Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería
Los siete detenidos, entre los que se encuentran el presidente y el vicepresidente de la institución provincial y el alcalde de Fines, tienen previsto pasar este jueves a disposición judicial
Alicia Amate
Almería
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:14
La DiputaciónProvincial de Almería volvió este martes a ser objeto de registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como parte de una investigación que deja, de inicio, siete personas detenidas. Hace cuatro años, estos agentes 'entraron' en la sede de la institución provincial en busca de indicios sobre 'mordidas' en la compra de mascarillas en 2020, al inicio de la pandemia de la covid-19. En esta ocasión, los cargos públicos arrestados fueron su presidente, Javier Aureliano García, y su vicepresidente, Fernando Giménez. En este mismo operativo también fue detenido ayer el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.
Sobre los cuatro restantes, indicó la UCO que se trata de personas ajenas a la política –de ahí que no se dé cuenta oficialmente de sus identidades– si bien, según pudo saber este diario, se trataría de personal funcionario de la institución, empresariado o del entorno familiar de Rodrigo Sánchez.
La intervención comenzó a primerísima hora de la mañana. Mientras Almería todavía estaba despertando, los agentes de la Guardia Civil, de manera coordinada, comenzaron a desplegarse desde las 7 horas en diferentes puntos de la provincia: en la sede principal de la Diputación de Almería, sita en la calle Navarro Rodrigo de la capital, las instalaciones del Servicio de Infraestructura Urbana de la calle Hermanos Machado, así como en las viviendas de los detenidos y en direcciones mercantiles de entidades, presuntamente, vinculadas con actividades delictivas.
En total, confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se desarrollaron en el día de ayer diez registros dentro de esta investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.
Asimismo, desde el alto tribunal andaluz indicaron que, en base al auto que autoriza los registros de la UCO y faculta las detenciones «que considere necesarias», en este caso existen «sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales».
La investigación llevada a cabo, explicó el TSJA, muestra indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros».
Aunque asocia estos contratos a la investigación del llamado 'Caso Mascarillas' –todavía a la espera de resolución judicial– el juzgado instructor ha ampliado a una segunda fase la operación al dar con «varios contratos públicos relacionados con la Diputación de Almería», que van más allá de la compra del material sanitario por valor de 2 millones de euros que acabó con el que fuera vicepresidente tercero de la entidad provincial, Óscar Liria, detenido por supuestas 'mordidas' en la operativa desarrollada en 2021 por la misma UCO.
«Algunos de los implicados ahora detenidos no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales», indicó ayer el TSJA.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada.
Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.
Tras los registros de ayer, los detenidos fueron trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil y, según está previsto, serán puestos a disposición judicial el jueves, 48 horas después de que se produjeran los arrestos.
Será el juzgado el que determine, en base a los indicios, la puesta en libertad de cada uno de ellos, con o sin medidas, o su ingreso en prisión preventiva. Esta última alternativa se da en casos en que se considera que existe riesgo de fuga o de destrucción de evidencias de relevancia para la investigación.
