El chantaje separatista
ASÍ ME PARECE ·
Dice Pedro Sánchez que ahora la situación de Cataluña es mejor que en 2017. Claro que sí, porque les ha dado todo lo que pedíanLos españoles no podemos seguir viviendo con la permanente amenaza de los separatistas catalanes de que lo volverán a hacer. Lo ocurrido en septiembre y ... octubre de 2017 fue muy grave. Se puso en riesgo la integridad territorial de España, pero también los cimientos de la Constitución, y la paz, la libertad y la democracia en la que hemos vivido más de cuarenta años. Pero, ¿qué hacer?, ¿cómo podemos evitar que esto se repita?, ¿cómo podemos garantizarles a nuestros hijos y a nuestros nietos otros cuarenta años de unidad, paz, democracia y libertades?
Los socialistas reprochan al PP que no ofrezca proyecto alguno para solucionar el conflicto con los separatistas. Y este reproche está fundado. ¿Qué propone el PP en relación a Cataluña, además de descalificar a Pedro Sánchez por su pacto con Izquierda Republicana? Se dice que, si lo vuelven a intentar, aplicaríamos de nuevo el artículo 155 de la Constitución, y que otra vez procesaríamos y encarcelaríamos a los dirigentes separatistas. Pero, de verdad, ¿alguien cree que esto es una solución para el separatismo catalán? Más represión, más encarcelamientos, ¿no se exacerbarán más aún los ánimos separatistas?
Claro que, en mi opinión, tampoco el PSOE tiene un proyecto para solucionar el problema y, por lo tanto, carece de legitimación para reprocharle nada al PP. Dice Pedro Sánchez que ahora la situación de Cataluña es mejor que en 2017. Claro que sí, porque Sánchez ha cedido al chantaje separatista, y les ha dado todo lo que pedían. No es un proyecto para Cataluña indultar a los condenados por los sucesos de septiembre-octubre de 2017. Esto es solo ceder al chantaje, pero no es un proyecto de futuro. Y no es un proyecto de futuro esa amnistía, encubierta y de facto, que ha supuesto la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas del delito de malversación. Se ha cedido para que se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado y otros proyectos legislativos. Y eso es una muy discutible operación política, pero no es en absoluto un proyecto para resolver el problema del separatismo. Además, ceder a este chantaje es inútil. Cuanto más se les da, más quieren. El mismo día en que se perpetraba el disparate jurídico de reformar el Código Penal a gusto de los separatistas, Pere Aragonès declaraba que su objetivo era el referéndum de autodeterminación, para alcanzar la independencia. Ceder al chantaje es echar más leña al fuego.
Entonces, ¿qué hacer? Tenemos dos partidos centrales que ninguno de los cuales es capaz de ofrecernos un proyecto político para neutralizar el separatismo. ¿Es que no nos queda ninguna esperanza?
Reitero una idea, en la que no me cansaré de insistir, aunque a veces tengo la desagradable sensación de que predico en el desierto: necesitamos un pacto de Estado entre el PP y el PSOE para llevar a cabo, en primer lugar, una reforma de la Ley Electoral. Se trataría de que, en el futuro, el Gobierno de la nación no dependiera nunca más del apoyo parlamentario de los separatistas. Estableciendo un sistema de cociente nacional, haríamos justicia con los partidos políticos que se presentan en todo el territorio nacional y que están infrarrepresentados en las Cortes, si comparamos sus votos con los de los separatistas.
Y, en segundo lugar, hay que abordar la reforma de la Constitución de 1978. No serían muchos los artículos a retocar, pero, sin duda, lo más necesario, y lo más importante, es la reforma del artículo segundo de la Constitución y del Título VIII.
Tanto en el PP como en el PSOE hay gente suficientemente inteligente para comprender que el proceso de descentralización autonómica tiene sus límites.
El primer límite es aceptar que, en la construcción del Estado de las autonomías, lo que se ha descentralizado ha sido el poder del Estado, pero no la nación. En España no hay más que una nación, la nación española, que no se descentraliza y que es a quien corresponde, a toda ella, y no a una parte de la misma, decidir sobre su futuro.
El segundo límite es la igualdad de todos los españoles ante los grandes servicios públicos y ante la presión fiscal. La vecindad en un determinado territorio no puede convertirse en factor de desigualdad.
Y el tercer límite es la funcionalidad del propio Estado, que ha de ser gobernable, y tener perfectamente definidas sus competencias, imprescindibles y ni transferibles ni delegables. Aquí hay un amplio margen para el debate. Se puede discutir si el Estado debe recuperar, o no, algunas competencias en materia de educación, cultura y sanidad.
Este pacto de Estado es imprescindible para el futuro de España. No me vale el miedo a 'abrir el melón', ni me vale que se diga que se podría discutir la monarquía. Porque lo que nos estamos jugando en el futuro es mucho más importante que decidir sobre monarquía o república. Lo que nos estamos jugando es nuestra pervivencia como una nación capaz de vivir en paz y en democracia.
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