Unicef reclama un abordaje «más intenso y con mayor impacto» de la pobreza en la Región de Murcia
La entidad pide más inversión en protección social de la infancia y las familias, que en España supone un 1,5% del PIB por el 2,4% de la media europea
LA VERDAD
Jueves, 17 de octubre 2024, 10:18
Unicef reclamó este jueves «un abordaje más intenso y con mayor impacto» de la pobreza en la Región de Murcia y un incremento de «la inversión, que se elaboren los presupuestos en clave de infancia y se establezcan políticas estratégicas y eficaces para abordar esta problemática», dados «los altos niveles de riesgo de pobreza y exclusión social que desde hace varios años se advierten en la Comunidad».
La entidad recuerda que, en el caso de la Región de Murcia, el 38,8% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE), unas 108.000 personas, pese a que se ha reducido ligeramente en 2023 respecto al año anterior. Además, un 8,8% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en la Región, –27.000 personas, casi una de cada diez–, vive en hogares en situación de carencia material y social severa; el 49% de los hogares con niños y niñas no pueden hacer frente a gastos imprevistos y el 21% sufre retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal.
Unicef denuncia, coincidiendo con el Día Internacional para La Erradicación de la Pobreza, la baja inversión que se dedica a esta que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 y considera que las administraciones a nivel nacional, autonómico y local, deberían poner a la infancia en el centro.
«Si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas», asegura José María Vera, director ejecutivo de Unicef España. «El riesgo de pobreza de la población menor de 18 años ha aumentado del 28 % al 29 % respecto al año anterior, mientras que para el resto de población se mantiene estable o disminuye, y también sigue aumentando la privación material infantil, del 10 al 12%. Esto hace urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias».
España es el país que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea (UE): solo el 17 %, frente a la media del 41 % de toda la UE o más del 50 % en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia. Además, nuestro país invierte solo un 1,5 % del producto interior bruto (PIB) en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4 % del PIB de la media europea (354 euros de gasto por habitante en nuestro país, frente a 678 euros en la UE).
Por ello Unicef España pide una prestación universal para la crianza en forma de deducción fiscal reembolsable en los PGE 2025, y un Pacto de Estado por la Infancia con medidas y presupuestos que la hagan eficaz.
«Las prestaciones por hijo a cargo son eficaces no solo para reducir la pobreza, sino para mejorar los resultados educativos y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes», explica Vera. «Según los análisis de UNICEF España y otras organizaciones sociales, la implementación de una deducción fiscal reembolsable de al menos 1.440 euros anuales por niño reduciría la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales».
Según los cálculos de Unicef España –basados en los perfiles de gasto del último año–, equipararnos a Europa en protección social de la infancia supondría una inversión de unos 7.659 millones de euros por parte del gobierno central, cifra que se acerca bastante al coste de la medida anteriormente mencionada (8.668 millones de euros), que permitiría llevar a 440.000 niños y niñas fuera de la situación de pobreza y mejorar las condiciones de crianza en todos los hogares con personas menores de edad. Para el conjunto de las comunidades autónomas supondría un esfuerzo de 1.937 millones de euros más para, por ejemplo, implementar la Garantía Infantil Europea (garantizar el acceso a servicios clave, como educación 0-3 años gratuita o una comida adecuada al día, a todos los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad); y 1.524 millones de euros a las entidades locales, para reforzar los servicios sociales de proximidad.
«Los presupuestos 2025 (del estado, autonómicos y locales) suponen una excelente oportunidad para mejorar la inversión en infancia en general y la protección social de la infancia en particular, para reducir la pobreza infantil y generar mayores beneficios sociales y económicos para toda la sociedad», concluye la entidad.
