Illa, un año al frente de la Generalitat sin presupuestos y en guerra por la financiación

Atenazados por el endemoniado equilibro de fuerzas en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña por la dependencia que los socialistas tienen de sus socios, Illa no lo ha tenido fácil en todo este tiempo. Pese a que la aprobación de las Cuentas públicas fue una de sus primeras promesas nada más desembarcar en el Palau de la Generalitat, Cataluña ha seguido funcionando este año con los Presupuestos, prorrogados, de 2023, ante la negativa de ERC y de su presidente, Oriol Junqueras –que regresó a la primera línea en diciembre– a negociar cualquier tipo de acuerdo.

La aplicación de la Ley de Amnistía también ha enrarecido los planes de del president socialista. Illa ha insistido varias veces en pedir «la aplicación total y efectiva» de la medida de gracia, clave en su día para la investidura de Sánchez, para todos los afectados tras su aprobación en el Congreso, y más cuando defiende que ha sido «positiva» para Cataluña y el resto de España.

En junio, el Tribunal Supremo confirmó su decisión de no aplicar la amnistía al expresident Carles Puigdemont, huido, ocho años después, en Bélgica, al no pedonarle el delito de malversación. Esto obliga al dirigente de Junts a depender de la decisión que tome el Constitucional. A la espera, los posconvergentes evitan poner fecha al regreso de su líder –antes de Semana Santa, varios miembros del partido lo veían posible durante este verano–, todo ello mientras el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde Pumpido ha activado ya el mecanismo para su relevo, y el de otros tres magistrados, previsto para finales de 2025, lo que podría alterar la composición del tribunal y cambiar de signo la decisión.

Esta derivada impacta de lleno en la intención de Sánchez –y del propio Illa– de presentar Presupuestos para 2026. Los posconvergentes insisten en que no se sentarán siquiera si no se ejecutan las partidas pendientes de presupuestos anteriores, que cuantifica en 50.000 millones, y mucho menos si su líder sigue residiendo en Waterloo. En el caso de Cataluña, son los socios del PSC_los que ponen trabas en asuntos como la ampliación del Aeropuerto de El Prat, que rechazan por «antiecológica». Los republicanos, además, fijan como línea roja el cumplimiento de los acuerdos de investidura.

Entre ellos, el asunto de la financiación singular para Cataluña, que vuelve a demorarse. El pasado 14 de julio Gobierno y Generalitat anunciaron un pacto de fiscalidad basado en los ingresos de las autonomías y no en el gasto como hasta ahora, pero sin concretar fechas ni cifras exactas.

El pacto de investidura de PSC y ERC preveía que la Agencia Tributaria Catalana empezara a recaudar el IRPF a partir de 2026, pero el plan director, encargado a principios de año por la Generalitat a la consultora Minsait, del grupo tecnológico Indra, prevé ahora que la Hacienda catalana asuma determinadas funciones en el ámbito del IRPF a partir de 2028. Hacen falta, señaló Illa, medios técnicos y humanos para llevar a cabo la tarea. Un retraso que los sectores más moderados de Esquerra ya daban por hecho, pero que, de alargarse, podría acabar cortocircuitando cualquier posible pacto entre ambas parte.

La cuestión también ha dado pie a Illa para abrir una batalla contra la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. El líder del PSC acusó a la baronesa del PP de propugnar un modelo de «acumulación insolidaria» de recursos. Ayuso le reprochó «freír a los catalanes» a impuestos.

En cuanto a los casos de corrupción que salpican a los socialistas, el PSC_ha visto como en el último barómetro del CEO seguirían obtendría entre 40 y 42 escaños si hoy se celebraran nuevas elecciones en Cataluña. Pierden posiciones, aunque seguirían siendo la fuerza más votada en unos comicios.