El talón de Aquiles del reino de la desalación

Para aplacar la indignación del sector agro del Levante, el Ministerio pretende construir dos nuevas desaladoras para añadir 150 hm3 al sistema, con lo cual se duplicará la aportación de recursos desalados para la agricultura respecto de la situación actual. Esto plantea numerosos interrogantes: quién paga las obras, cuánto tardarán en ser una realidad, y el precio que tendrán que asumir las comunidades de regantes, aquellas que puedan hacerlo.

La incertidumbre no se cierne solo sobre la agricultura, ya que el recorte del Trasvase y las nuevas reglas que quiere imponer el Ministerio también repercutirán en el abastecimiento a la población: habrá que desalar más agua, y el precio se tendrá que incrementar al final para los hogares y la actividad no agrícola, mientras que la probabilidad de trasvases cero se duplicará, según el Cedex.

La cuenca del Segura se consolidará como un reino de las desaladoras. La parte positiva es que concentrará una gran producción de agua para uso agrícola y urbano, pero en el otro platillo de la balanza están los elevados costes, el consumo energético, un precio caro para la mayoría de comunidades de regantes, así como los retrasos y la descoordinación. No existe plan B, a menos que el Gobierno de Sánchez reconsidere su estrategia y coordine de una forma realista los planes del Segura y del Tajo, a lo cual no parece dispuesto. La planificación del Ministerio como alternativa al Trasvase y al cierre de pozos no se sostiene. Aparte de los costes están los plazos, ya que se tardará más de cinco años en acometer las nuevas infraestructuras de desalación. Mientras tanto, se puede producir un colapso del regadío del Levante. Las actuaciones no están acompasadas.

Un examen al estado actual de la desalación y su evolución muestra luces y sombras. El marco general lo aporta la propia Confederación Hidrográfica del Segura en el plan de cuenca vigente, un aviso a navegantes que no tuvo en cuenta el Ministerio. La CHS indica que «la demanda no atendida en regadío al final de este ciclo de planificación ascenderá a 288 hm3/año, en el supuesto de que se elimine en su totalidad la sobreexplotación existente y se produzca una aportación del Tajo- Segura equivalente a la media histórica y una aplicación de recursos de 261hm3 de aguas de mar desalinizadas, para regadío». Añade que «resultan precisas medidas adicionales (...), al no existir en la demarcación, ni tan siquiera agotando la capacidad de desalinización actual y la de sus ampliaciones programadas, recursos suficientes para posibilitar la explotación sostenible a largo plazo de sus zonas regables y el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas en el horizonte 2027». El corolario lo marca el próximo ciclo de planificación 2028-2033, que tiene como punto de partida un déficit anual de 310 hm3 sin resolver, y una producción de agua desalada que no podrá compensar el recorte del Trasvase y de los acuíferos.

Si se corta o se reduce a la mínima expresión el cordón umbilical del Tajo para el regadío (amén de los pozos), los efectos serán muy relevantes, ya que la cuenca se mantiene con un mix de recursos de distinta procedencia, con un aporte destacado del Trasvase que se destina a los cultivos más productivos y tecnificados. De ahí el creciente temor del Sindicato de Regantes, que denuncia la descoordinación y retrasos del Ministerio y la CHS, empezando por la conexión de las desaladoras, que debe estar operativa en 2027 pero que está completamente bloqueada, debido en gran parte al rechazo y a los reparos medioambientales de los gobiernos de Murcia y Valencia a la red de canalizaciones de 140 kilómetros para conectar la desaladora de Torrevieja con el Azud de Ojós y el embalse de Algeciras (Librilla).

Se trata de un sistema de impulsión a cotas de casi 300 metros de altitud con un coste que ronda los 300 millones de euros. La CHS ha sido incapaz hasta ahora de sacar adelante este proyecto para transportar 60 hm3anuales, que al final será muchos más una vez que entre en juego la segunda desaladora de 100 hm3.

También serán necesarias otras infraestructuras de almacenamiento y regulación para movilizar 400 hectómetros anuales para el regadío, que es lo que se pretende con las dos desaladoras adicionales. La producción real de agua desalada está por debajo de la capacidad nominal. El año pasado rondó los 250 hectómetros, según datos oficiales, incluyendo la planta de Escombreras, de los que 140 fueron para los regadíos. Aún se está lejos de las previsiones para 2027, con las que espera alcanzar los 400 para todos los usos con las ampliaciones que hay en marcha.

Las plantas de Torrevieja y Águilas funcionan como un cañón, con caudales que alcanzan los 84,3 y 56,6 hectómetros, según Acuamed. En Torrevieja ya se trabaja por encima de su capacidad nominal y tiene muy adelantada la ampliación hasta los 120 hm3. Águilas también está en fase de ampliación hasta los 70, mientras que la planta de Valdelentisco es la oveja negra. El año pasado solo produjo 28,3 hm3 debido a las incidencias derivadas de la antigüedad de los equipos. Además, su ampliación a 70 hm3 aún no ha salido a licitación, aunque no faltarán empresas.

