El Gobierno ya asume que no habrá nueva ley de secretos oficiales

Más de seis meses y medio después de que el proyecto estrella del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comenzara su andadura de manera exprés (se tramitó por procedimiento de urgencia y se redujo a solo siete días hábiles el plazo para presentar alegaciones por parte de ciudadanos y organizaciones) en el Gobierno admiten que no hay siquiera fecha para que el anteproyecto vuelva al Consejo de Ministros. Y que todo apunta a que el séptimo intento de las dos últimas décadas por sacar adelante una nueva ley va a ser también fallido.

En el Ejecutivo culpan principalmente del retraso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que todavía no ha entregado su informe preceptivo, pero diversas fuentes consultadas reconocen que, en cualquier caso, no hay mayoría para sacar adelante el texto llamado a sustituir a la norma de 1968 y que debía acabar con los secretos de Estado eternos.

Es más, en el seno de los partidos del Gobierno hay claras diferencias. Unidas Podemos –como ERC, PNV, Bildu o Junts- no está dispuesto bajo ningún caso a dar su voto a las cuestiones más controvertidas del nuevo texto, que además son los temas medulares de la nueva ley. En medio año –coinciden en señalar diferentes fuentes parlamentarias- no habido ningún acercamiento sobre la negativa de los socios a apoyar que los altos secretos puedan mantenerse clasificados durante 50 años, ampliables a 65.

Los minoritarios ven con recelo la enorme cantidad de autoridades e instituciones que pueden decretar secretos (incluidos policías autonómicas o embajadores); la falta de concreción de materias que puede ser clasificadas (por simples «intereses económicos» o industriales» o materias de «servicios públicos»); o el hecho de que el texto no incluya la desclasificación automática de los secretos anteriores a la entrada en vigor de la ley, cuya revelación dependería del Gobierno de turno.

El PSOE sabe que esos extremos no molestan al PP ni a Ciudadanos, pero, a las puertas de las elecciones autonómicas y locales, ven inviable llegar a un acuerdo con los de Feijóo. Máxime porque creen que los 'populares' venderían «muy caro su apoyo», hasta el punto de dar la vuelta al proyecto de Bolaños basándose en las duras críticas contra el anteproyecto que ya han hecho los órganos consultivos.

De hecho, el Consejo Fiscal ha avisado ya de que el anteproyecto debe mejorar porque la redacción actual facilita que las policías autonómicas oculten información al Ejecutivo al recibir nuevas competencias para contar con un régimen similar al del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El informe fiscal llega al punto de considerar «particularmente desmedido» que «se concedan facultades de clasificación» a quienes ocupen Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y las autoridades autonómicas competentes en materia de policía. Dotar a todas estas autoridades de esas competencias «podría equivaler en la práctica a dotarles de unas posibilidades de actuación en un régimen de secreto similar al de la dirección del CNI», ha denunciado la Fiscalía.

El veredicto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CGTB), tampoco es mejor. Afirma que el texto de Bolaños con su carácter expansivo supera las «previsiones constitucionales» y supone una reforma encubierta de la ley de Transparencia de 2013. El informe denuncia que «la extensa relación» de temas que pueden ser clasificados según el texto del Gobierno «excede, en todo o en parte» los límites de la seguridad y la defensa nacional, que son «los bienes jurídicos cuya protección frente a daños derivados de una revelación no autorizada» justifica la ley.

En el medio año transcurrido desde la presentación del anteproyecto los avances han sido mínimos. El Gobierno, hasta ahora, solo se ha mostrado abierto a retoques pequeños como que los periodistas tenga la potestad para recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la clasificación de un documento como secreto o que los informadores, en ejercicio de su profesión, no puedan ser multados con hasta tres millones de euros por difundir información clasificada.

El anteproyecto de Ley de Información Clasificada cuya tramitación está bloqueada busca sustituir a la franquista normativa sobre secretos oficiales de 1968 y acabar con la potestad del Ejecutivo de mantener eternamente bajo secreto cualquier materia

El anteproyecto de Ley de Información Clasificada cuya tramitación está bloqueada busca sustituir a la franquista normativa sobre secretos oficiales de 1968 y acabar con la potestad del Ejecutivo de mantener eternamente bajo secreto cualquier materia.

Se contemplan cuatro niveles: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los niveles se fijarán en función de la gravedad del daño que para los intereses de España pudiese provocar la difusión de los datos en cuestión (extraordinariamente grave; grave; perjudicial; o simplemente desfavorable para el país). En la actualidad, España solo regula dos categorías de materias (secretas y reservadas).

Se establece, por primera vez, la caducidad de los secretos de Estado, algo que no hacía la todavía en vigor Ley de Secretos oficiales de 1968. Los documentos de de alto secreto podrán ser blindados hasta 50 años, ampliables quince más si el riesgo de su difusión persistiera. Las informaciones secretas podrán ser vetadas hasta 40 años, ampliables a una década más. Los dosieres confidenciales podrán ser secretos entre 7 y 10 años, sin posibilidad de ampliación. Y los restringidos de 4 a 6 años, sin posibilidad de ampliación.

Solo el Consejo de Ministros podrá declarar materias como alto secreto. En los niveles inferiores de protección (secreto, confidencial y restringido) podrá ser los ministerios, secretarios de Estado (particularmente los de Defensa, Seguridad o la dirección del CNI) y autoridades militares (particularmente el jefe de Estado Mayor) y civiles (directores generales de la Policía o la Guardia Civil o los delegados del Gobierno.

La vigente ley no fijaba un procedimiento para que los ciudadanos y jueces pidieran desclasificar documentos directamente. Los togados en la actualidad se dirigen directamente al Gobierno. La norma en tramitación establece que los ciudadanos puedan hacerlo directamente a la autoridad competente y que en el caso de la negativa puedan recurrir a la Sala de lo Contencioso del Supremo.

La ley no entrará en vigor hasta seis meses después de su aprobación para dar tiempo a todos los organismos implicados a la desclasificación de oficio. Cualquier persona podrá dirigirse a esos organismos si considera que no se ha levantado el velo de un documento que debería ser público.