El asalto silencioso a la unidad nacional

Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, el orden constitucional ha sido minado de manera sigilosa pero implacable. La amnistía a los golpistas del proceso catalán es el golpe más flagrante a nuestro Estado de derecho. No se trata de una simple medida de gracia; es una cesión política que otorga impunidad a quienes desafiaron la unidad de España y violaron la ley, con el objetivo de fracturar nuestra nación. La concesión de la amnistía es un mensaje devastador, el mensaje de que, cuando un delito alcanza una relevancia política suficiente, puede quedar impune, si con ello se asegura una mayoría parlamentaria.

Pero este no ha sido el único asalto a la Constitución. La posibilidad de conceder a Cataluña un cupo financiero similar al vasco, supone una ruptura con el principio de solidaridad interterritorial. Mientras los ciudadanos del resto de España cumplen con sus obligaciones fiscales dentro de un sistema común, Cataluña podría recibir un trato privilegiado, que agravaría las desigualdades económicas entre regiones. Esto no es federalismo ni descentralización, sino un privilegio concedido a costa de la equidad nacional.

Por si fuera poco, la cesión de la gestión de las fronteras a la Generalidad catalana es una claudicación inadmisible en materia de soberanía nacional. La seguridad de las fronteras de un Estado es una competencia esencial del gobierno central. Delegarla en un ejecutivo autonómico, con intereses separatistas, es un acto de irresponsabilidad sin precedentes. ¿Qué será lo siguiente? ¿Un cuerpo diplomático catalán con reconocimiento internacional? ¿Un ejército propio?

El horizonte es todavía más sombrío si se confirma la creación de un Tribunal Supremo Catalán. La justicia es uno de los pilares fundamentales del Estado, y la existencia de un tribunal supremo autonómico con capacidad para interpretar el derecho a su antojo, supondría un desafío directo al Tribunal Supremo de España. Sería el preludio de una independencia de facto, en la que Cataluña se regiría por sus propias normas, al margen de la legalidad nacional.

El último acto de esta deriva suicida sería la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. A pesar de que la Constitución es clarísima en este punto (España es una nación indisoluble), el gobierno de Sánchez ha ido allanando el camino para lo que hasta hace poco era impensable: una votación para romper la unidad del país. Hoy se niega, pero ya sabemos que las cesiones se presentan primero como imposibles, luego como inevitables y, finalmente, como un supuesto triunfo del diálogo. La autodeterminación es un suicidio nacional que pondría en peligro la viabilidad de España tal y como la conocemos.

Todo esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué España heredarán nuestros nietos? ¿Conocerán la nación que nosotros hemos vivido y amado, o despertarán en un país fragmentado, débil y sometido a los intereses de los que solo buscan su beneficio personal? La unidad nacional no es solo una cuestión territorial, sino también económica y política. Una España desmembrada perdería peso internacional, sufriría un declive económico irreversible, y se convertiría en un mosaico de repúblicas enfrentadas y empobrecidas.

No podemos permitirlo. La senda de la sensatez exige resistencia, determinación y valentía. Debemos levantar la voz, denunciar estas tropelías y exigir a nuestros representantes que dejen de jugar con la estabilidad del país. La Constitución de 1978 no es un papel mojado, que pueda reescribirse al antojo de quien esté en el poder. Es el pacto de convivencia que nos ha permitido progresar, y su defensa es un deber ineludible para todos los que creemos en la España que nuestros padres nos legaron y que queremos entregar, intacta y fuerte, a nuestros descendientes.

Los integrantes del Grupo de Opinión Los Espectadores son:

Bernardo Escribano Soriano, Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. Garcia de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortíz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.