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David Serrano en una imagen de archivo. Salvador Salas
La Fiscalía pide tres años de cárcel para el dueño de la finca por la muerte de Julen

La Fiscalía pide tres años de cárcel para el dueño de la finca por la muerte de Julen

Le considera responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave y asegura que fue David Serrano quien dejó el pozo al descubierto

Martes, 16 de julio 2019, 18:38

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David Serrano, el dueño de la finca de Totalán donde murió el pequeño Julen tras caer por un pozo, no tapó la boca de la prospección ni avisó a los padres del niño de que, junto al lugar en el que iban a comer se encontraba este agujero de más de 100 metros de profundidad. Así de contundente se muestra la Fiscalía de Málaga en su escrito de acusación contra David, al que considera autor de un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita que sea condenado a tres años de prisión.

En las conclusiones provisionales del Ministerio Público tras la fase de instrucción se recoge que David es el propietario de los terrenos donde ocurrieron los hechos. Explica que fue él quien contrató a Antonio Sánchez, conocido como 'el pocero', para realizar una serie de perforaciones en la parcela para captar aguas.

Durante los días 17 y 18 de diciembre realizó una primera perforación y una segunda de unos 110 metros de profundidad en la explanada del terreno. Sin embargo, al no encontrar agua en la segunda, se sacó el tubo metálico empleado para su ejecución, se hizo una especie de copete y se colocó una piedra encima de la apertura del pozo, según indica la Fiscalía.

Tras la intervención del pocero, los trabajos en la finca continuaron con la ejecución de una zanja en forma de 'L' para hacer un muro de contención. Esta se ejecutó el 5 de enero, quedando al final del foso el pozo en el que no se encontró agua. Aquel día, el fiscal dice que David dejó tapado el agujero con dos bloques de hormigón, «pisándolos fuertemente para que se quedaran sujetos y tapara bien la boca del pozo».

El fiscal dice que los padres de Julen no sabían que había un pozo junto al lugar donde iban a comer

Sin embargo, el representante del Ministerio Público insiste en que el dueño de los terrenos regresó a la finca pasados unos días para realizar unas mediciones: «Movió los mencionados bloques de hormigón y, faltando a sus deberes de diligencia, dejó al descubierto el agujero del pozo y se marchó del lugar».

No volvería a la finca hasta el 13 de enero, día en el que tuvo lugar el trágico suceso. David acudió a ella con su esposa, Adriana Jiménez, y su hija menor, así como con Julen y sus padres, Victoria García y José Roselló. La idea era pasar el día y hacer un arroz en los terrenos de Totalán.

Cuando llegaron a la finca, señala el fiscal, el acusado aparcó en la explanada en la que se encontraba la zanja en forma de 'L', así como el pozo. David y José dieron un paseo para conocer las inmediaciones del terreno y se dispusieron a preparar el fuego para la comida, mientras que sus parejas quedaron a cargo de los niños.

Tras advertirle a José de que estuviera al cuidado de Julen porque iba a llamar al trabajo, Victoria se separó unos metros del grupo. Entonces el pequeño se bajó de la silla en la que estaba sentado y se metió en la zanja. El fiscal mantiene que, como esta especie de canalización favorecía el control de Julen, no le impidieron que lo hiciera. Al empezar a correr el niño, Adriana comenzó a gritar y José reaccionó de forma inmediata para pararlo, pero siempre con la idea de que no se hiciera daño con las piedras o las paredes de la zanja.

Al llegar al final, «de forma repentina y sorprendente», el representante del Ministerio Público afirma que el menor «desapareció» de la vista de José y Adriana. En este sentido, continúa explicando que «se coló» por la boca del pozo, que se encontraba a ras de suelo y sin tapar, cayendo Julen en su interior y perdiendo la vida.

El fiscal insiste en que tanto la esposa de David como los padres del niño no sabían que estaban preparando una comida a escasos metros de un pozo sin tapar. Tampoco conocían, según continúa, que esta prospección estaba en una de las extremidades de la zanja, ni que, cuando se introdujo en ella, el pequeño corría en dirección a la boca del pozo.

