Segundo intento para el plan regional contra el impacto de las inundaciones

Ahora, la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación el contrato para redactar el plan autonómico, que ya está en vigor en comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco. El departamento del consejero Jorge García Montoro ha presupuestado el proyecto en 200.000 euros (55.000 euros más que en 2020) y dejará de margen dos años y ocho meses para la redacción completa y la tramitación administrativa del documento. Es decir, el Potpri no estaría aprobado hasta 2028.

El plan deberá «establecer procedimientos» que ayuden incorporar «la variable inundabilidad» en los proyectos urbanísticos regionales o locales; identificar qué infraestructuras son necesarias para prevenir o mitigar los daños por la acumulación de agua tras fuertes precipitaciones y «orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables» o, en su caso, «hacia las de menor peligrosidad de inundación siempre que sea posible, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes».

Fomento también menciona en los pliegos del contrato la necesidad de regular los usos del suelo para su compatibilidad con los fenómenos de inundación de acuerdo con la legislación estatal vigente. Aunque, a diferencia de los requisitos establecidos hace cinco años, ya no se menciona la posibilidad de establecer una «restricción cautelar de usos en suelos que presenten riesgo de inundación».

La reactivación de estas medidas llegan justo cuando el Ministerio para la Transición Ecológica también ha comenzado la tramitación de un real decreto que pretende endurecer y restringir los permisos para construir en zonas inundables, reforzar medidas para proteger y dar seguridad a aquellas áreas donde ya existen edificaciones, y medidas para alertar a la población de las inundaciones.

Además, la Confederación Hidrográfica del Segura inició hace pocos meses la tramitación para definir el tercer ciclo de planificación contra el riesgo de inundaciones en la cuenca, que abarcará el periodo 2028-2033. Junto con este proyecto, se revisará también la cartografía de zonas inundables en la Región y se sumarán otras diez nuevas áreas de riesgo potencial significativo de inundación dentro de la demarcación del Segura. Toda esta documentación deberá ser tenida en cuenta por la adjudicataria del contrato licitado por Fomento, que reclama para el nuevo plan un «diagnóstico territorial» sobre «los problemas de vulnerabilidad frente avenidas en relación con la ocupación del suelo».

Como ya justificó en el primer intento de redactar el plan, Fomento señala al efecto devastador que han tenido las danas sobre la Región de Murcia, por lo que cree necesario «complementar las medidas que desde las administraciones públicas se están llevando a cabo para mitigar los efectos de las inundaciones, con una adecuada ordenación de usos en aquellos territorios que estén afectados por riesgos de inundación». Añade que «no debe olvidarse que una adecuada ordenación del territorio es una medida preventiva y de control de los riesgos que minimizan, con una gran eficacia, los daños producidos por las inundaciones».

La CHS, a finales de marzo, volvió a reclamar la elaboración de este plan a la Comunidad. Aunque no es obligatorio, las autonomías pueden establecer normas adicionales de protección y limitar los usos en las zonas inundables de acuerdo con sus competencias en ordenación del territorio. Sin embargo, Fomento, a consultas de este periódico, señaló entonces que las avenidas de aguas «se podrían controlar con actuaciones que contengan los caudales», pero «no se evitan con una herramienta para ordenar usos complementarios a los del Estado, ni ningún otro documento escrito». Es necesario, apuntaron fuentes de este departamento, la inversión en presas, encauzamientos, obras de retención y laminación de avenidas.

«Es importante destacar que la manera más eficaz de actuar en el territorio para disminuir el riesgo por inundaciones es mediante la construcción de infraestructuras hidráulicas de competencia estatal, de las que en cierta medida aún sigue careciendo la Región de Murcia», destacaron, en referencia a las presas aún por construir en las ramblas de Tabala, Béjar, Nogalte y Torrecilla.