La demagogia fiscal de la izquierda

Los 110 millones de euros que aproximadamente supondría la incidencia de la supresión del Impuesto del Patrimonio en Andalucía, decisión legitimada por la mayoría de los andaluces que votaron el programa de Moreno Bonilla, que expresamente la incluía, ha llevado al Gobierno y a la izquierda en general a denunciar en tromba la inevitable incidencia que, según ellos, supondría en diversos servicios públicos (sanidad, educación, etc.), obviando que en demostradas ocasiones la bajada de impuestos ha generado una mayor recaudación. Curiosamente, semejante preocupación no la ha generado la reciente donación del Gobierno a la fundación de Bill Gates por un importe superior, ni las consecuencias negativas que para esos servicios haya podido suponer la no recuperación de los más de 600 millones de euros de los ERE fraudulentos.

Si ningún país de la Unión Europea mantiene el Impuesto del Patrimonio, por convincentes y poderosas razones, no estaría de más que la izquierda aportase alguna que no fuese la confiscatoria, que es la que injustamente vienen sufriendo los contribuyentes afectados, ni la llamativa apelación patriótica del exministro Salvador Illa, máximo responsable del PSC.

La cantinela demagógica de que paguen más los que más tienen pretende ignorar lo recogido en el artículo 31.3 de nuestra Constitución: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio». En la práctica, es una realidad contrastada la existencia de esa progresividad, dado que es la capacidad económica la que determina quién debe o no contribuir y en qué medida (el IRPF con tramos que oscilan del 19% hasta el 47% es un buen ejemplo de ello). Paralelamente, se sigue ocultando sistemáticamente la cuantificación de las can- tidades que reciben los más desfavorecidos, de los que están excluidas las clases medias (ayudas para becas de estudio, ayudas para la dependencia, ayudas para guarderías, exención de determinadas tasas, etc), evitando así que se visualicen las aportaciones netas de cada colectivo.

Las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda suelen caracterizarse por tener una elevada fiscalidad y una gestión mejorable en donde el despilfarro en el gasto tiene frecuente cabida. A la cabeza se encuentra la Generalitat de Cataluña, con una clara deriva en los gastos de orientación identitaria (los gastos de las embajadas y las numerosas subvenciones a las organizaciones nacionalistas son ciertamente relevantes). La Comunidad Valenciana sabe también muy bien del derroche al haber resucitado la televisión regional con una gran inversión que no se corresponde con su irrelevante cuota de audiencia, y encima, su presidente, Ximo Puig, insta al presidente Sánchez para que penalice a las autonomías gobernadas por el Partido Popular, para verse luego obligado a hacer seguidismo de alguna de las propuestas de Feijóo.

Capítulo aparte merecen las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y de la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, cuando hablan de armonización fiscal, que hasta los más ingenuos saben que oculta la pretensión de igualar los impuestos por arriba, eso sí, olvidándose deliberadamente de la situación de los regímenes forales que, aunque legitimados por la Constitución, no parece que sean un buen ejemplo de solidaridad, como evidencia la negociación del cálculo del cupo vasco.

Sigo echando de menos un mayor esfuerzo por parte de instituciones no gubernamentales (universidades, servicio de estudios de las entidades bancarias y de otros reconocidos organismos) para elaborar, con criterios exclusivamente técnicos, una descripción actualizada, objetiva y completa de la situación real de la fiscalidad en nuestro país en comparación con la de los países de nuestro entorno europeo, profundizando en las diferencias entre presión fiscal y ahorro fiscal, en donde la economía sumergida supone un elemento distorsionador. Resulta, por otra parte, significativo que el Gobierno, en el debate que de forma desordenada ha pretendido abrir, no se refiera a la tarea de reducir significativamente esa economía sumergida tan notable en nuestro país, ni a combatir mejor las bolsas de fraude a través de una labor inspectora equilibrada y eficiente. Parece que resulta mucho más cómodo activar el botón de la subida de impuestos a pesar de que pueda resultar ineficaz y, sobre todo, injusto para todos aquellos contribuyentes españoles que vienen cumpliendo regularmente sus obligaciones fiscales.

Disponer de estudios rigurosos disminuiría la posibilidad de que los distintos partidos intenten manipular la realidad, aunque es de esperar que seguirán utilizando solo aquellos datos favorables a sus tesis. A partir de ahí, cada gobierno podrá optar por ofrecer sus recetas y responsabilizarse del éxito o no de las mismas ante sus ciudadanos, sabiendo que la inseguridad jurídica en esta materia suele ser perjudicial, pero, también, que situaciones como la presente requieren medidas ex- traordinarias. Las más recientes y llamativas han sido las adoptadas por la premier británica, Liz Truss, con una rebaja histórica de impuestos por valor de 50.000 millones de euros, dirigida a los ciudadanos y a las empresas, cuyos efectos deberán valorarse en los próximos meses y que son un contrapunto al goteo de medidas del Gobierno de Sánchez, muchas veces improvisadas o forzadas por sus socios.

Si bien es cierto que en un contexto de grave incertidumbre no es recomendable colocar el debate fiscal en una batalla política con tintes electorales, no se corresponde siempre con la realidad el que los impuestos que pagamos determinen directamente los servicios que recibimos, como sostiene un reciente editorial de un medio de comunicación próximo al Gobierno, como si la influencia de la ideología o de la gestión fuesen inexistentes.