La UCO interroga a 15 políticos y técnicos por los vertidos de la depuradora al Mar Menor

Entre las comparecencias destacaron las de al menos tres responsables de la CHS, el organismo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que tiene en exclusiva la competencias de protección del dominio público hidráulico. Los interrogados fueron el comisario de Aguas, Francisco Javier García Garay, quien además está imputado por un juzgado de Lorca por la desecación del río Turrilla por parte de una empresa del sector porcino; su predecesor, José Carlos González; y otro funcionario. También compareció la exconcejal de Infraestructuras de Cartagena y actual diputada regional del PP María Casajús.

El presidente de la CHS, Mario Urrea, se limitó a señalar a este diario que desde esta institución no se hacen declaraciones a la prensa sobre este tipo de diligencias previas en la fase inicial. Se da la circunstancia de que entre los proyectos de recuperación ambiental de la cuenca del Mar Menor de la CHS está la conexión de las depuradoras de Torre Pacheco y Los Alcázares, cuyas obras empezarán en breve y permitirán la reutilización de agua tratada para el riego de cultivos.

El miércoles, testificaron la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo (del PP); su antecesora, Ana Belén Castejón (de Sí Cartagena y antes del PSOE); Pedro Simón, director técnico de Esamur, la entidad de saneamiento y depuración de la Comunidad Autónoma. La Guardia Civil también dispone del testimonio del exdirector general de Medio Ambiente de la Comunidad Francisco Marín; es probable que tenga que recabarlo del exgerente de Esamur Ignacio Díaz; y también tomó declaración, como testigo, del secretario de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Mariano Soto.

Según confirmaron el fiscal superior en la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, y fuentes de la Ucoma, entre la información recabada en los últimos dos años por los agentes hay datos aportados por Fundación Ingenio, 'lobby' de empresas agroalimentarias del Campo de Cartagena (a la que pertenece la citada comunidad de regantes); la plataforma ciudadana Stop Inundaciones y grupo de personas vinculadas a una asociación agraria de la comarca. Acerca de las pesquisas que realizan los agentes de la Ucoma, una unidad de ámbito nacional encuadrada en el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), fuentes del Instituto Armado explicaron que se iniciaron gracias a la «colaboración ciudadana». Señalaron que el Seprona de la Región recibió comunicaciones de Fundación Ingenio, de asociaciones y de particulares sobre vertidos de aguas residuales por aparentes anomalías en la depuradora. La propiedad y la gestión de esta instalación corresponden a la Comunidad Autónoma a través de Esamur, mientras que la CHS otorgó a la Administración regional la autorización de vertido a la rambla y los ayuntamientos de Cartagena y Torre Pacheco son usuarios de la planta, un servicio por el que pagan un canon.

La directora general de Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, confirmó que su colectivo colaboró con la Fiscalía y el Ucoma en distintos momentos aportándole documentación. Pero quiso aclarar que esa cooperación partió de un requerimiento escrito de la Fiscalía de Área de Cartagena el 21 de junio de 2022. La solicitud estuvo precedida, en mayo, por la publicación, por parte de Fundación Ingenio de lo que presentó como «un estudio que demuestra la presencia de E.coli [una bacteria indicadora de contaminación fecal], fosfatos y amonio en los vertidos de aguas residuales al Mar Menor».

El fiscal superior, Díaz Manzanera, precisó a los periodistas que las averiguaciones presentes parten de la denuncia de una asociación, pero evitó detallar el nombre. Sí dijo que incluía nuevos datos respecto a la denuncia anterior, cuyo origen concreto también se reservó, y que fue presentada hace ya unos meses en Madrid. Llegó a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, que dirige Antonio Vercher.

Según fuentes conocedoras de la investigación, fotos, vídeos y análisis químicos de los vertidos a la rambla del Albujón desde la EDAR, realizados entre los años 2018 y 2021 (incluida la DANA de septiembre de 2019), forman el grueso de la abundante documentación remitida a los agentes de Madrid por grupos vecinales y de agricultores hace al menos año y medio. Antes, la enviaron a la Fiscalía regional.

El material muestra descargas de agua desde el aliviadero de la potabilizadora al cauce que desemboca en el Mar Menor; y otros vertidos a la rambla, sin identificar su origen. La mayoría de pruebas fueron obtenidas tras lluvias torrenciales, que desbordaron la capacidad de la depuradora.

El fiscal fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, explicó este jueves que la denuncia presentada meses atrás por una asociación ante el área de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, que dirige Antonio Vercher, fue asumida por la Fiscalía de la Región Murcia. El fiscal delegado de Medio Ambiente, Miguel de Mata, ordenó una serie de actuaciones a los agentes de la Ucoma de la Guardia Civil. Y dichas averiguaciones culminaron, según remarcó Díaz Manzanera, en un «atestado bastante voluminoso» remitido a la Fiscalía murciana. Con el objetivo de aclarar algunos de los aspectos contenidos en ese informe, la Fiscalía ordenó la toma de declaraciones, en calidad de testigos y de investigados, a diversos representantes políticos de Cartagena y Torre Pacheco y a miembros de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Durante su participación en un acto oficial, y a preguntas de los informadores Díaz Manzanera aclaró que esta nueva denuncia incluye una información que no se había aportado en las denuncias que ya se realizaron ante la Fiscalía regional con anterioridad. La Ucoma, precisó, «ha recabado muchísima documentación», que junto con la resultante de la toma de declaraciones de esta semana será analizada con detalle. El Ministerio Público podrá solicitar pruebas complementarias y tendrá que decidir si hay indicios suficientes para presentar una denuncia penal por los vertidos de aguas residuales a la rambla del Albujón y la gestión de la depuradora de Torre Pacheco o si archiva las diligencias. En ese escrito concretaría hechos, personas investigadas y posibles delitos.