Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

«La música puede sonar bien, pero al final todo depende del diseño, de a quién se pone al frente y con qué medios va a contar», previene el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, experto del Greco -el grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa que el 1 de agosto reprobó al Gobierno por inacción- y miembro del capítulo español de Transparencia Internacional. Jiménez se arranca con una reflexión de fondo, la de que el mejor «control» ante la comisión de posibles ilicitos anidados en el sistema pasa por restringir «los incentivos de los actores» concernidos. Por trazar fronteras entre quienes prestan el servicio público y los políticos. Por promocionar al funcionario «profesional e íntegro» y «echar a la calle» al que no lo sea. Y por evitar distorsiones como que ejercer de asesor en La Moncloa aúpe al nivel 30 de la Administración, el máximo, «aunque luego vuelvas a un instituto». «¿Quieren ustedes concienciar? Pues compórtense de otra manera. Punto», urge a los responsables políticos e institucionales.

Jiménez cree que puede tener sentido, ante «la enorme» e ineficaz «fragmentación de pequeños órganos sin coordinación ente ellos». Una cooperación factible en la centralizada Portugal y «peliaguda» en la España autonómica. En paralelo, Jiménez se duele de cómo un referente europeo, la Agencia Valenciana Antifraude está desvirtuándose, a su juicio, a raíz del acuerdo PP-Vox.

El experto se muestra renuente a incrementar los «controles a priori», que ya inoculan «una gran complejidad burocrática». «Normalmente, a lo que lleva esa exigencia es a un cumplimiento formal de la normativa, pero sin entrar a fondo» en la problemática de origen: los incentivos, incide.

Jiménez ahonda en su argumentación anterior al analizar esta propuesta que, según reza el plan, busca «automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude». El catedrático describe cómo la intensificación de los citados controles previos hacen que «los funcionaros vayan desbocados y con sensación de que están perdiendo el tiempo en un cumplimiento meramente formal de un montón de exigencias». Por ello, apunta a que sería más eficaz castigar -«Que se les caiga el pelo», ilustra- a quienes sean descubiertos en irregularidades en análisis posteriores.

«Como dice Daniel Kaufmann, no se lucha contra la corrupción luchando contra la corrupción, sino mejorando la calidad de gobierno», resume Jiménez, para quien el déficit de España no son las leyes -«Hay inflación normativa»-, sino que se ejecuten.

El objetivo es una mayor fiscalización de la financiación pública y de las donaciones, además de la aprobación de la ley, trabada en el Congreso, para regular los 'lobbies'. Jiménez constata cómo se han encadenado reformas en la normativa que rige las finanzas de los partidos sin atajar los potenciales riesgos y alimentando «la cartelización», por la cual las distintas siglas se sostienen unas a otras «porque viven de lo mismo». El experto, que avala que las formaciones políticas puedan recibir donaciones siempre que sea de forma «limitada y cien por cien transparente», recuerda que la reforma legal de 2015, la post-Gürtel, mejoró las anteriores, pero no tanto como para evitar «puertas abiertas» como que se vetara a las empresas donar a los partido y no a sus fundaciones.

La falta de garantías en este ámbito «clave» contra la corrupción «clama al cielo», según Jiménez, que constata cómo el Gobierno aprobó el febrero de 2023 una nueva normativa con casi año y medio de retraso con respecto al plazo máximo dado por Bruselas para trasponer la directiva europea. Una ley cuajada de «agujeros», pese a la demora, que ahora Sánchez plantea apuntalar.

Aunque evidencia que en la mayoría de países de nuestro entorno es el Ministerio Público el que instruye, incluidos los casos de corrupción, Jiménez cuestiona que esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se haga en un contexto sin acuerdo entre los dos grandes partidos y con el fiscal general enfilado al banquillo. «Aquí lo hay que garantizar es que los fiscales no estén en manos del gobierno de turno», asevera, al tiempo que insta a «dar la vuelta a la 'ley Gallardón'» que acortó los tiempos de investigación y a activar más recursos, Con la incongruencia al fondo, dice, de que este sea el mismo Gobierno que atenuó la malversación por sus pactos con el independentismo.

Jiménez abunda en que basta con cumplir la normativa ya existente; con castigar a las empresas contratistas que hayan pagado mordidas para que durante un tiempo no puedan seguir optando a contratos públicos. «Esto sería enormente disuasorio», concluye.

«¿Ha recuperado esta oficina algún activo en todo este tiempo?», ironiza el especialista del Greco, quien expresa sus serias dudas ante la eficacia también del órgano que analiza los conflictos de intereses dado que éste pende del Ministerio de la Presidencia.

Jiménez trae a coalición un dato que quizá sorprenda: España es, junto a Portugal y según el Eurobarómetro, el país comunitario más intolerante con las prácticas corruptas. Por eso, él no interpreta que el escollo esté ahí. «Los cambios culturales no se producen a partir solo de los discursos, es el comportamiento el que los provoca. No hace falta que los políticos sean ejemplares, basta con que sean decentes», remacha.