidos), especialmente aquella que afecta a las capas fluidas planetarias (atmósfera y océanos). Efectivamente, las actividades económicas y sus procesos contaminantes han desequilibrado los ciclos biogeoquímicos básicos de nuestro planeta: entre ellos, el ciclo del carbono y su deriva global en el forzamiento radiativo (crisis climática) y el del nitrógeno, con las casi universalizadas crisis locales de eutrofización, como nos ha pasado en el Mar Menor.
Respecto de los combustibles fósiles, el petróleo, al principio se insistía sobre todo en su posible agotamiento y su pico en las extracciones en relación con las reservas. Pero 25 años antes de que se haya planteado en los foros internacionales un abandono progresivo de este recurso energético (con unas decisiones preocupantemente tímidas en la reciente COP28), ya sus dos principales residuos (el CO2 de su combustión o los plásticos de su transformación) nos estaban dando muchísimos problemas locales y globales.
Los límites ecológicos se han superado antes con los residuos del petróleo que por su agotamiento como recurso. Y es que la economía internaliza bastante mejor los mecanismos de asignación (y valoración) de los recursos escasos, que las externalidades o deseconomías derivadas de los residuos o vertidos. Estos últimos, especialmente los difusos, se incorporan a un sistema de relaciones ecológicas subyacente, muy complejo, que es ignorado (o mal comprendido) por la economía. Y sus consecuencias negativas terminan emergiendo y parecen sorprender por inesperados a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto. Pasó con los CFC y el agujero de la capa de ozono y ahora con la crisis climática y los combustibles fósiles.
La lección que podemos extraer de los procesos de eutrofización, como el sufrido por el Mar Menor y su colapso ecológico, es similar. El límite de los regadíos del Campo del Cartagena no se sitúa tanto en la disponibilidad de más agua (o más terrenos a transformar en regadíos intensivos) como en la capacidad de sistema ecológico subyacente (cuenca de drenaje, acuífero y complejo lagunar del Mar Menor) de absorber o metabolizar sus residuos (los nutrientes excedentarios entre otros). De hecho, en el debate del papel del acuífero cuaternario en esta problemática, el tema es complejo y a veces antiintuitivo, pues cuando más se extrajo agua del mismo (para desalobración) más se incrementó la entrada de nutrientes en la laguna (los vertidos de salmueras, con muchísimos nutrientes).
Estoy convencido de que ese pulso adicional de nutrientes ocurrido entre 1995-2015, que supuso esa desalobración hipertrofiada y descontrolada, fue la causa final del colapso del Mar Menor. Una tragedia de los bienes y servicios ecosistémicos comunes donde la tutela administrativa e institucional fracasó estrepitosamente. Y mientras, la administración ambiental regional, en proceso acelerado de miniaturización temeraria, sanciona a estas empresas que usaron irregularmente la desalobración con una multa equivalente al coste de desnitrificar sus salmueras. Un error e incongruencia gravísimos. Una tasa (el mero coste del servicio) no puede confundirse nunca con una multa, ni con un impuesto, mucho más elevados. Es contrario a la legislación ambiental actual especialmente en lo relativo a la responsabilidad ante daños y desastres ecológicos. El regadío es la única actividad contaminante que no tiene que pagar nada por sus vertidos. Nosotros pagamos nuestra recogida y gestión de la basura o de las aguas residuales y las industrias o el comercio lo mismo. Pero no el sector agrario. Debería haber una tasa anual de desnitrificación, además de un impuesto adicional por hectárea regada (los impactos no sólo son los de los nitratos), con capacidad de orientar políticas hacia la sostenibilidad agraria, y una contribución especial más alta (equivalente a una multa por autoría) asociada al colapso del Mar Menor y su parte de responsabilidad en la restauración ambiental de la laguna y sus externalidades económicas, que son muchas: unos 600 millones de inversiones públicas y unos efectos económicos de al menos 4.150 millones de euros, en el patrimonio urbano-turístico.
Todo esto sin contar los impactos en la pesca o en la biodiversidad (según una contabilidad nuestra reciente, por ejemplo, cada hectárea regada acabó de media con 16 millones de moluscos de la laguna durante los años del colapso, cerca de un billón, con b, de ejemplares en total). Por el contrario, percibo en la Administración central un grado de compromiso y capacidad resolutiva más elevado de lo habitual, lo que me hace tener una mirada algo más positiva de lo que correspondería con los datos en bruto, y eso que mi militancia ambiental me exige siempre un cierto optimismo por imperativo legal. Y todo ello a pesar de que se arrastran algunas deficiencias, sombras o dificultades pues, como diría mi apreciado Billy Wilder, nadie es perfecto.
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