La CHS solo dispone de 8 agentes para vigilar todo el Campo de Cartagena

Un agente medioambiental tiene que hacerse cargo de vigilar unas 6.000 hectáreas de regadíos del Campo de Cartagena. Esta es la proporción que existe entre los inspectores que tiene la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) dedicados al Mar Menor y la amplitud de la cuenca vertiente que deben vigilar. El organismo de cuenca carece del personal necesario para afrontar este reto, y de hecho cuenta con menos agentes que hace seis años. El Ministerio para la Transición Ecológica trata de paliar esta carencia enviando un refuerzo de veinte agentes que aportará la sociedad estatal Tragsa. Estos días han llegado nueve técnicos de Formación Profesional para potenciar las inspecciones de campo, además de un ingeniero técnico y un administrativo. En breve se completará el resto de personal.

La Confederación está desbordada para poder atender todos los frentes abiertos en el Mar Menor. Ha creado grupos de inspectores con ocho agentes medioambientales y un coordinador adicional, encargados de vigilar casi 50.000 hectáreas de cultivos del Campo de Cartagena y las zonas de dominio público hidráulico. Asimismo, ha dedicado en exclusiva a dos jefes de sección para la tramitación de los expedientes sancionadores que se han abierto hasta ahora: 62 parcelas denunciadas por riego ilegal que suman casi 1.000 hectáreas.

Este equipo también tiene a su cargo la comprobación de otras 8.500 hectáreas que no están inscritas en el Registro de Aguas, como denunció el Ministerio hace dos semanas. Solo en el campo de Cartagena, la CHS ha duplicado el número de expedientes sancionadores abiertos, pasando de 92 el año pasado, a 207 en el ejercicio actual. Se trata de denuncias por uso privativo de aguas sin autorización, modificación del perímetro de riego, construcción de pozos e incumplimiento de la orden de clausura de desalobradoras.

En concreto, los expedientes iniciados hace quince meses en el Campo de Cartagena por regar fuera de la superficie autorizada ascienden a 147, que se corresponden con unas 1.600 hectáreas. En cuanto a las desalobradoras sin autorización, se están realizando inspecciones dos días por semana con una patrulla del Seprona de la Guardia Civil. Los 93 expedientes abiertos a lo largo del año por este motivo casi duplican a los del ejercicio anterior.

Hasta la llegada de los refuerzos, el organismo de cuenca tenía los mimos agentes ambientales que en el año 2013, al tiempo que se han reducido los efectivos de la Guardería Fluvial, que sumaban 31 en aquella época, incluidos los coordinadores. Actualmente hay en servicio activo 23 guardas fluviales y 14 agentes medioambientales para vigilar los 19.000 kilómetros cuadrados de la totalidad de la cuenca. Estos recorren más de 630.000 kilómetros cada año a lo largo y ancho de la demarcación del Segura vigilando el dominio público hidráulico, los vertidos de diversa procedencia y el uso y destino de todas las aguas, incluidas las de la desalación.

Los agentes del Seprona y los técnicos de Tragsa y otras entidades colaboran en estas tareas, pero el peso descansa sobre la CHS. El Ministerio ha realizado un contrato de encomienda con la sociedad estatal para reforzar los efectivos e intensificar las inspecciones. Hasta ahora, Tragsa facilitaba asistencia a la Guardería Fluvial con tres técnicos, que aumentaban a seis en verano.

El organismo de cuenca, por otra parte, señaló que la incidencia de bajas laborales en la Comisaría de Aguas es similar a las de otras unidades de la CHS, y precisó que se trata de bajas por enfermedad común. Según fuentes externas, dos funcionarios habrían solicitado la baja debido a la presión que sufren por la elevada carga de trabajo, a la que se suma los continuos requerimientos de información por parte de la Fiscalía del TSJ.