En cuanto al acusado, el representante del Ministerio Público asegura que aquel 13 de enero, día en el que sucedieron los hechos, David había olvidado que, unos días antes, había movido los bloques de hormigón y que el pozo estaba al descubierto. Además, indica que, al llegar a la finca, no fue a taparlo ni se lo mostró a los invitados.

Tampoco, siempre según asevera el fiscal, les avisó de que junto al lugar en el que preparaban la comida había un pozo de 110 metros de profundidad y no previó que su hija o Julen, en sus juegos, pudieran caer por la prospección. Al respecto, desde la Fiscalía se afirma que el acusado no señalizó la perforación. Aun así, reconoce que David advirtió a José «de la presencia de pozos», pero que lo hizo cuando estaban junto a una de estas prospecciones en otra zona de la finca y que estaba correctamente cerrado, por lo que el padre de Julen no le dio más importancia, pensando que, si había otros, serían igual de seguros que el que se les exhibía.

El fiscal dice que solo David conocía la presencia del pozo y que, a sabiendas de ello y de la falta de protección adecuada, «no adoptó medida alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo, poniendo en peligro la vida de los dos menores».

Por otro lado, en el escrito de acusación de la Fiscalía, también se aborda la causa de la muerte del pequeño Julen. El fiscal hace referencia al informe de la autopsia del Instituto de Medicina Legal de Málaga indicando que el niño falleció por un traumatismo craneoencefálico y raquimedular. En el documento se recopilan todos los datos arrojados por la autopsia, insistiendo en que la muerte se produjo al precipitarse por el pozo y no debido a otros elementos, como el empleo de una piqueta durante las tareas de rescate, tal y como sostenía la defensa del procesado.

El fiscal también se refiere a los trabajos de sondeo para buscar agua, así como a los realizados para hacer la zanja en forma de 'L', sobre los que dice que carecían de cualquier tipo de autorización administrativa. Asimismo, indica que no se tomaron medidas de seguridad, a la vez que recuerda que por estos aspectos la Junta de Andalucía ha abierto expedientes sancionadores contra el dueño de la finca y contra el pocero.

Tras realizar este relato de los hechos, el fiscal solicita la condena a la citada pena de prisión para David. Asimismo, pide indemnizaciones para los padres de Julen y para la Junta de Andalucía, en este último caso por el coste de las tareas de rescate, cuyas cuantías precisa que se determinarían en ejecución de sentencia en caso de ser condenatoria.

«El sacrificio de todos los participantes en el rescate nos enorgullece como país»

Desesperado, tras ver como su hijo caía por un agujero, José Roselló apartó los bloques de hormigón que rodeaban la boca del pozo y metió una goma de regar en el intento de que el pequeño Julen se agarrara a ella y sacarlo de allí. Era imposible pues desconocía que la prospección tenía 110 metros de profundidad y el niño había caído al fondo.

Con estas palabras relata el fiscal lo que fue el primer intento de sacar a Julen del pozo. Unas tareas de rescate que se prolongaron durante 13 días y que despertaron la atención mundial. Fueron unas labores en las que participaron numerosos expertos y voluntarios, durante las cuales el «sacrificio y entrega de todos los participantes, trabajando 24 horas al día, nos enorgullece como país», afirma con rotundidad el representante del Ministerio Público que lleva este caso.

Fue el 26 de enero cuando, sobre las tres y media de la madrugada, se recuperó el cuerpo del pequeño, algo para lo que fue necesario realizar un pozo paralelo y luego una galería subterránea de conexión con las prospección en la que estaba el menor. Fueron unas operaciones dirigidas por el delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ángel García Vidal, recuerda el fiscal, quien también destaca la labor del jefe de servicio de carreteras de la Junta de Andalucía, Antonio Nieto Líñan.

Una verdadera obra de ingeniería civil que costó 687.749 euros, según la valoración inicial del coste del rescate que hizo el Gobierno andaluz, quien se ha personado en esta causa como perjudicado. Tras estos trabajos, se han realizado labores de asentamiento del terreno que tendrán que ser valoradas por la Junta.

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