Anoxia jurídica en el Mar Menor

Fue todo un despropósito jurídico que la Comunidad recurriera la orden del Ministerio que en 2020 redujo el trasvase por el estado del Mar Menor, ... porque con la cabecera del Tajo en nivel 3 la ley concede a la ministra la discrecionalidad para hacerlo si lo motiva. La Audiencia Nacional falló que la orden, en lo jurídico, estaba «debidamente justificada» y obliga al Gobierno regional a pagar costas. Pero no menos temerario es el recurso presentado por el Gobierno central al Constitucional contra dos artículos de la ley regional del Mar Menor, tras recibir un informe solicitado al Consejo de Estado que no aprecia inconstitucionalidad. Los dictámenes de este organismo consultivo no son vinculantes, pero el Gobierno los asume en el 99% de los casos. Esta vez no fue así. El recurso se remitió al TC, que lo admitió a trámite. Los diputados que hoy analizan la ILP en Madrid deben garantizar la máxima seguridad jurídica. Solo faltaba que se aprobara con un dictamen contrario de los letrados y luego se tumbara en el TC.