La verdad incómoda del sistema de pensiones en España

El sistema está quebrado, aunque no haya explotado del todo. Y no es por una decisión política puntual, ni por una mala racha económica, ni por conspiraciones ideológicas. Es, sencillamente, porque las cuentas ya no salen.

Cada año, ya son más de 200.000 millones de euros los que se destinan a pagar pensiones. Es, con diferencia, la mayor partida de gasto público. Los ingresos por cotizaciones crecen, y bastante, pero los gastos lo hacen aún más rápido, impulsados por la indexación al IPC y, sobre todo, por la jubilación masiva de la generación del baby boom. 14 millones de personas nacidas entre 1958 y 1977 que están empezando a retirarse y que lo seguirán haciendo, de forma creciente, hasta bien entrados los años 2040.

Es una tormenta perfecta: muchos jubilados, largas carreras de cotización (y, por tanto, pensiones altas), pocos trabajadores en activo, empleo precario, sueldos bajos y una natalidad en caída libre. La OCDE advierte que en 2050 España será el segundo país del mundo con mayor ratio de dependencia, solo por detrás de Japón, 76 mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar. Hoy son solo 30. Basta este dato para entender la gravedad del asunto.

Ante este escenario, el Gobierno, cualquiera que sea, solo tiene dos caminos: o actúa a tiempo, o se resigna al colapso. De momento, ha optado por una vía intermedia: retrasar el gasto. ¿Cómo? Introduciendo fórmulas que permiten o incentivan que la jubilación no sea un corte brusco, sino una transición: retiro activo, jubilación parcial, demorada, reversible… nombres diferentes para una misma idea, o sea, estirar el tiempo de actividad y, por tanto, aplazar el pago completo de la pensión.

No se trata de un proyecto ideológico. Es pura supervivencia contable. Ya en abril entraron en vigor medidas que permiten trabajar con jornada reducida pactada con la empresa, o reincorporarse temporalmente al mercado laboral una vez jubilado, sin perder el derecho a una parte de la pensión. También se han reforzado los incentivos a quienes voluntariamente retrasen su jubilación, con bonificaciones en la pensión o pagos únicos de entre 5.000 y 12.000 euros.

¿Son soluciones estructurales? No. Son medidas de contención. Parches. Maneras de ganar tiempo. Porque, en el fondo, lo que el sistema necesita es mucho más profundo, necesita una revisión integral de su diseño, y, sobre todo, de su sostenibilidad. Y eso implica tocar el tabú mayor: la fórmula de revalorización de las pensiones.

Desde 2023, las pensiones suben conforme al IPC. Suena justo, incluso progresista. Pero es insostenible en un modelo que gasta más de lo que ingresa. Si la inflación sube un 3%, las pensiones suben un 3%. Aunque no haya dinero para cubrir esa subida. Se recorta de otro sitio. Se tira de deuda. Se carga sobre los hombros de los jóvenes. Y eso, a la larga, no es justicia intergeneracional. Es egoísmo camuflado de solidaridad.

Aquí es donde surgen las críticas. «Queréis recortar nuestras pensiones.» «Solo pensáis en los futuros jubilados, cuando los actuales también hemos trabajado duro.» «Esto es una confabulación contra los mayores.» Pero no. No lo es. Quienes pedimos que se revise el sistema no estamos atacando a nadie. Estamos intentando salvar algo que, de lo contrario, se hundirá con todos dentro.

No podemos pedir a las generaciones futuras que sostengan un sistema que ya no se aguanta. Muchos jóvenes hoy encadenan empleos temporales, sueldos bajos y cotizaciones mínimas. Y, aun así, se les exige financiar pensiones generosas para quienes, en muchos casos, disfrutaron de un mercado laboral más estable, con carreras largas y salarios más dignos. ¿Qué legitimidad tiene eso? ¿Qué sentido de la justicia?

La verdadera traición no es cuestionar el sistema. Es fingir que no pasa nada. Es asegurar que todo está bajo control, cuando no lo está. Es firmar cheques sin fondos en nombre del bienestar social. Lo egoísta no es hablar de sostenibilidad. Lo egoísta es mirar solo al corto plazo, aferrarse a privilegios presentes y desentenderse de las consecuencias futuras. Los miembros de nuestro grupo Los Espectadores somos todos pensionistas, deseamos que nuestra pensión se revalorice tanto como sube el IPC, pero también deseamos que nuestros hijos y nietos, cuando les llegue el momento, puedan percibir una pensión digna.

Y, además, hay margen para soluciones razonables. No se trata de congelar todas las pensiones, ni de empobrecer a quienes ya cobran poco. Se puede mantener la revalorización del IPC para las pensiones mínimas o bajas, y establecer topes para las altas. Se puede diseñar una fórmula mixta que tenga en cuenta el crecimiento económico y la inflación. Se puede repartir el ajuste de manera equitativa. Pero lo que no se puede seguir haciendo es negar el problema o disfrazarlo de reforma.

Hablar de esto en voz alta no es una amenaza. Es un deber. Y si algunos se sienten incómodos con esta conversación, quizá es porque la realidad que describimos, por dolorosa que sea, es cierta. La verdad no confabula. La verdad no ataca. La verdad, simplemente, incomoda. Pero a veces, incomodar es la única forma de despertar.

No estamos defendiendo nuestros intereses como pensionistas. Estamos defendiendo el futuro del sistema para todos. Porque si no se cambia nada, llegará un día en que no haya nada que repartir. Y entonces, quienes hoy nos acusan de alarmistas quizá entiendan que solo tratábamos de evitar lo inevitable.