El Supremo cita a Celdrán para ver si confirma la coartada de Barreiro

Durante su declaración como imputada ante la magistrada Ferrer, Barreiro negó haber cometido irregularidad alguna en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro -considerado uno de los presuntos cerebros de la 'trama Púnica'- y con los que supuestamente se pretendía malversar fondos públicos del Ayuntamiento de Cartagena y de la Consejería de Educación.

Sobre el contrato reputacional, la defensa de Barreiro en el Supremo, ejercida por los letrados José y Raúl Pardo Geijo, señaló que «no llegó a terminarse y la iba a pagar el partido, por lo que no hay ningún delito en nada». Insistió en que «no hubo pago con dinero público».

A Barreiro se le imputan presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de esa trama de corrupción.

La coartada de Barreiro podría tener alguna posibilidad de éxito si se ve confirmada por Celdrán, mediante la confirmación de que el PP cartagenero había aceptado correr con los gastos del labores de imagen concertados por la entonces alcaldesa. El problema es que, ya anteriormente, el magistrado de la Audiencia Nacional que investigaba esta supuesta trama corrupta, Eloy Velasco, le preguntó si su partido había llegado a algún acuerdo con Madiva Eico On Line o alguna otra firma investigada en esas diligencias y respondió por escrito que nunca había tenido conocimiento de las mismas.

La Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Barreiro en el Supremo después de que el ya exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Pilar Barreiro. En su auto de apertura de la investigación, el Supremo ya consideró que los hechos atribuidos a Barreiro «son susceptibles de ser calificados como constitutivos» de cinco delitos. Precisaba que las cuestiones más relevantes investigadas en la trama corrupta relacionadas con la aforada son las que se derivan de la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro de Pedro para pagar con fondos públicos los servicios de reputación en internet para quien en 2014 era primera edil de Cartagena. Aunque entre junio y septiembre de dicho año esos supuestos trabajos se facturaron como «campaña de publicidad Turismo Cartagena» por 4.840 euros, Barreiro manifestó en su declaración como investigada que tales pagos en absoluto se correspondían con un lavado de imagen y que eran realmente anuncios sobre las fiestas del municipio.