El Supremo archiva la querella del PSOE contra Abascal por afirmar que «el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez»

El PSOE presentó días después ante el Supremo una querella por delito de odio, injurias y amenazas contra el líder de Vox. Ahora, la Sala de lo Penal del alto tribunal la ha archivado al entender que no hubo delito alguno por mucho que aquellas palabras fueran «descarnadas o exageradas». En su resolución el alto tribunal, además, aprovecha para asestar un duro varapalo a los partidos políticos a los que pide acabar con la «indeseable» estrategia actual «amigo-enemigo» y los constantes intentos de las formaciones políticas de involucrar a la justicia en sus refriegas.

El Supremo zanja que no todo lo que puede considerarse inaceptable en términos discursivos y expresivos es «penalmente relevante». Para los magistrados aquellas controvertidas declaraciones deben enmarcarse exclusivamente en la confrontación dialéctica política, en la medida que «patentizan una frontal radical oposición tanto a la persona de Sánchez como a su gestión política». Y ese rechazo, apostilla el auto, no satisface los niveles de antijuricidad penal que reclaman los tipos penales incluidos en la querella.

El tribunal incide en que para valorar si hubo delito o no en las palabras del presidente del partido de ultraderecha hay que analizar con detenimiento aspectos como la capacidad de quien profiere esas expresiones para producir consecuencias perjudiciales, el contexto en el que se emiten, el medio utilizado, o las condiciones de los destinatarios. Y aunque el PSOE insistió en que declaraciones como aquellas alentaron el hostigamiento de su sede en Madrid, la sala afirma que «no resulta posible trazar un pronóstico de que la conducta expresiva del querellado haya generado un riesgo significativo de grave afectación de las bases de la convivencia pacífica o del estatuto de ciudadanía del que son titulares el presidente del Gobierno y los militantes del Partido Socialista».

El alto tribunal abunda en que «no parece compatible con los propios fundamentos del pluralismo político que puedan oponerse límites penales a los discursos de los representantes públicos electos que, aun en términos descarnados o exagerados, pretendan cuestionar y deslegitimar, desde la oposición, la gestión política del Gobierno y de su presidente».

Para el tribunal, el odio es precursor del peligro, pero «su expresión no consume por sí y sin ninguna otra consideración el resultado de peligro abstracto, pero real», que exige el Código Penal. Los magistrados razonan que poner límites como los que pretendía el PSOE en su querella aplicando la «norma penal» podría llevar al «inasumible riesgo en una sociedad democrática de excluir del debate público el discurso extremadamente adverso solo porque pueda estimular, entre los destinatarios, sentimientos de profundo rechazo del adversario político».

«En democracias avanzadas -razona la Sala- los discursos de confrontación entre las fuerzas políticas democráticas, aunque contengan expresiones odiosas, forman parte del espacio del debate público, mereciendo, por ello, protección constitucional».

Y es en ese punto que la resolución incluye una dura crítica a la actual polarización política y el intento de los partidos involucrar a los tribunales en sus refriegas. «Les compete a dichas fuerzas, y no a los tribunales mediante la aplicación de la norma penal, ofrecer a la ciudadanía aquellas razones y propuestas que permitan mitigar o neutralizar la indeseable lógica schmittiana (amigo-enemigo) que, parece, está enmarcando el clima político».

Añade que «cuando las conductas expresivas de los representantes electos se producen en el contexto del debate político y giran sobre la crítica a la gestión del Gobierno de los asuntos de interés general o a las propuestas de gestión que puedan hacerse desde la oposición, resulta extremadamente arriesgado que la norma penal intervenga, a modo de norma de flanqueo, para mitigar los indicadores de hostilidad entre los adversarios políticos que puedan derivarse».

La Sala no aprecia, desde los límites de tipicidad, que el querellado al realizar esa afirmación, referida al presidente del Gobierno, «o valorando a este en los términos morales que se recogen en la querella o calificando la gestión política del Gobierno como un mecanismo de abolición del Estado de Derecho, de asalto de la Constitución, de supresión del Poder Judicial, esté promoviendo, fomentando o incitando a la violencia contra el Presidente del Gobierno y el Partido Socialista en los términos que reclama la intervención penal».

Respecto a los delitos contra el honor, considera que tampoco cabe intervención penal ya que las expresiones descalificatorias del presidente del Gobierno que se afirman empleadas por el querellado «se producen en un contexto de debate político, fuertemente protegidas, por tanto, por los derechos a la libertad de expresión y a la participación política de un cargo representativo democráticamente escogido«.