Está prevista una inversión global prevista de 275 millones en Valdelentisco, donde hay que realizar una importante renovación de los equipos ( bastidores, membranas y generadores y recuperadores de energía), así como del circuito de captación y vertido, que habrá que redimensionar. Resultará complicado porque se encuentra en una zona afectada por la termohalina, una corriente de aguas frías y cálidas.

Más retrasadas van las tres plantas fotovoltaicas proyectadas en cada desaladora para abaratar el coste energético y reducir la huella de carbono. Suman una inversión de 350 millones de euros, pero es posible que haya problemas de financiación. Según el Scrats, Patrimonio del Estado ha dicho que no hay dinero en estos momentos.

Las incidencias en Valdelentisco, los sustos que se han producido en la planta de Águilas, así como el apagón general del pasado 28 de abril que paró las desaladoras durante más de 24 horas, invitan a la precaución y a medir el grado de la dependencia de este recurso, máxime en una cuenca tan deficitaria como la del Segura que necesita aportes externos para garantizar el suministro. Los recursos propios disminuyen, habrá menos agua de pozos y la reutilización ya está al máximo.

¿Cuánto se tardará en poner en marcha las dos nuevas desaladoras de Águilas y Torrevieja? En condiciones normales, una planta de 20 hectómetros necesita cinco años para estar en servicio (la mitad de trámites y la mitad para la construcción y puesta en marcha). Es un cálculo optimista, ya que lo habitual es que surjan obstáculos y retrasos.

Construir una desaladora de 60 y otra de 100 llevará su tiempo, aunque se puedan compartir algunas sinergias con las plantas actuales. En Torrevieja hay terreno para construir otra planta junto a la actual, y probablemente potencia eléctrica suficiente. Hay que redimensionar la red de captación y vertido y sortear la tramitación ambiental. Ya han surgido los primeros obstáculos con el rechazo del alcalde de Torrevieja a esta segunda desaladora.

La CHS se hará cargo de ambos proyectos, y prevé sacar en julio el pliego de condiciones técnicas para redactar los anteproyectos, con un plazo de un año, por 1,7 millones de euros. Por ahora no se conocen los plazos, el presupuesto y ni la financiación. Y tampoco el precio final que tendrá ese agua para los regantes.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, teme que los regantes paguen ambas desoladoras, sobre las cuales ya fueron advertidos con cierta urgencia antes de Semana Santa por parte de la CHS: en parte por lo que se avecinaba para el trasvase con las nuevas reglas y en parte para tratar de corregir lo que no se hizo en la planificación vigente. «Estas obras irán a pulmón. ¿Quién las va a pagar? ¿Con quién ha hablado sobre esto? La mayoría de comunidades de regantes no podrá pagar ese agua; esta política de precios acabará con gran parte del regadío», dice Jiménez. Recuerda que el agua del Tajo cuesta 21 céntimos el metro cúbico, mientras que la desalada puede llegar a 95 si no se subvenciona. Actualmente abonan unos 54 céntimos, contando con la subvención del Gobierno de la nación, a través de convenios con Acuamed que tendrán una duración máxima de diez años. ¿Pero qué pasará cuando finalice esta ayuda, y sobre todo con la producción de las nuevas desaladoras?

La factura energética es vital. Los costes han bajado merced a una energía más barata en comparación con las fluctuaciones que dispararon hasta los 1,20 euros el coste del metro cúbico. Asimismo, las empresas distribuidoras tienen que garantizar que el origen de la energía para desalar debe ser renovable, si bien en realidad opera el mix energético.

La desalación también va ganado terreno en los abastecimiento. De hecho, las nuevas demandas tendrán que cubrirse con agua desalada. La CHS prevé un aumento «significativo» de la población permanente a partir del año 2033, que cifra en unos 400.000 nuevos habitantes, que necesitará casi 50 hm3 de recursos adicionales. La Mancomunidad de Canales del Taibilla prevé suministrar 226,8 hectómetros en este año hidrológico, de los que 77,7 proceden de sus cuatro desaladoras, a la vez que comprará otros 35 a Acuamed. La desalación ya representa casi la mitad del consumo total, mientras que el agua del Trasvase se va recortando. El resto se completa con el Trasvase (77,7 hm3) y las aportaciones del río Taibilla. El informe del Cedex ha puesto sobre aviso a este organismo, ya que la probabilidad de 'trasvases cero' se duplicará con las nuevas reglas que pretende aplicar el Miteco. ¿Cuánto podrá aguantar la Mancomunidad la tarifa actual, sin subir el recibo del agua?

Además de las desaladoras estatales, hay otros dos proyectos privados liderados por Hidrogea y un grupo de empresarios murcianos para atender la demanda industrial del Valle de Escombreras. Existe asimismo otro proyecto promovido por un empresario cartagenero para 600 hm3.

La planta de Escombreras, cuyo arrendamiento paga la Comunidad Autónoma, tiene la producción supeditada a las autorizaciones de la CHS. Por este motivo, el año pasado solo generó 5,8 hm3, y en este ejercicio espera llegar a los 11, la mitad de su capacidad. Los precios del agua alcanzan los 89 céntimos el m3 para riego, y 1,3 euros para uso industrial.