El Partido Popular, peones de Vox y verdugos de la dignidad
En la Región de Murcia acaba de representarse una de esas tragicomedias políticas que dan entre risa y vergüenza. Una escena tan bochornosa que cuesta ... creer que haya tenido lugar en el siglo XXI y no en una mala parodia de los años más grises del franquismo. El Partido Popular, al frente del Gobierno regional, se ha bajado los pantalones, sin metáfora ni disimulo, ante Vox, ese partido cuya brújula moral apunta con fiereza a los más vulnerables, y cuya única estrategia parece consistir en gritar fuerte y amenazar más.
Los hechos son bien conocidos: el Gobierno regional había aprobado la compra de viviendas públicas para alojar a menores inmigrantes no acompañados, los tristemente famosos «menas», convertidos por la ultraderecha en espantajo electoral, cumpliendo la ley y usando fondos europeos destinados a tal fin. Nada más publicarse la orden en el Boletín Oficial, bastaron unas cuantas pataletas en X (antes Twitter) de Santiago Abascal y su homólogo regional, el siempre aguerrido José Ángel Antelo, para que el Ejecutivo del PP pusiera el freno de mano con tal urgencia que aún se oyen chirriar los neumáticos del sentido común.
La escena fue patética: la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, compareciendo con cara de «me han reñido» para explicar que todo había sido un error, que no volvería a pasar, que ellos no trabajan para colectivos específicos y que el BOE ese se coló por descuido. Como si un documento oficial de semejante calibre se publicara por accidente, como si a alguien se le escapara el dedo en el teclado y de pronto destinara siete millones de euros a comprar viviendas.
El resultado: Vox impone su criterio xenófobo con una facilidad pasmosa, el PP asiente como alumno dócil y la política regional queda al nivel de vodevil. Porque aquí no se discute si se está a favor o en contra de la inmigración. Aquí lo que se ha dilapidado es la dignidad de una administración pública que prefiere arrodillarse ante su socio ultra con tal de aprobar unos Presupuestos. Se puede debatir sobre modelos migratorios, se puede incluso criticar la eficacia de algunas medidas, pero lo que no es de recibo es que se ultraje a menores desamparados por miedo a perder una votación.
Y lo más grotesco es el tono de la rectificación: «No volverá a suceder», dijo la consejera, como si en lugar de defender un derecho estuviera confesando una fechoría. ¿No volverá a suceder qué, señora Ruiz? ¿Que su Consejería actúe conforme a la ley? ¿Que se intente dar un techo a niños que han cruzado medio mundo huyendo del hambre o la guerra? ¿Que se cumpla el deber institucional de proteger al menor?
Esto no es gobernar. Esto es obedecer. Y no a los ciudadanos, sino a los caprichos de un partido que utiliza el chantaje presupuestario como herramienta de imposición ideológica. Vox no gobierna formalmente, pero en la práctica marca la pauta. Decide qué se publica, qué se borra, a quién se ayuda y a quién se abandona. El PP ha dejado de ser un partido con criterio para convertirse en una marioneta cuyos hilos mueven los voceros del odio.
¿Y qué pasa ahora con los 60 menores del centro de Santa Cruz, que va a cerrarse por exigencia de Vox? ¿Se les dejará en la calle? ¿Se improvisará alguna solución exprés con tal de no molestar a los ciudadanos del «no en mi barrio»? ¿O se aplicará alguna de esas fórmulas mágicas de «retorno voluntario» que suenan tan bien en la teoría pero tan mal en los Derechos Humanos?
La excusa de «evitar una crisis presupuestaria» no se sostiene ni con alfileres. Porque los Presupuestos no son un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar la vida de la gente. Y si para aprobarlos hay que sacrificar valores básicos como la protección del menor o el respeto a los compromisos sociales, entonces no merecen ser aprobados. ¿A qué precio se vende la dignidad institucional? ¿Por cuántos millones se puede comprar el silencio ante el abuso?
Esta es la imagen que ofrece hoy el PP murciano, un partido dócil, temeroso, dispuesto a pedir perdón por haber tenido un arranque de humanidad. Un partido que rectifica cuando se equivoca, pero también cuando acierta, si al otro le molesta. Una derecha que se deja humillar sin rechistar por quienes entienden la política como un desfile de fuerza bruta y prejuicio.
Lo sucedido esta semana no es un mero desliz. Es un síntoma. Es el retrato de un Gobierno débil, rehén de un socio con alma de inquisidor, dispuesto a todo salvo a levantar la voz. Si esto pasa en una comunidad autónoma, ¿qué no pasaría en un Gobierno nacional PP-Vox? ¿Feijóo haciendo de maestro de ceremonias mientras Abascal reparte decretos con el logo del yugo y las flechas?
Los hechos son testarudos, y este hecho clama al cielo. Porque no se trata de un simple «repliegue técnico». Se trata de dejar claro a quién se teme y a quién se desprecia. Hoy, en Murcia, los únicos que han dormido tranquilos son los líderes de Vox. Los menores inmigrantes, en cambio, sabrán que aquí su techo depende del capricho del matón del patio.
Y lo más triste: en esta historia, los pantalones del PP no son lo único que ha caído al suelo. También lo ha hecho, con estrépito, la dignidad política.
Los integrantes del Grupo de Opinión «Los Espectadores» son:
Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. Garcia de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, Bernardo Escribano, Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortíz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.
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