Bernal se opuso al Consejo de Gobierno que liberó a Aeromur del pago inmediato del aval

En un hecho político sin precedentes, el vicepresidente Juan Bernal se opuso al acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 14 de febrero que liberó a Aeromur de aportar ya la garantía de 182 millones de euros del aeropuerto de Corvera que le estaba reclamando la Consejeria de Hacienda en aplicación del reglamento general de recaudación. Según ha podido saber 'La Verdad', Bernal pidió que constará en acta su voto contrario. Es la primera vez, que se tenga constancia, que un miembro del Ejecutivo regional se pronuncia en contra de un acuerdo de Consejo de Gobierno.

El vicepresidente se opuso porque la decisión política iba en contra del procedimiento administrativo iniciado por su departamento para reclamar la deuda a Aeromur, como se hace con el resto de deudores de la Administración regional, y cuyos trámites seguían los plazos legales. Bernal no quiso ayer hacer declaraciones y se remitió al consejero de Presidencia, Manuel Campos. La Comunidad está pagando 22.000 euros diarios en intereses por el préstamo que tuvo que asumir en diciembre, al no hacerlo Aeromur.

Freno a los servicios jurídicos

Aquel acuerdo sirvió de base ayer al Tribunal Superior de Justicia para acceder a la petición de Sacyr de que quede en suspenso la aportación del aval de 182 millones. El propio tribunal mostró su sorpresa de que la Comunidad Autónoma renunciara a reclamar dicha garantía, en aras a conseguir un acuerdo con la concesionaria para abrir el aeropuerto, y que por lo tanto los magistrados no iban a exigir al deudor una garantía «que la propia Administración demandada considera innecesaria».

El acuerdo del Consejo de Gobierno se tomó dos semanas antes de que Sacyr presentara el recurso al TSJ para tratar de paralizar la obligación de presentar dicho aval, cosa que ha conseguido. Asimismo, el Ejecutivo ordenó a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma que no se opusieran al recurso de Aeromur, según puso ayer de manifiesto el TSJ. El Consejo dio estas instrucciones haciendo constar el recurso que la concesionaria «tiene previsto formular ante la Sala» contra la orden de reembolso de Bernal.

La propuesta para frenar el expediente de cobro de Hacienda no partió del consejero competente, Juan Bernal, sino de otro consejero. Además, no se solicitó un informe jurídico previo que respaldara la decisión del Consejo de Gobierno, como suele ser habitual en este tipo de expedientes, máxime tratándose de una cantidad tan elevada. La decisión del Ejecutivo tampoco fue comunicada a la opinión pública al finalizar el Consejo, lo cual contrasta con la exhaustiva información que se facilita cada viernes sobre los acuerdos más livianos.

Este episodio, que no tiene antecedentes, es la muestra más relevante de las diferencias y enfrentamientos que se han producido en el seno del Ejecutivo a causa del conflicto del aeropuerto de Corvera, en el que se ha puesto de manifiesto la postura sostenida de Juan Bernal frente a otros consejeros y el propio Valcárcel. El presidente apartó a su vicepresidente de las negociaciones a principios de año para poner al frente al consejero de Presidencia, Manuel Campos, quien artículo un cambio de estrategia por la vía jurídica para intentar abrir el aeropuerto lo antes posible. Los promotores de esta táctica han chocado en los últimos meses con Hacienda, con serias discusiones en el seno del Consejo. De hecho, vieron como un obstáculo el requerimiento de la deuda que le hacía Bernal a Aeromur, cuya notificación coincidió con una de las reuniones entre la Comunidad y Sacyr para negociar el acuerdo. En este tiempo, el vicepresidente informó en varias ocasiones de que no se podía detener el mecanismo, y que a su juicio ello no imposibilitaba que se siguiera negociando. Asimismo ha mantenido que había que darle a Aeromur el mismo trato que al resto de contribuyentes.

Con el auto del TSJ, Sacyr dispondrá de un plazo sin fecha para afrontar el aval, aunque la Comunidad espera que no se dilate si fructifican las negociaciones en marcha, lo cual depende de la decisión que tome la Comisión Europea sobre el préstamo participativo de la Comunidad a Aeromur por más de 150 millones para los diez primeros años de explotación del aeropuerto. El Gobierno regional sostiene que el requerimiento habría conducido a Sacyr a la suspensión de pagos.

Hacienda accedió a suspender el cobro, pero exigió a Aeromur que presentara una garantía por el mismo importe, a lo cual recurrió Sacyr el 28 de febrero. En la medida cautelar tomada por el TSJ se suspende dicha garantía, sin perjuicio de lo que se resuelva en el proceso, basándose en que la propia Comunidad ha prestado su conformidad argumentando que no se causaba ningún perjuicio al interés general porque la concesionaria se ha comprometido a abonar ese dinero cuando fructifiquen las negociaciones, para lo cual la UE debe autorizar antes la concesión del préstamo participativo. Asimismo, el Ejecutivo sostiene que había que «evitar perjuicios de imposible o difícil reparación a la empresa concesionaria» porque el requerimiento de Hacienda le podría conducir a la quiebra lo cual imposibilitaría la apertura del aeropuerto «durante la tortuosa y compleja sustanciación del procedimiento concursal».

«Sorpresa» del TSJ

El TSJ señala que la Comunidad «no solo no se ha opuesto a la medida cautelar», sino que ordenó a los Servicios Jurídicos que no se opusieran. La Sala dice sentirse sorprendida por el hecho de que se someta a su enjuiciamiento «la procedencia de la adopción de la medida», pues ha sido la propia Administración la que la ha adoptado, y que no se opone a que la concesionaria «no preste caución o garantía alguna para responder de eventuales perjuicios derivados de la suspensión». «Tampoco se entiende que la propia Comunidad Autónoma no haya dispensado de la prestación de garantía», apostilló la Sala.