La opacidad sigue reinando sobre el 'Vacunagate' después de un año

Han pasado 369 días de aquella primicia. Más del 90% de la población de la Región tiene ya puesta la pauta completa de la vacuna e incluso la mayoría de ciudadanos se está inoculando las terceras dosis para reforzar su protección frente al coronavirus, que aún causa estragos. Pero las sombras sobre aquel episodio continúan sin disiparse. La negativa del Gobierno regional -amparándose en la Ley de Protección de Datos- a hacer pública la lista de altos cargos vacunados de forma indebida en aquellos días mantiene viva la sospecha de que se saltaron la cola más políticos de los que se dijo en su momento.

La oposición ha intentado por todos los medios acceder al famoso listado. Un grupo de diputados, amparados por el reglamento de la Asamblea, consultaron la relación en la sede de la Consejería de Salud el 12 de febrero de 2021. «Aquí se ha vacunado hasta 'El Tato'», aseguró en aquella ocasión el socialista Alfonso Martínez Baños. Sin embargo, no aportó ningún nombre nuevo más allá de los conocidos de Villegas y los miembros de su equipo. Lo que avanzó este diario desde el principio.

De forma paralela, en la Asamblea se constituyó una comisión de investigación el 9 de febrero, impulsada por Ciudadanos, en ese momento socio de gobierno del PP. Los trabajos se iban a iniciar el 11 de marzo, con la comparecencia del entonces alcalde de Murcia, José Ballesta, pues su concejal Felipe Coello era uno de los afectados por el escándalo. Pero el día anterior se registró la moción de censura, que suspendió toda actividad en el Parlamento hasta su debate y votación. La cita con Ballesta, por tanto, se aplazó hasta nueva orden. Lo que no se esperaba es que fuera para siempre.

Porque el PP no solo salvó el 'match ball', sino que se encontró con una mayoría absoluta en la Cámara gracias a sus alianzas con los tránsfugas de Cs y los expulsados de Vox (ahora readmitidos por sentencia judicial). Estos controlan la Junta de Portavoces, que es la que ordena la actividad parlamentaria de cada semana. Pese a que el PSOE lo pide en cada reunión -según comenta su portavoz, Francisco Lucas- no se ha convocado ni una sola vez la comisión del 'vacunagate'. Esta tiene un año para concluir sus trabajos y el plazo expira a mediados de febrero, por lo que está condenada a la disolución, en virtud del artículo 58.4 del Reglamento de la Asamblea. Este establece que las comisiones especiales «se extinguirán a la conclusión del encargo para las que fueron creadas y, en cualquier caso, al acabar el plazo acordado para la finalización de los trabajos». «La Asamblea no está para montar circos. Ya se asumieron responsabilidades políticas por aquellos hechos y existe una resolución de la Fiscalía que concluyó que no había delito. Cuando la gente se está poniendo las terceras dosis, es absurdo ponernos a remover algo que ya no interesa ni al propio PSOE, que utilizó aquel caso para justificar su moción de censura previamente pactada», señala Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El diputado confirma que no hay intención alguna por parte de PP y sus socios de reactivar la comisión de investigación del 'vacunagate'.

Otro intento de conseguir la lista fue a través del Consejo de la Transparencia. El organismo que preside Julián Pérez-Templado aprobó una resolución que daba quince días al Gobierno regional para que aportara la relación de altos cargos vacunados fuera de protocolo a un particular que lo había solicitado en ejercicio de su derecho a saber. El dictamen aclaraba que no tenía que aportar los nombres de los funcionarios, sino de los responsables políticos.

Fuentes de la Consejería de Salud informan a LA VERDAD de que el pasado 21 de diciembre se dictó una orden que daba inicio a un trámite de audiencia para que los altos cargos afectados por la resolución del Consejo de la Transparencia, de forma personal, puedan autorizar o no que se faciliten sus datos de vacunación al solicitante. Además, se remitió el número de trabajadores de la Consejería vacunados, sin precisar datos personales de estos.

El 'vacunagate' marcó un antes y un después en la vida de Ana Martínez Vidal. Era portavoz del Ejecutivo regional, líder de Cs y, tarde o temprano, hubiera sido vicepresidenta. Nada más saltar la noticia, se puso firme con sus socios para exigir la cabeza de Villegas. Pero no le bastó con eso. Convencida de que el PP le ocultaba información, negoció en secreto una moción de censura con los socialistas, con ella de presidenta. Jugó y perdió, debido a la deserción de sus propios compañeros de grupo parlamentario.

Hoy Martínez Vidal sigue como diputada en la Asamblea y continúa convencida de que «la cúpula de Salud, familiares y amigos» del Partido Popular se saltaron la cola por delante de las personas más vulnerables, en el que describe como «el mayor caso de corrupción política» de la historia de la Región. «Es inaudito que un año después no conozcamos el alcance de esa vacunación irregular, que la comisión que debía investigarlo en la Asamblea esté paralizada y que el Gobierno regional no facilite la documentación que le pide el Consejo de la Transparencia», dice la diputada.