Ayuso acusa al Gobierno de «política delincuente» tras la condena del fiscal general por el Supremo

Desde el entorno de la presidenta madrileña, que mañana comparecerá en una declaración institucional, reconocen que está «muy satisfecha» tras el fallo del Tribunal Supremo. «Esto es un éxito sin precedentes en democracia», celebran porque «un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella». Estas mismas fuentes insisten en que se han revelado secretos de un ciudadano «y la justicia ha imperado en España».

La reacción del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha añadido presión política al Gobierno. El regidor calificó el caso como «sanchismo en estado puro» y criticó que «el que debe perseguir delitos» haya sido «condenado por cometerlos». En un mensaje publicado en X, subrayó la gravedad de que el fiscal general, una figura encargada de defender la legalidad, haya sido condenado por revelación de secretos en un procedimiento que afecta a Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Sus declaraciones refuerzan el discurso del PP en torno a lo que consideran un deterioro institucional promovido desde Moncloa.

El Tribunal Supremo condenó por la mañana a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos, además de ordenar el pago de 10.000 euros a González Amador por daños morales. El tribunal, compuesto por siete magistrados de mayoría conservadora, adelantó el fallo apenas una semana después del cierre de un juicio histórico, el primero en el que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo. La decisión no fue unánime: las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo emitieron votos particulares. Polo, que era la ponente inicial, fue sustituida en la redacción por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

El Gobierno reaccionó con cautela al impacto de la sentencia. En un comunicado, expresó su «respeto» hacia la resolución del Supremo, aunque recalcó que «no la comparte en absoluto». Desde Moncloa se preparan ya los trámites para la designación de un nuevo fiscal general, al tiempo que acusan al Partido Popular de «intentar deslegitimar» las instituciones con sus mensajes.