Un monstruo llamado impunidad
El mismo día en que uno salía de la Casa Blanca y otro entraba, Biden y Trump hicieron un uso abusivo de la prerrogativa presidencial del indulto. En España no podemos dar muchas lecciones en ese aspecto pues la vida política lleva año y medio sometida al chantaje de un líder separatista que busca blindarse frente a la Justicia
El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos. Lo dijo el intelectual y político italiano Antonio Gramsci, muchos años antes de que el orden mundial de la Guerra Fría colapsara y emergiera un escenario geopolítico multipolar que no termina de clarificarse y cuajar. Quienes postulaban en los 90 el triunfo definitivo de las democracias liberales están viendo, por el contrario, cómo la mala gestión política de la crisis financiera de 2008 propulsó las autocracias y mermó la calidad de las democracias. Vivimos tiempos de brumas donde crece la tentación antidemocrática de las élites de buscar la impunidad propia y la de los afines.
Lo hemos visto con estupor esta semana con el uso abusivo que hicieron de los indultos tanto Joe Biden como Donald Trump. El presidente saliente, que aseguró que no se lo concedería a su hijo Hunter tras su condena por delitos fiscales y luego lo hizo, otorgó un indulto preventivo a otros cinco familiares y exmiembros de su administración, pese a que no están investigados por ningún delito, so pretexto que debía protegerlos de hipotéticos procesamientos en el futuro a instancias de un Donald Trump sediento de venganza. Un blindaje para sus familiares que cubre toda actividad desde 2014, seis años antes de convertirse en presidente. Con este uso extensivo del perdón presidencial a acciones no relacionadas con delitos, se desvirtúa esta prerrogativa y sienta un precedente del que podrían aprovecharse futuros presidentes, empezando por Trump, que bien podría usarlo en 2029, para blindarse de cuanto haga durante estos cuatro años.
El nuevo inquilino de la Casa Blanca fue aún más lejos. A las pocas horas de tomar posesión, Trump indultó a los 1.500 radicales, un tercio de ellos ya condenados, que el 6 de enero de 2021 asaltaron el Capitolio para evitar que se certificara la victoria de Biden. Con este perdón a quienes lesionaron a más 140 policías con palos de madera y gas pimienta, el nuevo presidente traslada la idea de que los asaltantes no hicieron nada malo, que la violencia es una forma legítima de expresión política y que quienes buscaban perturbar el traspaso constitucional del poder no deben sufrir ningún castigo, según han recalcado los medios estadounidenses, que le reprochan haber utilizado un indulto masivo al comienzo de su mandato para escribir un capítulo falso de la historia estadounidense y tratar de borrar un crimen cometido contra los cimientos de su democracia. Ahora resulta que el 6 de enero de 2021 no fue un día de violencia política sino «un día de amor», en palabras de Trump. Y los alborotadores que hirieron a decenas de policías en el Capitolio no eran sino «rehenes» encarcelados por su valor. Hay quien relativiza estas hipérboles de Donald Trump, pero la historiadora Heather Cox nos recuerda en su libro 'El despertar de la democracia' que el auge del autoritarismo siempre arranca con el falseamiento del lenguaje y de la historia.
Es difícil superar lo grotesco de este episodio tan dañino para el Estado de derecho y la igualdad ante la ley, pero no hay que mirar muy lejos para ver cómo en torno a la búsqueda de impunidad gira gran parte de la vida política española del último año y medio. Nos podemos poner estupendos criticando lo que ocurre en Estados Unidos, pero esta legislatura nacional está marcada por el alto precio que ha puesto Puigdemont a los siete votos de Junts en el Congreso de los Diputados para librarse de la acción de la Justicia española. Con plena legitimidad, aunque dijo que no lo haría, Pedro Sánchez pactó con nacionalistas y separatistas en el Congreso, a costa de someterse a un chantaje permanente, como lo calificó el viernes la ministra Robles, y a una sucesión de cesiones que no parece tener fin. La derrota infringida esta semana por Junts al Gobierno en el Parlamento es el último aviso de un Puigdemont que no cesará de apretar hasta que pueda volver a Cataluña con la absoluta garantía de que no terminará entre rejas. El precio pagado por ese apoyo de investidura está siendo alto. Empezando por una reforma del Código Penal que acotó el delito de malversación a los casos de enriquecimiento personal y una ley de amnistía para los independentistas que además del borrado de los delitos llevó aparejado una reescritura de la historia del 'procés'. El relato de los hechos descritos en las sentencias condenatorias por el órdago separatista resultó completamente modificado en el preámbulo de la ley de amnistía, que asumió la narrativa independentista del 'procés', acusando al Tribunal Constitucional de no admitir el Estatut en su totalidad y adjudicando al poder judicial un papel relevante en una supuesta persecución a los separatistas.
Visto lo visto, cómo no pensar que también desde La Moncloa se busca desesperadamente impunidad cuando en mitad de la instrucción judicial de los casos que afectan a su esposa, a su hermano y al fiscal general del Estado, Pedro Sánchez plantea reformas para cercenar la acusación popular prevista en la Constitución y avanza una propuesta para modificar el actual sistema de acceso a la judicatura.
