Seis meses para poner en marcha el órgano de control de la cadena alimentaria
Agricultura llevará a cabo un análisis de los costes de producción de los principales cultivos que se realizan en la Región
La ley de la cadena alimentaria tiene un especial protagonismo en el protocolo de medidas acordado con las organizaciones agrarias. El presidente, Fernando López Miras, anunció ayer la puesta en marcha de «un órgano de control que establezca el cumplimiento» de esa normativa estatal, que ya hablaba de la creación de este tipo de observatorios por parte de las autonomías en su reforma de 2021. Al respecto, el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, remarcó que habrá más controles e inspecciones en los contratos entre los productores y distribuidores, algo por lo que las organizaciones estaban satisfechas. «Agricultores y ganaderos deben recibir un precio justo por sus productos y nunca vender a pérdidas», explicó el jefe del Ejecutivo regional.
La gestión de este órgano correrá a cargo de la Consejería de Agricultura, que prevé que en un periodo de seis meses «estén todos los recursos» en marcha para que funcione este organismo. Junto con esto, el departamento de la consejera Sara Rubira, en colaboración con el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) y otros organismos, llevará a cabo un estudio sobre los costes de producción de los principales cultivos que se llevan a cabo en la Región de Murcia.
La Agencia de Información y Control Alimentario (Aica), que depende del Ministerio de Agricultura, tiene las competencias para imponer sanciones a empresas si no se cumple la ley de la cadena alimentaria. Sin embargo, la Comunidad puede llevar a cabo inspecciones para controlar que los agricultores y ganaderos no venden a pérdidas. La Consejería de Agricultura ya anunció que ha reforzado el personal del equipo de inspectores con dedicación exclusiva. El compromiso pasa por mejorar la vigilancia en los diferentes eslabones de la comercialización de alimentos.
Comité de Regiones
El representante de UPA Murcia, Marcos Alarcón, dejó claro ayer que el protocolo rubricado por las organizaciones «no es la respuesta definitiva» a las reivindicaciones del sector y que habrá otros asuntos que tendrán que negociarse a lo largo de esta legislatura. «Esto no persigue desconvocar las movilizaciones», aclaró, pero el documento sí es «una hoja de ruta» cuyos avances «serán evaluados permanentemente».
Los representantes del sector inciden en que el acuerdo alcanzado «no es la respuesta definitiva» a sus reivindicaciones
El presidente regional también ofreció a las organizaciones agrarias el respaldo de su Ejecutivo ante otras reivindicaciones que son competencia de la Unión Europea y el Gobierno central, «y que hacemos nuestras». Entre esas reivindicaciones se encuentran, por ejemplo, la exigencia de «una política agraria europea que busque la sostenibilidad económica de las explotaciones, además de la ambiental», o la reclamación de que «las mismas condiciones de rigor y profesionalidad que se exigen a la agricultura europea se extiendan a los productos de terceros países».
«El sector primario cuenta también con nuestro total respaldo cuando solicita al Gobierno central la adecuada regulación de los seguros agrarios o cuando pide la garantía de que no se producirá a pérdidas», concluyó López Miras, quien afirmó que su Ejecutivo «llevará al Comité de las Regiones la voz de los agricultores de la Región de Murcia».
