El problema social de la vivienda
Así me parece ·
Se necesita cierta lealtad institucional para solucionarlo; tendrían que ponerse de acuerdo el Gobierno central, las comunidades y los municipios
Y a en las novelas de Benito Pérez Galdós se constataba el problema de la carestía de la vivienda. La figura del 'casero' era un ... personaje peculiar, y muchas veces odioso. Después de la Guerra Civil, hubo importantes desplazamientos demográficos. Desde las zonas rurales, muchos emigraron a los núcleos urbanos. En las ciudades se incrementó el problema de la vivienda. El régimen de Franco tomó dos medidas importantes: por un lado, fomentó la construcción de viviendas de protección oficial. Por otro lado, la Ley de Arrendamientos Urbanos, de 24 de diciembre de 1964, favorecía al inquilino, a costa del propietario, al reducir las posibilidades de elevación de renta y de extinción del contrato por el transcurso del plazo de duración. Con esta ley, arrendar viviendas no era un buen negocio para el propietario.
Fue el socialista Miguel Boyer el que impulsó el Real Decreto Ley 2/1985, que liberalizó los arrendamientos urbanos, suprimiendo la prórroga forzosa, de tal modo que volvía a ser un buen negocio el arrendamiento de viviendas. A partir de ese momento, muchos pequeños ahorradores decidieron invertir en la compra de una o dos viviendas para destinarlas al arrendamiento, y de este modo asegurarse unas rentas complementarias en su jubilación.
En la actualidad, la situación es compleja. Los propietarios de viviendas para arrendar están enfadados con el Gobierno de Pedro Sánchez. Seguramente por influencia de los comunistas de Podemos y de Sumar, se han aprobado medidas que dificultan la libertad del mercado de arrendamiento de viviendas. Al establecer el requisito de acreditación de vulnerabilidad, resulta más difícil el desahucio por falta de pago. Y algunos arrendatarios han decidido no pagar la renta. Y tanto es así, que la oferta de viviendas de alquiler ha disminuido. Si el propietario no tiene seguridad jurídica, no alquila. Esto explica también que muchos hayan optado por las viviendas turísticas. Pero es que, además, paradójicamente, los efectos de estas medidas han sido la subida de los alquileres. En algunas zonas, de modo exagerado. Al disminuir la oferta, los precios suben. Lo que ha originado el enfado de muchas personas, jóvenes y menos jóvenes, que no cuentan con recursos para comprar una vivienda, y no tienen lo suficiente para pagar la renta del arrendamiento.
El problema social es grave. Pero me temo que, tal y como están las cosas, su solución política sea poco menos que imposible. En efecto:
1. No creo que se solucione nada con la estricta aplicación de la reciente Ley de la Vivienda. Declarar determinadas zonas tensionadas, para a continuación limitar desde el poder político la renta de los alquileres, se está haciendo solo en Cataluña. Y cuesta creer que vaya a dar resultado. Se trata de una intervención en los mecanismos del mercado propia de una economía centralizada, soviética, que se ha comprobado que a la larga lleva a la ruina. Porque, si se aplica a rajatabla, disminuye la oferta. Pocos propietarios tendrán interés en arrendar en estas condiciones. Y, si no se aplica a rajatabla, surgirá el mercado negro: la renta formal pactada será una, pero habrá una renta real que se pagará con dinero negro. Intervenir el mercado tiene este inconveniente: la libertad huye de restricciones.
2. La solución sería que los poderes públicos incrementasen la oferta de viviendas en venta o en alquiler. Ello implicaría aplicar dos técnicas: una, de fomento, resucitando los incentivos y subvenciones para la construcción de viviendas de protección oficial. Y otra, de servicio, incrementando el parque público de viviendas. Los poderes públicos tienen que intervenir en los mercados. Esto lo admitimos hasta los liberales recalcitrantes. Pero siempre que los poderes públicos se ajusten a las leyes del mercado: se trata de aumentar la oferta para que se reduzcan los precios de las viviendas.
3. La articulación de esta solución requiere, por un lado, que el Estado invierta fondos públicos en la adquisición de suelo, en la construcción y en las subvenciones e incentivos a la iniciativa particular para la construcción y venta de viviendas de protección oficial. Ocurre, sin embargo, que el Gobierno de Sánchez es actualmente incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales en los que se prevean los gastos necesarios. Y hace el ridículo ofreciendo 200 millones para subvencionar las compras.
Pero, por otro lado, las comunidades autónomas y los municipios han de crear suelo urbano, y también deberían colaborar creando sus propios parques públicos de viviendas. Pero la mayoría de las comunidades autónomas y de los grandes municipios están gobernados por el PP. Y no parece que estén dispuestos a colaborar.
4. Se necesita cierta lealtad institucional para intentar solucionar el problema de la vivienda. Tendrían que ponerse de acuerdo el Gobierno de la nación, los de las comunidades autónomas y los de los municipios. La Sentencia 152/1988, del Tribunal Constitucional ya decía que, para satisfacer el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución Española, los poderes públicos han de cumplir «los principios de colaboración y solidaridad y, en definitiva, una exigible actitud de lealtad institucional».
Sinceramente, echo de menos esa «exigible lealtad institucional».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
