Una de cada tres solicitudes de eutanasia es desestimada

Esta asociación ha denunciado algunas denegaciones en la Región de Murcia. El caso más conocido es el de Ada, una mujer cartagenera con alzhéimer que falleció a principios de 2024, a los 71 años, sin poder acogerse a la ley porque la comisión regional de garantías (el órgano encargado de la valoración final de las solicitudes de eutanasia) denegó la prestación pese al informe favorable de los médicos que la habían atendido.

Los responsables de DMD calculan que desde el 25 de junio de 2021 unos 3.000 enfermos graves e incurables o que tienen un padecimiento crónico grave e imposibilitante han solicitado en España que se les aplique la eutanasia, derecho que han logrado ejercer aproximadamente 1.300 de ellos, lo que ronda el 40% pese a que se autorizan dos de cada tres peticiones. Una vez excluido el aproximadamente 6% que se echa atrás o aplaza la prestación una vez la tiene autorizada, el desfase entre autorizaciones y prestaciones ejercidas se debe a lo que es una de las principales quejas de DMD: el 25% de peticionarios fallece antes de que los médicos y la administración sanitaria sean capaces de terminar la tramitación de su solicitud.

En la Región de Murcia, sin embargo, los datos oficiales indican que esta situación prácticamente no se produce. 19 personas habían solicitado la eutanasia a finales de 2024 (últimos datos disponibles). De ellas, 12 se acogieron a la prestación, una desistió y en otros seis casos el informe fue desfavorable.

La ley indica que entre la petición de eutanasia y la respuesta final no pueden transcurrir más de 30 días. Es el tiempo máximo que la norma estima necesario para que tomen las decisiones el médico al que se le pide de inicio, un segundo médico que revisa la adecuación o no del caso a la ley y para que llegue el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, el órgano colegiado autonómico decisorio. Sin embargo, el actual tiempo medio entre petición y respuesta en España es de 49 días, que en algunas autonomías es aún mucho mayor. Los portavoces de DMD señalan que se trata de tiempos de tramitación «excesivos e inasumibles para personas en situación termina» y que para agilizarlos haría falta que se garantizase que los solicitantes puedan hablar con el médico que iniciará el proceso en un máximo de dos o tres días y que se mejore la formación de los profesionales.

El vicepresidente de DMD, Fernando Marín, resumió la situación con la idea de que «la eutanasia se abre camino en España, pero muy lentamente y con muchas desigualdades entre territorios». Comentó que es innegable que la ley se asienta, como demuestra que en 2024 se presentasen 960 solicitudes, un 25% más que un año antes, y se practicasen 427 eutanasias, un 28% más en 2023. Este avance continúa el registrado hace dos años, cuando se produjeron un 33% más de solicitudes y un 16% más de eutanasias que en 2022. Los portavoces de DMD pidieron cambios legislativos que impidan la paralización en los tribunales de eutanasias aprobadas conforme a la ley, como ha sucedido en los casos de Noelia y Francesc, dos vecinos de Barcelona que no han podido ejercer su deseo pese a tener luz verde para ello de los médicos desde hace diez meses.

En ambos casos fueron los padres, representados por organizaciones ultracatólicas, quienes han logrado por el momento paralizar la muerte asistida en contra de la voluntad de sus hijos, pese a que son los únicos titulares del derecho y no están incapacitados para ejercerlo. El Tribunal Supremo tendrá ahora que fijar jurisprudencia sobre este particular, pues la Generalitat de Cataluña ha recurrido en casación una de las resoluciones judiciales.