El ultimátum de Pedro Sánchez

Durante cinco años y medio, el PP ha convencido a muchos españoles de que su actitud de obstaculizar la renovación del CGPJ era no sólo la correcta, sino también la adecuada y conveniente para que Pedro Sánchez no controlase la judicatura; o bien porque Pedro Sánchez no es de fiar, por haber reformado el Código Penal para favorecer a los separatistas; o bien, por otras diez o doce excusas más que se han ido esgrimiendo sucesivamente, cada vez que se pensaba que el pacto de renovación estaba prácticamente cerrado. Con el paso de los años, el ala dura del partido sostiene que con Sánchez no se puede negociar nada en absoluto. Y esto refuerza la actitud obstruccionista.

En todo caso, aún para los más acérrimos seguidores del PP, debería parecer evidente que este bloqueo durante cinco años y medio de la renovación del CGPJ resulta políticamente inmoral, y judicialmente pernicioso. Políticamente inmoral, porque significa mantener una mayoría en el Consejo por parte del PP que no se corresponde con las mayorías parlamentarias actuales. Y judicialmente pernicioso, porque este bloqueo ha determinado que queden sin cubrir muchas plazas del Tribunal Supremo y de otros órganos judiciales colegiados, con el menoscabo que esto implica para la eficacia de la administración de Justicia.

Ante esta situación, si, pese a esa parafernalia exigida por el PP de que intervenga la Comisión de la Unión Europea, llegase el 30 de junio y no hubiese acuerdo, ¿qué podemos suponer que haría Pedro Sánchez para hacer efectivo su ultimátum?

1. Lo que no va a hacer, en mi opinión, es modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que «los jueces elijan a los jueces», como exige el PP. El actual sistema de elección fue establecido en 2013 por Mariano Rajoy, que contaba con la mayoría absoluta en el Parlamento. Eligen las Cortes, pero sólo entre los candidatos que le propongan los miembros de la Judicatura, fundamentalmente a través de las asociaciones. Lógicamente, el PSOE se va a oponer a cambiar las reglas del juego a mitad del partido.

2. Lo que tampoco debería hacer el Gobierno es proponer una reducción de las mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los miembros del CGPJ, pasando de la mayoría cualificada a la mayoría simple. Esta reforma podría no ajustarse a la Constitución, como ya advirtió el Tribunal Constitucional en la década de los ochenta del siglo pasado. Tampoco gustaría mucho en la Unión Europea. En todo caso, se podría establecer una 'segunda vuelta' con mayoría simple, para evitar precisamente el abuso que supone el bloqueo por una minoría parlamentaria.

3. Tampoco sería conveniente quitarle al CGPJ sus competencias para nombrar a los miembros del Tribunal Supremo y a otros altos cargos de órganos judiciales colegiados. Esto sería una invasión de la independencia del Poder Judicial. Pero lo que sí puede hacer el Parlamento es reformar la LOPJ para configurar de nuevo esas competencias. Hasta ahora, la ley habilita esas competencias como «discrecionales». El Consejo goza de amplia libertad para designar a quien considere conveniente. En la práctica, esto ha supuesto un reparto entre los grupos ideológicos: si se nombraba a un magistrado progresista, a renglón seguido se nombraba a uno conservador. Ahora bien, si las competencias del Consejo se habilitaran por la ley como 'regladas', sus decisiones tendrían que ser objetivas, en virtud de méritos objetivados y baremados de cada uno de los aspirantes. Así funcionan desde hace años los ascensos y traslados en otras ramas de la Administración pública. El margen de discrecionalidad sería inexistente, y el riesgo de arbitrariedad, nulo. En base a la aplicación de esos baremos objetivos, las decisiones del Consejo serían impugnables precisamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

4. Si, en cumplimiento de su ultimátum, Pedro Sánchez optase por ese camino, ello implicaría dos ventajas: la primera, que el CGPJ dejaría de ser objeto de deseo por parte de los partidos políticos. Ya no les merecería la pena luchar por un órgano cuyas decisiones no fuesen discrecionales, sino regladas. Y, la segunda, se objetivaría la carrera judicial. Un magistrado que aspirase a llegar al Tribunal Supremo, o la Presidencia de un órgano judicial colegiado, no se vería en la necesidad de afiliarse a una asociación, ni de manifestarse como conservador o como progresista, ni de adular a ningún dirigente político. Sólo se tendría que preocupar por llegar a alcanzar méritos profesionales objetivos.