La apertura de juicio a su novio por fraude fiscal debilita la oposición de Ayuso a Sánchez
La jueza envía al banquillo a González Amador por dos delitos tributarios y uno contable, falsedad en documento y organización criminal
Dos delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. La jueza sustituta Carmen Rodríguez Medel dictó este ... lunes auto de apertura de juicio oral contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En esa resolución, la instructora no solo recoge las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía –que reclamaban el enjuiciamiento por fraude y falsificación–, sino que incluye los ilícitos diferentes que requerían también las acusaciones populares (PSOE y Más Madrid) en la causa abierta contra el empresario por la supuesta defraudación de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas. Las peticiones de condena fluctúan entre los tres años y nueve meses y los cinco años de prisión.
El paso dado por Carmen Rodríguez Medel, que instruye de manera provisional este procedimiento tras la jubilación de la instructora hasta ahora, Inmaculada Iglesias, cristaliza las imputaciones contra González Amador sentándolo en el banquillo. Las que acabaron desembocando en un hecho insólito en democracia –el enjuiciamiento, a su vez, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de información reservada del compañero de Ayuso– y las que han intensificado la guerra política que libran la baronesa del PP y el presidente Sánchez y sus ministros, que polarizan con ella para minimizar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Erigida en azote del sanchismo, la apertura de juicio a su novio por cinco posibles hechos delictivos limita el margen de oposición de la líder madrileña, inclemente con los casos de corrupción que afectan al entorno personal, partidario e institucional del jefe del Gobierno.
Medel tomó la decisión de mandar al banquillo a González Amador poco después de que desoyera el último intento del imputado por retrasar la vista, al rechazar su petición de dejar en suspenso la causa en tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelve el recurso que presentó el 1 de septiembre por su procesamiento, dictado en mayo por la instructora Iglesias. Su sustituta, que está al frente de la causa solo hasta que Antonio Viejo tome posesión como titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, abrió juicio oral después de zanjar que «no ha lugar a la suspensión interesada» ya que las apelaciones ante la Audiencia, con «carácter general», no son «suspensivas» del proceso cuando se trata de un « procedimiento abreviado» como este. Así las cosas, González Amador solo podría evitar el juicio si los magistrados de la Audiencia estimaran 'in extremis' su recurso por supuesta conculcación de sus derechos.
Los 350.951 euros
Iglesias puso punto final el 29 de mayo a más de un año de instrucción dictando el citado auto de pase a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento) contra la pareja de Ayuso. La instructora también propuso juzgar al supuesto testaferro del empresario, el mexicano Maximiliano Niederer, y a otras tres personas –David Herrera Lobato y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido–, acusadas de haber colaborado en la comisión de los delitos.
Iglesias cerraba así la investigación de la pieza principal de esta causa, en la que se indagaba el supuesto fraude a Hacienda de 350.951 euros. Sigue instruyéndose un segundo procedimiento, en el que González Amador está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal por el pago de supuestos sobornos al grupo Quirón.
Iglesias dio por buenas las conclusiones de la Agencia Tributaria, ratificadas en marzo por dos inspectoras, de que el encausado se dedicó a endosar gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades que no se correspondían con servicios realmente prestados; de ahí la acusación también de falsedad en documento mercantil. El presunto objetivo era ingresar en el erario público una cantidad menor de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.
La jueza no atendió el argumento de la defensa de que todo fueron discrepancias «técnicas» y «fácticas» y consideró probado que con esas maniobras González Amador dejó de ingresar a la Hacienda Pública en 2020 una cuota de 155.00 euros correspondiente a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L., que se elevaron a 195.951 euros en 2021.
En el marco de esa investigación, el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió un mail al fiscal Julián Salto, que investigaba el supuesto fraude del empresario, en el que reconocía que su cliente había cometido ese doble delito fiscal y en el que se mostraba dispuesto a alcanzar un acuerdo para solventar este asunto con una multa para evitar la cárcel. Aquel polémico mail fue el que se filtró a la prensa y que ha acabado con el fiscal general en el banquillo del Supremo.
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