Valcárcel recoge la notificación de apertura de juicio oral: «Creo en la justicia y la respeto»
El expresidente de la Comunidad reiteró que «en todo momento he perseguido el bien común»
El expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel acudió ayer por la mañana a la Ciudad de la Justicia para recoger la notificación del auto ... de apertura del juicio oral por su supuesta implicación en el caso de la desaladora de Escombreras. La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia decretó el pasado jueves el inicio del proceso de enjuiciamiento del expresidente por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación con el contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras. Este miércoles estaba citado a las 9.30 horas para entregarle dicha instrucción en mano. Valcárcel llegó dos minutos antes de la hora a la que estaba citado acompañado de su hermano, el abogado Carlos Valcárcel.
A preguntas de los periodistas, a los que no quería «hacer perder el tiempo», afirmó encontrarse «bien» y reiteró que «en todo momento me he movido por el interés general y he perseguido el bien común, y ahora toca hablar ante la justicia en la que creo y que respeto», afirmó antes de acceder a los juzgados. Tal y como adelantó LA VERDAD el sábado, el expresidente se dio de baja como afiliado del Partido Popular, tras la orden de apertura del juicio oral por el 'caso La Sal'. De este modo, Valcárcel también habría dejado de ser el presidente de honor del PP murciano, cargo que hasta ahora representaba.
El fiscal solicita penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por su parte, la acusación popular, que ejerce el letrado Diego de Ramón, reclama hasta 15 años de prisión por presuntos delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa del séxtuple del dinero defraudado.
Indemnización millonaria
Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado. La Comunidad Autónoma, como actor civil, exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.
Las partes, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación con el contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora. Es decir, «la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros».
Y aclara que dicha cantidad es la total a exigir a todos los acusados en esta causa y en las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, conocidas como 'caso La Sal I', en la que están imputados un total de 17 personas físicas y como responsables civiles subsidiarias 7 mercantiles.
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