La deseable independencia del gobernador del Banco de España

Si consideramos que su estatuto legal reconoce su autonomía respecto a la Administración General del Estado en el desempeño de sus funciones, y que el mandato de su gobernador es de 6 años, sin posibilidad de renovación ni de revocación, y que cuenta con una amplia plantilla con personal técnico altamente cualificado, y con una estructura organizativa en la que, aparte de un subgobernador, hay una Comisión Ejecutiva y un Consejo de Gobierno, algún ingenuo podría pensar que la independencia del organismo estaba garantizada. Pero la realidad es bien distinta, porque hay algún ejemplo referido a cómo el perfil del gobernador puede influir en muchos aspectos, como puede ser el de asesorar al Gobierno o realizar los informes y estudios que resulten pertinentes. El más representativo es el de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que presidió el Banco entre 2006 y 2012, y no supo sustraerse a su condición de afiliado a la Federación Socialista madrileña, ni tampoco a su pertenencia a distintos gobiernos socialistas: secretario de Estado de Economía y Comercio con Felipe González, y secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos con Zapatero. No supo ver con la anticipación necesaria la profunda crisis de esa época y se esforzó por negarla primero, y minimizarla después, a pesar de que los estragos causados en la economía eran ya más que evidentes.

El actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, presenta un perfil exclusivamente técnico, sin conocida afiliación política. Licenciado en Derecho y doctor en Economía, ha sido profesor de la Universidad Carlos III, y desempeñado puestos de responsabilidad en distintos organismos, entre ellos en el propio Banco de España, pero sin haber participado en el Gobierno de Rajoy. Precisamente por ello, llaman la atención las recientes declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (cuyo escueto currículum académico se limita a la licenciatura de Derecho), desautorizando al gobernador del Banco de España para opinar sobre empleo, salario y pensiones, pretendiendo ignorar que esa labor está recogida expresamente dentro de sus competencias. Y es que cuando las previsiones y recomendaciones del Banco de España no coinciden con el manual propagandístico del Gobierno, surge el nerviosismo dando la impresión de que, acostumbrados a los comportamientos serviles de algunos organismos, como los del CIS, con un presidente con carnet del partido, pretendieran trasladarlos a organismos mucho más serios e importantes.

Es una realidad que todos los organismos internacionales, como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, hacen previsiones, no siempre acertadas, sobre nuestro país, dando lugar a frecuentes revisiones, lo que no hace sino evidenciar la complejidad de ponderar todos los datos e indicadores intervinientes. Pero los profesionales, y los que habitualmente seguimos la evolución de las magnitudes económicas: inflación, PIB, etc., antes que las previsiones del Gobierno, nos fiamos de las del Banco de España, o de las del Servicio de Estudios del BBVA, que viene demostrando una notable capacidad de acierto, derivada posiblemente de su reconocida independencia.

El perfil del actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato expira en 2024, parecido al de sus antecesores, Jaime Caruana (2000-2006) y Luis María Linde (2012-2018), parece mucho más adecuado porque al no prestarse a complacer al Gobierno de turno, afianza la credibilidad e independencia de la institución, y de ahí la conveniencia de respaldar la labor que viene desarrollando hasta la fecha.