Un año después de la segunda fuga de Puigdemont las dudas lo envuelven casi todo

Un año después del regreso exprés de Carles Puigdemont a España y de su rocambolesca fuga casi todo sigue envuelto en una nebulosa. La investigación no ha arrojado apenas luz sobre las gravísimas negligencias y los errores de bulto que permitieron al expresident burlarse de la justicia española y, de paso, exponer a un ridículo planetario a las fuerzas de seguridad autonómicas y nacionales y a los servicios secretos patrios. Las explicaciones de los Mossos d' Esquadra y las excusas del Ministerio del Interior han acrecentado las dudas durante estos doce meses de hasta qué punto los gobiernos catalán y español permitieron al huido montar su particular show y volver libre a su 'exilio' de Waterloo.

Un año después, la investigación judicial apenas ha avanzado nada. María Antonio Cocollola, titular del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona, que acaba de prorrogar seis meses más la investigación, mantiene como imputados por encubrimiento a los tres agentes de los Mossos a los que Asuntos Internos señaló desde el inicio por haber colaborado en los planes de Puigdemont. Aunque en un principio fueron suspendidos de funciones, ya han vuelto a sus puestos. Se trata de los agentes Xavier Manso, David Goicoechea, Javier Rodrigo Niñerola. Este último era dueño del Honda en el que huyó el presidente y que conducía una de sus amigas, Bárbara Vidal.

Y poco más. La investigación no ha permitido 'escalar' más arriba. De hecho, la magistrada descartó por falta de pruebas imputar a miembros de la cúpula de los Mossos o de la consejería de Interior de la Generalitat, entonces dirigida por el republicano Joan Ignasi Elena.

Desde aquel 8 de agosto, es cierto, se han conocido detalles del plan entrada y salida (sobre todo porque sus protagonistas lo han develado), pero nada que dé una pista de cómo fue posible que las autoridades policiales y gubernamentales se tragaran toda esta mentira.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, que acompañó en todo momento a Puigdemont durante su periplo para reaparecer en Barcelona, reveló que Puigdemont llegó a Barcelona el martes 6 de agosto al atardecer y que se refugió en un primer piso franco del que no salió hasta el 8 de agosto para dirigirse al mitin. Tras su reaparición, inició el regresó a Waterloo desde la capital catalana el jueves 8 de agosto a las 20 horas, tras estar escondido en dos pisos de Barcelona y una vez que los Mossos desmontaron la operación jaula que activaron a las 9:23 horas cuando constataron que el huido se había evaporado ante la mirada de los 3.500 fieles que se agolpaban en los alrededores del Parque de la Ciutadella. Ambos viajes los realizó en coche.

Turull siempre ha negado haber contado la connivencia de los Mossos para escapar indemne de esta visita. El entonces jefe de los Mossos, Eduard Sallent, explicó en su informe remitido al Supremo que la prioridad del operativo fue siempre impedir la «entrada clandestina» del huido al Parlamento y su captura en el momento «más adecuado». Sallent siempre ha defendido que el cuerpo autonómico jamás trabajó con la hipótesis de una aparición fugaz seguida de una nueva huida.

O sea, que la policía catalana tuvo fe absoluta en la promesa de Puigdemont de que pretendía asistir a la investidura, por lo que todo estaba montado para detener al líder de Junts cuando intentara entrar a la cámara legislativa.

El máximo responsable de Mossos adujo en sus explicaciones al Tribunal Supremo que no se detuvo al prófugo antes de subir al escenario porque, «al estar protegido por un número de personas considerable» ese operativo hubiera requerido «el empleo de una fuerza probablemente excesiva e incluso desproporcionada».

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pidió a explicaciones muy concretas al Ministerio del Interior sobre lo ocurrido en la parte que le incumbía en este «fracaso» de operativo, tal y como lo calificó el instructor del caso del 'procés'. Entre otras cuestiones, el juez hizo una pregunta muy precisa: la identidad de los «agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación y de aquellos a los que se ha encomendado su ejecución o despliegue operativo».

Pero Interior nunca ha dado nombres. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska jamás ha desvelado quién tomó la decisión de que la captura del prófugo más buscado de España no ameritaba un operativo «extraordinario» previo de los servicios de información para anticiparse a los movimientos del huido.

El documento enviado por Interior despachó la rendición de cuentas a Llarena en solo cinco folios sin firma y autoexculpándose de todo. Según Interior, sus mandos se relajaron en este asunto porque la policía catalana, incluso, les avisó de que tenía todo listo para trasladar al prófugo a Madrid. La información que llegaba de los Mosso, arguyó el departamento de Grande-Marlaska, hizo que «no se dispusiera la implementación ad hoc de otro servicio de seguridad ciudadana y orden público paralelo».